Busca generar un debate amplio con diversos sectores de la administración pública, así como el sector empresarial y la sociedad civil.
El congresista Jaime Delgado (NGP) instaló una mesa de trabajo denominada «Calidad en la Administración Pública y Defensa del Usuario», que tiene como propósito propiciar un espacio para la revisión, discusión e intercambio de opiniones, para la mejora de la atención de la administración pública, y la defensa de los usuarios, quienes muchas veces la padecen.
“Hemos considerado sumamente necesaria la conformación de una Mesa de Trabajo, que cuente con la participación de representantes de diversos sectores e instituciones cuyas actividades resulten relevantes para la toma de decisiones en el mercado, y que se ven afectadas por trámites verdaderamente absurdos”, señaló Delgado.
El parlamentario afirmó que no se puede permitir en la administración pública cobre tasas o derechos que no reflejen el costo real del trámite.
Esta mesa busca mejorar el sistema, alineando tanto al Estado y ciudadanos en general para trabajar en la creación de herramientas e instituciones que trasciendan los intereses particulares de la propia entidad, y que más bien busquen el beneficio de la ciudadanía en general
Dicha reunión contó con la participación de representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros, Sociedad Nacional de Industrias, Cámara de Comercio de Lima, Defensoría del Pueblo, Colegio de Abogados de Lima y especialistas en temas de gestión pública, quienes someterán a discusión la necesidad de contar con un marco jurídico que proteja al usuario de la administración pública, pero además fomente la calidad.
En ese sentido, el congresista presentó hace unos días el proyecto de ley (PL.1927) de defensa de los usuarios de la administración pública, cuyo objeto es “poner orden en las entidades del Estado, para proteger y defender los derechos de los ciudadanos, como usuarios de los servicios que brindan dichas dependencias”.
Establece además mecanismos para mejorar la calidad en la prestación de servicios de la administración estableciendo lineamientos y principios orientadores en la formulación de políticas, planes, modelos, procedimientos, trámites y mecanismos que le permitan la mejora continua de la calidad de la gestión pública.
Entre los puntos destacables precisa que los en esta propuesta es que las entidades de la administración pública están impedida de pedir a los ciudadanos, para algún trámite, documentos o informes que ella misma tiene o debe tener a su disposición. Por ejemplo, universidades nacionales que cobran a los estudiantes constancias de no adeudo a la misma universidad, como requisito para trámites de titulación.
Asimismo cobrar por los trámites que se realizan ante ella montos superiores a los estrictamente necesarios para cubrir los costos del servicio, o también incluir en la estructura de costos de las tasas, conceptos o rubros que no estén directamente aplicados al servicio de que se trate.
También se crea el Observatorio de Trámites Administrativos a fin de hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones de esta ley y poner al alcance de los ciudadanos una “Lista negra” con todos aquellos trámites que hayan sido calificados como absurdos o irracionales por parte de la autoridad competente.
