La ganadora del Premio Goldman 2016, la campesina Máxima Acuña de Chaupe, que puso en jaque a la tercera compañía de oro del mundo, Yanacocha, se ha convertido en un símbolo de la lucha por el medioambiente y el agua en un país donde la mitad de los conflictos mineros durante el periodo 2005-2013 fueron por este recurso hídrico. La escasez y mala calidad del agua por la minería son los principales reclamos que subyacen en conflictos como Conga, Espinar o Tía María que sacuden el país dejando centenares de heridos y decenas de muertos. Perú encabeza los ranking mundiales de exportación minera, a pesar de la caída del sector por el descenso del precio de los minerales en el mercado internacional. Se prevé que para los próximos 20 años, la demanda de agua por la minería se incrementaría en un 132%.
¿Cuál es el futuro del agua en Perú? Un nuevo estudio dirigido por las investigadoras Ruth Preciado y Carmen Álvarez demuestra que tras la contaminación y la elevada conflictividad se esconde una deficiente gestión del agua marcada por la falta de información y fiscalización.
Preocupante falta de información
En un país que está posicionado entre los veinte del mundo con más agua dulce pareciera difícil que enfrente problemas por este recurso. Sin embargo, este dato oculta una compleja realidad donde la geografía, el cambio climático y la minería consumen este recurso. Tan solo el 2,3% del agua disponible se encuentra en la costa y en la sierra. 14 millones de hectáreas están concesionadas a la minería en las zonas alto andinas, donde se ubican glaciares que alimentan a los ríos en temporada seca. Pero, estas enormes masas de hielo se están calentando por el cambio climático que ya ha logrado derretir, en los últimos 30 años, 7 mil millones de metros cúbicos, equivalente al consumo de agua en la ciudad de Lima durante 10 años. Los efectos se esperan que sean muchos mayores en los próximos años, pues Perú es el tercer país más vulnerable del mundo al calentamiento global.
El informe de las investigadoras Ruth Preciado y Carmen Álvarez, “Gobernanza del agua en zonas mineras de Perú: Abriendo el diálogo», analiza, en particular, dos zonas emblemáticas en Perú: la Cuenca del Río Grande (Cajamarca) y Espinar (Cusco), donde opera desde el 2006 la minera Glencore Xtrata -que controla el 50% del mercado mundial de cobre-. Los impactos y problemas descritos por los pobladores son compartidos: escasez y reducción de la calidad del agua por la minería. Especialmente alarmante es la situación de pobladores de Espinar, porque están sometidos a la minera, pues en época seca dependen del agua que bombea la empresa, ya que ésta al realizar un tajo en la tierra, no permite que infiltre agua al subsuelo.
Medir los impactos de la minería sobre la cantidad y calidad de los recursos hídricos en Perú es difícil, debido a la falta de estudios estatales sobre éstos. Todavía no se conoce el total de agua que discurre por las 159 cuencas que existen. Ni siquiera es posible en muchos casos determinar si las mineras han secado lagunas o manantiales, como pobladores de las zonas mineras denuncian, pues la Autoridad Nacional del Agua (ANA) no cuenta con registros previos de determinadas zonas, en algunos casos, solo cuenta con los estudios de impacto ambiental que presentan las mineras- que en más de una ocasión han sido cuestionados por investigadores al considerar que responden a los intereses de la empresa. Hasta el 2014, las instituciones manejaban información sobre caudales de ríos de más de 20 años de antigüedad. “Uno de los problemas que adolece el país es la carencia de estructuras de control. No tenemos control total de la captación de los recursos hídricos de distintas fuentes, eso es algo sobre lo que se quiere ir trabajando a efectos de tener un control propio sobre la distribución de los recursos hídricos. Estamos llevando a cabo una evaluación de los recursos hídricos en cada cuenca «, precisa Wilfredo Chávez Echevarría, director de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos de la ANA.
Opacidad
Tampoco hay transparencia sobre los expedientes de uso de agua de mineras como Yanacocha y Xtrata-Tintaya que, hasta el momento, se desconocen. El informe también cuestiona el procedimiento para entregar los derechos de uso de agua a grandes mineras, pues las autoridades nacionales no evalúan el impacto que tiene la entrega de estas licencias sobre otros pequeños campesinos que habitan en la misma cuenca. “Hay que abrir el debate a otros temas y ver otros ángulos que está siendo invisibilizados, por ejemplo, el agua pasa a ser controlado por grandes corporaciones, generando relaciones de poder. Además, ¿Quién va a asumir los costos después de que la minera se vaya? ¿Cómo se asegura el derecho a la calidad del agua a las poblaciones? No existen estudios que describan con detalle el impacto de la minera en la hidrogeología. ¿Cómo se entregan los derechos de uso de agua a las mineras? No existe transparencia en las instituciones del Estado», comenta Ruth Preciado.
El reciente informe publicado por Water International («Lessons from Yanacocha») arroja datos reveladores y contradice a la minería. «En la práctica, el agua es priorizado para los intereses económicos de Yanacocha”. Diana Vela-Alameida, coordinadora del documento, califica como «dramática» la reducción del agua subterránea y sostiene que estos impactos, que «constituyen una seria barrera a la sostenibilidad del agua en la región», son «resultado de regulaciones permisivas, la inexistencia de información pública y a permisivas autoridades del agua que no han sido capaces de que Yanacocha rinda cuentas».
Fiscalización débil
Aunque no se cuente con cifras oficiales, existen estudios que han tratado de medir el impacto económico y ambiental sobre los recursos hídricos de la minería. Según una investigación realizada por la Pontificia Universidad Católica (PUCP) el costo de la contaminación minera durante el periodo 2008-2009 ascendió a un total de 1.263,5 millones de dólares. Además, CooperAcción maneja un registro de más de 6.800 zonas contaminadas (pasivos) por esta actividad extractiva.
El ejemplo de Espinar, en Cusco pone entredicho el papel fiscalizador del Estado sobre los recursos hídricos. “El monitoreo de las aguas es parte de la gobernanza caótica y desordenada de gestión de las aguas en Perú. Hay muchas instituciones que tienen competencia en este tema pero que no coordinan entre sí a pesar de tener por objetivo cuidar la calidad del agua”, explica Schaeffer. Respecto al agua para el consumo humano se encarga la Dirección Regional de Salud (DIRESA); en el caso de calidad es la Autoridad Nacional del Agua (ANA); para el caso de vertidos y límites máximos permisibles, es el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). El músculo sancionador de este último organismo también fue debilitado con la aprobación de la Ley 30230. Una investigación del medio Convoca reveló que el Estado dejó de cobrar hasta 30 millones de soles en multas mineras.
Las mineras deben presentar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) al MINEM, el cual solicita opinión técnica a la ANA. Este es uno de los principales nudos que señala el informe «Gobernanza del Agua», pues detecta falta de capacidades para analizarlos. ¿Cómo contrastan las instituciones del Estado los EIA si no cuentan con suficientes estudios? “Al momento que hemos revisado los estudios de impacto ambiental en cuanto al tratamiento del agua siempre hay informaciones acerca de que se va a afectar los cuerpos de agua pero de manera moderada. Lamentablemente, no hay capacidad desde la Autoridad Nacional del Agua para contrastar esta información”, apunta Vanessa Schaeffer, sub directora de CooperAcción. Los tiempos para la revisión de los EIA son escasos, sobre todo desde la promulgación durante el Ejecutivo de Humala de una serie de normativas, calificadas por la sociedad civil como “paquetazos ambientales”, que reducen la evaluación de 120 días a 83 días en el sector de energía y minas.
Estos estudios, llevado a cabo por grandes consultoras-cuyo precio para la gran minería supera el millón de dólares- no son ajenos a los intereses de las empresas. La periodista Milagros Salazar en un informe para IDL alertaba sobre los frecuentes conflictos de interés que existen, sobre todo, en el caso de funcionarios públicos captados por las empresas. Una vez aprobados los EIA, no es la Autoridad del Agua quien tiene competencias para informar, sino que, sorprendentemente, es la misma empresa la que en una audiencia pública ofrece explicaciones a la población.
El peligro del drenaje ácido de rocas
Preciado expresa además su preocupación sobre un tema del que nadie debate en Perú: el peligro del drenaje ácido de las rocas, que de suceder, podría contaminar una cuenca durante 400 años o incluso más. En Estados Unidos ya se han podido comprobar sus efectos: la contaminación perpetua por metales han contaminado acuíferos, ha creado riesgos para la salud a largo plazo, ha matado a peces y destruido la fauna silvestre. El drenaje ácido es la primera causa de contaminación del agua de 40 minas de rocas desde Alaska hasta el Sur de Carolina, de acuerdo a un informe del 2013 de la organización Earthworks.
Lo más peligroso y que debería encender la alerta roja es que, ni siquiera muchos EIA analizan esta posibilidad. El investigador estadounidense Jim Kuipers informó que de 25 EIA que analizaron un equipo de investigación estadounidense, el 52% de estos no predijeron el drenaje ácido de rocas que, algunos años después, se desencadenaron. Otra cuestión que supone un dolor de cabeza para muchos investigadores es qué sucede si este problema aparece después de cerrar el proyecto minero ¿Quién asumiría la responsabilidad de recuperar la zona y compensar por los daños sociales y económicos para la población?
