Ante los recientes acontecimientos relacionados con la empresa china Tengda Cerámica S.A.C., vinculados a la autorización e instalación de una planta industrial de gran escala en una zona de uso agrícola en la región Ica, diversas organizaciones y líderes locales expresaron su preocupación por el impacto que este caso viene generando, especialmente en el sector agroindustrial, donde un solo episodio de contaminación podría generar millonarias pérdidas económicas.
La controversia, originada por la posible operación de dicha fábrica de cerámicos ha encendido las alertas de diversos sectores ya que la presencia de una industria considerada de alto consumo hídrico y con potencial impacto ambiental podría comprometer la sostenibilidad de la actividad agrícola y la reputación sanitaria de las exportaciones peruanas, uno de los principales motores del crecimiento regional y nacional.
Frente a este escenario, la ONG Casas de la Salud, advirtió que el problema no es la inversión privada, sino la forma en que se pretende imponer un proyecto sin garantías mínimas para la población. A través de su representante, Lourdes Ninapayte, la entidad sostuvo que toda iniciativa productiva es positiva si respeta el derecho de las personas a una calidad de vida adecuada. Sin embargo, alertó que en este caso existe una seria preocupación por la ausencia de un estudio de impacto ambiental. “Una fábrica de cerámicos emite metales pesados y sílice, un polvillo altamente dañino para el sistema respiratorio, lo que representa un riesgo directo para la salud de la población”, acotó
Lourdes Ninapayte alertó además que Tengda está ubicada cerca de zonas pobladas, lo que incrementa el riesgo sanitario. “Estamos hablando de impactos directos en la salud y también en el agua, que es un determinante clave para enfermedades como la anemia o infecciones parasitarias. Forzar la aprobación de algo que no es legal ni legítimo es sumamente riesgoso”, sostuvo.
Por su parte, Orlando Janampa, presidente de la Asociación de Usuarios del Agua de Ica, fue enfático al señalar que el caso Tengda evidencia una grave falta de planificación territorial dado que la zona donde se ubica dicha planta, en el distrito de Salas – Guadalupe (Ica), no es compatible con una actividad industrial de ese tipo: “Solo por ese hecho, la fábrica no debería existir allí. Ica necesita un desarrollo ordenado, no decisiones improvisadas que comprometan el futuro”.
Orlando Janampa fue especialmente crítico con el accionar de las autoridades municipales, al recordar que la edificación avanzó sin contar previamente con una evaluación ambiental obligatoria por ley. “Aquí hay responsabilidades claras. No se puede construir primero y recién después ver si era legal. Eso está fuera de la norma y debe investigarse”, indicó.
En la misma línea, el coordinador de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza de Ica, Gerardo Salve, reconoció que toda inversión genera expectativas de empleo y dinamización económica, pero subrayó que nada justifica vulnerar los procedimientos establecidos. “Lo correcto hubiera sido no dar luz verde al cambio de zonificación sin evaluar todos los aspectos técnicos y legales. Aquí hubo marchas y contramarchas porque se intentó formalizar después de haber avanzado”, explicó.
Finalmente, los representantes exhortaron a las autoridades competentes a esclarecer de manera transparente las condiciones en las que se autorizó la operación del proyecto, garantizando el cumplimiento estricto de las normas ambientales, de zonificación y de uso de recursos hídricos, especialmente en regiones estratégicas para la seguridad alimentaria y la agroexportación.
Historial de irregularidades
Desde sus inicios, Tengda ha estado rodeada de cuestionamientos por haber avanzado en la construcción y presunta operación de su planta sin contar con todos los permisos exigidos por la normativa vigente. Entre las principales observaciones figura la ausencia de instrumentos ambientales aprobados, autorizaciones vinculadas al uso del recurso hídrico y permisos en materia laboral.
Estas presuntas irregularidades motivaron la intervención de diversas entidades del Estado, entre ellas la Autoridad Nacional del Agua (ANA), la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), que iniciaron procesos administrativos y acciones de fiscalización contra la empresa, abriendo la posibilidad de sanciones.
Con el paso de los meses, el conflicto dejó el ámbito técnico y administrativo para escalar al plano político y social. Recientemente, el congresista Carlos Zeballos, integrante de la Comisión de Fiscalización del Congreso, llegó hasta los exteriores de la planta de Tengda para anunciar que el caso será seguido desde el Parlamento, al encontrarse actualmente en instancias del Tribunal Constitucional. Sus declaraciones reforzaron la percepción de que el conflicto requiere una respuesta clara, articulada y oportuna por parte del Estado.
El escenario se tornó aún más complejo con la presentación del Proyecto de Ley N.° 12101/2025-CR, impulsado por la bancada de Somos Perú, que propone ampliar los plazos de adecuación ambiental para empresas del sector industrial y de comercio interno, bajo el argumento de facilitar su formalización. Sin embargo, diversos sectores advierten que, aunque la iniciativa estaría dirigida a pequeñas y medianas empresas, podría terminar beneficiando a grandes compañías como Tengda.
