Mientras, nueve iniciativas tendrían un impacto positivo y 21 requieren de mayor análisis.
El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), a través de su reporte periódico del Semáforo de la Competitividad, detectó en agosto del presente año cinco proyectos de ley en el Congreso que tienen efecto negativo en la competitividad, con el semáforo en rojo.
Dos de ellos afectan el entorno macroeconómico, tales como el PL 103 que plantea modificar la ley del impuesto a la renta incrementando las UIT deducibles de siete a 15 para los trabajadores dependientes de quinta categoría. «Esto afectaría la recaudación tributaria y el equilibrio presupuestal, más aún en una etapa de bajo crecimiento económico, caída de la recaudación y alto déficit fiscal», afirmó César Peñaranda, director ejecutivo del IEDEP-CCL.
Asimismo, el PL 055 propone modificar el artículo 28 de la Constitución. Plantea incorporar un párrafo que señale que es nula cualquier disposición contenida en una ley de presupuesto que impida a los trabajadores del sector público realizar negociaciones de mejoras salariales mediante convenio colectivo. «Dicha propuesta legislativa afectaría el equilibrio presupuestal y el funcionamiento eficiente de este mercado laboral en donde las remuneraciones deben reflejar la productividad y méritos de los trabajadores», refirió.
El PL 41 afecta al pilar de la eficiencia del mercado laboral al proponer modificar el ingreso de los trabajadores del sector agrario por ley sin tomar en cuenta la baja productividad y alta informalidad existente en dicho sector, sobre todo en las zonas rurales del país.
El PL 127 propone una reforma constitucional bajo el argumento de la lucha contra la corrupción. Sin embargo, se cometen excesos que afectan los derechos individuales de los funcionarios públicos al exigírseles que autoricen por escrito, previamente a la asunción de sus cargos, el levantamiento de su secreto bancario, tributario, bursátil y de telecomunicaciones a la Comisión de Fiscalización del Congreso y la Contraloría.
Asimismo el PL 001, llamado ley del acuerdo patriótico de soberanía sobre el gas, plantea la renegociación del contrato de exportación de gas con México. Pero, además, señala que el Estado tiene decisión soberana respecto al destino del gas que se exporta, con una clara intervención en mecanismos de mercado afectando la eficiencia del mercado de bienes y desincentivando la inversión extranjera directa.
PROYECTOS A FAVOR
Por otro lado, nueve proyectos tendrían impacto positivo en la competitividad, con el semáforo en verde. De este grupo, seis repercuten en el pilar de Instituciones, mientras los tres restantes se refieren a Eficiencia del Mercado de Bienes.
Respecto al pilar de Instituciones, los PL 31 y PL 120 están dirigidos a establecer controles, límites y procedimientos a la ejecución de obras públicas por administración directa a fin de evitar altos márgenes de discrecionalidad y eventual corrupción en su ejecución. En la misma dirección, los PL 83 y PL 117 plantean derogar el Decreto Legislativo 1167 que creó el Instituto de Gestión de Servicios de Salud en el 2013, entidad innecesaria. Dentro de sus funciones se señala conducir la planificación, gestión, operación y prestación de servicios de salud de los institutos especializados y hospitales nacionales, así como de las direcciones de redes de salud del Ministerio de Salud.
Por otro lado, un proyecto que destaca a favor de la eficiencia en el mercado de bienes es el PL 17 que prorroga el pago del IGV para la microempresa y pequeña empresa. Según la iniciativa, el cumplimiento en el pago del IGV genera problemas de liquidez al tener que pagar el impuesto correspondiente a una factura que aún no ha sido cancelada, estando obligada de financiar el impuesto con sus propios recursos, afectando el capital de trabajo o generando deuda. La propuesta legislativa considera que el monto que corresponda al IGV de facturas de ventas o prestación de servicios que aún no son canceladas quedaría en suspenso hasta que la empresa cobrase el monto total de las facturas emitidas o hasta el transcurso de tres meses, lo que suceda primero. «Esta saludable medida debería extenderse a todas las empresas», resaltó.
PROYECTOS CON IMPACTO AMBIGUO
Finalmente, se identificaron 21 proyectos calificados como ámbar por no tener un efecto claro sobre la competitividad del país y, por lo tanto, requieren de mayor análisis y debate respecto de algunos temas específicos. De este grupo, cinco proyectos fueron presentados por la Contraloría (PL 22, 24, 26, 27 y 32), los que están relacionados a fortalecer la lucha contra la corrupción, determinar la función de la Procuraduría Pública, control en la ejecución de obras públicas, control en los procesos de promoción de la inversión privada y de la sanción a funcionarios públicos corruptos. Además, se encuentran los proyectos congresales PL 70, 78, 90, 145 y 157.
Para el IEDEP, todas estas propuestas tienen como objetivo transparentar el desempeño y el manejo de los recursos públicos, pero asegura que es importante un mayor debate para que se determine cuál es la entidad idónea en cada una de las propuestas planteadas. «El riesgo es provocar un efecto no deseado de temor en los funcionarios del Estado para tomar decisiones. Asimismo, las medidas pueden constituir mayores trabas que resten dinamismo a la economía que hoy requiere de mayor inversión privada y pública para retomar el crecimiento económico y cerrar la brecha de infraestructura del país”, anotó Peñaranda.
