El Comercio, Montesinos y Fujimori

César Hildebrandt presenta un nuevo capítulo de la negra historia: los lazos con Montesinos.

Escribe César Hildebrandt este 6 de febrero de 2008 en La Primera:

El Comercio ante la fiscal

En esto que parece una novela policiaca pero que no es una novela policiaca sino pura realidad, en este drama de la vida real que es la biografía moral de El Comercio, no podía faltar el capítulo escrito por la Fiscal Superior Penal del fujimorismo doña Julia ­Eguía Dávalos, la que declaró prescritos los delitos cometidos por los máximos directivos de ese periódico.

Es que el escrito de dicha fiscal —luego acusada de recibir dineros mensuales de Vladimiro Montesinos y procesada por ­ello— es una obra maestra del sibilinismo judicial. Todo indica que Fujimori y Montesinos quisieron salvar a El Comercio de la vergüenza pública, pero, al mismo tiempo, decidieron que la fiscal a su servicio debía dejar constancia absoluta de que los delitos se habían cometido. Es decir, querían dejar evidencia plena del inmenso favor que les estaban haciendo a ciertos Miró Quesada implicados en la mar de felonías.

La prescripción se dio el 28 de junio del año 2000, tras el fraude de aquel Fujimori candidateando a solas y pudriendo luego la política con la compra de tránsfugas. Los señores Miró Quesada que dirigían (y dirigen) el periódico debieron celebrar con champán esa resolución venida, nada menos, de la Fiscalía Superior Penal. Dos ­años de guerra con don Luis García Miró terminaban en parte (hay todo un tramo de litigio que continúa) y los Miró Quesada salían formalmente “limpios” de una de las porquerizas empresariales más comentadas de todos los tiempos.

¿Limpios? Leamos parte de lo que escribió la fiscal superior Julia Eguía Dávalos:

“QUINTO: efectivamente se puede apreciar que los miembros del Comité Económico de la Empresa Editora El Comercio S.A, conformado por los señores Aurelio Miró Quesada Sosa, Alejandro Miró Quesada Garland, Luis Miró Quesada Valega y Luis García Miró Elguera, se ­apropiaron de dinero de propiedad de la Empresa Editora El Comercio S.A., depositándolo en cuentas bancarias en el exterior desde el año mil novecientos ochentidós al año de mil novecientos noventitrés, siendo el modus operandi del delito el recibir comisiones ilícitas que ­eran pagadas por diversos proveedores en el exterior, comisiones que en lugar de ser depositadas en las cuentas de Empresa Editora El Comercio S.A., ­eran ingresadas en cuentas especiales en el exterior, las que no eran de conocimiento del resto de accionistas ni del fisco peruano, para luego ser repartidas entre los diversos miembros del Comité Económico antes reseñado…”

¿Limpios?

Sigamos leyendo:

“SEXTO: Las cuentas a las que se hace alusión son las número 019-233434 del Chemical Bank, la número 4031498 del Royal Bank of Canada, la número 6382769081 del Barnett Bank y la cuenta número 4280653877, esta última denominada cuenta MARCO POLO del Barnett Bank, cuentas en que diversos proveedores como Industrias Forestales S.A., Abitibi Price Sales Corporation, Papelex Ltda., Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones S.A., depositaban las comisiones ilícitas producto de la compra de diversos bienes de materia prima por parte de la Empresa Editora El Comercio; comisiones cuyo monto se incrementó por efecto del uso ilegal de los dólares MUC; comisiones éstas que no fueron declaradas al fisco peruano, ni a la totalidad de accionistas de Empresa Editora El Comercio S.A., ni tampoco a los trabajadores de dicha empresa, quienes tenían una expectativa de ganancia por la incidencia de dichos ingresos no declarados en las utilidades de la empresa…”

¿Limpios?

Continúa el dictamen:

“DÉCIMO: se encuentran así evidenciados todos los elementos objetivos del delito de Apropiación Ilícita como la concurrencia de elementos subjetivos como es el dolo por parte de todas las personas antes reseñadas…”

“DUODÉCIMO: en cuanto al delito de ESTAFA, para que este ilícito pueda darse, es necesaria la existencia de una cadena lógica de antecedentes… compuesta por los elementos de engaño, disposición patrimonial y perjuicio, elementos que en el presente caso se dan…”

Y, sin embargo, a pesar de tanta culpabilidad y tanta cochinada, ninguno de los implicados fue sometido a juicio alguno. ¿Por qué? No sólo por la ley no escrita de que en el Perú ningún señor encopetado puede ser enviado a la cárcel sino porque, en este caso, la fiscal ­Eguía Dávalos, obedeciendo a un pacto entre el fujimorismo y El Comercio según lo dicho por Luis García Miró, sacó de la manga una prescripción que jamás debió darse porque fue concebida ¡a partir de fechas ­equivocadas!

En efecto, en la última página de su resolución, la fiscal señala:

“toda vez que señala que los hechos materia de investigación datan desde mediados del mes de julio de mil novecientos ochentinueve al año mil novecientos noventa…”

El error es flagrante. El último delito de estafa analizado en el dictamen se cometió en 1993, que es el año final de la vigencia de las cuentas secretas y el año en que ­ochocientos trece mil dólares de esas cuentas se repartieron ­ilícitamente entre sus accionistas. Por lo tanto, si el último delito de estafa –aparte de apropiación ilícita y evasión fiscal– databa de 1993, la prescripción no venía al caso. Porque la prescripción para un delito de estafa comienza a correr a partir de los nueve años de cometido. Por lo tanto, para el caso que nos atañe, la prescripción sólo podía correr a partir del año 2002. Por eso es que Eguía Dávalos distorsiona los hechos, se contradice patéticamente y deja una señal nítida de la enormidad del legicidio que estaba cometiendo a pedido específico de alguien. Por eso sitúa el ­año 1990 como el del último delito: para que su resolución del año 2000 tuviese un año ­adicional de margen y, por tanto, valor legal (aunque ninguno ético). A una inteligencia superior a la de Eguía Dávalos le interesaba dejar tamaño y sangrante muñón judicial. Esa inteligencia, según García Miró, fue la de Montesinos.

Hay más: la fiscal se permite una frase casi maliciosa a la hora de sustentar la prescripción. La frase es ésta:

“…además de precisar la prescripción extraordinaria en procesos en giro, en los que el Estado tiene una prerrogativa de protección…”

¿Estado? ¿Prerrogativas? ¿Protección? ¿Era otro mensaje cifrado para dejar constancia de la gracia concedida?

Como he dicho, la prescripción se produjo el 28 de junio del año 2000. Siete días más tarde, El Comercio titulaba así su primera página:

¿Primera señal democratizadora?

FUJIMORI DICE QUE MONTESINOS DESEMPEÑARÁ UN CARGO PÚBLICO

OEA garantizará diálogo entre Gobierno, oposición y sociedad civil

Los días anteriores se había ­ocupado en su primera de primera del Estadio Monumental de la U (4 de julio), del triunfo de Vicente Fox en México (3 de julio), de los precios del combustible (2 de julio) y del valor del PBI rectificado (el 1 de julio).

Hubo todo un editorial instando al Perú a confiar en el futuro y en los “propósitos democratizadores” del gobierno. De ese gobierno que todo lo compraba.

Todo eso pareció raro en un diario que antes se había quejado “de la espada de Damocles” que pendía sobre su cabeza y que había dado gran acogida a la denuncia de las firmas falsificadas por la cuadrilla de Absalón Vásquez.

Según García Miró Elguera, los Miró Quesada fingieron ser oposición dura durante unos meses para luego poder negociar con el gobierno y, además, para poder decir, como lo insinuaron, que las denuncias penales  contra él eran una represalia por su papel fiscalizador. García Miró Elguera lo dice con estas palabras en un escrito presentado al relator especial para la libertad de prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (octubre del 2001):

“Transcurrida la primera semana de julio del año 2000, y habiendo cumplido Vladimiro Montesinos la parte de su ­acuerdo (básicamente, la prescripción, nota del redactor), el diario El Comercio también cumplió su compromiso y no volvió a dar en su primera página noticia alguna sobre la corrupción del gobierno de Alberto Fujimori…”

Claro, hasta que llegó el video y mandó parar.

Así se “resolvió” también el lado más oscuro y penal de sucedido en El Comercio, el diario que hoy parece aspirar a que la Fiscal de la Nación se porte como doña Julia Eguía Dávalos. Y que hoy amenaza al Consejo Nacional de la Magistratura con su teatral “indignación moral”. Y que hoy sigue creyéndose la última palabra en todo lo opinable. Porque con su vasta y crecida servidumbre –servidumbre que en Canal 4 trabaja hasta altas horas de la noche– está convencido de que nadie se le enfrentará.

Es ridículo, fariseo, espectacular y surrealista sentirse un tirano de lo políticamente correcto cuando a uno le han prescrito, desde una fiscalía digitada por la mafia, delitos efectivamente cometidos. ¿No se dan cuenta estos soberbios de quiénes, en ­efecto, son?