La Plataforma en defensa de la libertad de información (PDLI) ha calificado de «gravísima» la proposición no de ley que ha presentado el Partido Popular (PP) del presidente Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados. La propuesta que los populares presentaron en diciembre pretende acabar con el anonimato en Internet a través de la identificación administrativa real de los usuarios antes de usar cualquier servicio.
Yolanda Quintana, Secretaria General de la PDLI, en conversación con RT, dice que se encuentran «muy preocupados», porque su experiencia en este tipo de «globos sonda y advertencias» les dice que finalmente se los encuentran plasmados en una ley, y consideran que lo que están intentando ahora es obligar a la oposición parlamentaria a posicionarse.
La propuesta: adiós al anonimato en Internet
Con esta iniciativa, el PP pretende entre otras medidas «acabar con la impunidad del anonimato en Internet» y «modificar las leyes para restringir y limitar el acceso a la red de todos aquellos que las incumplan».
La proposición no de ley fue presentada el pasado diciembre en el Congreso de los Diputados por el grupo parlamentario popular, que sostiene a Rajoy como presidente, aunque en minoría. Rafael Hernando, portavoz del citado medio, afirmó que el objetivo de esta iniciativa es que «detrás de esas cuentas y perfiles siempre haya una identidad y que el usuario de esta cuenta sepa que está identificado».
Además, aseguró que el anonimato en las redes sociales ha provocado «la utilización abusiva por parte de personas con el objetivo de enmascarar delitos», que no serían aceptados, en ningún caso, «si se produjera de forma no anónima por parte de nadie». «Estoy hablando de injurias, calumnias y acoso a mujeres», defendió, «personas que incluso han sido condenadas siguen insistiendo a través de las redes».
Para Yolanda Quintana se trata de algo «estrambótico» y «grotesco», ya que no tiene ningún sentido que desde el Gobierno de un país se intente limitar algo tan global como Internet. Además, apunta que si se llevara a cabo esta reforma «España se situaría fuera de los estándares internacionales de la UNESCO y la ONU», pues la institución internacional ha repetido que el derecho al anonimato en la red debe protegerse.
La proposición no de ley presentada el pasado 26 de diciembre insta al Gobierno a impulsar estas medidas:
- Determinar y potenciar mecanismos que permitan proteger la identidad digitaldel usuario contra el uso fraudulento de sus datos personales.
- Elaborar un plan integral de seguridad y buenas prácticas para evitar la suplantación de identidad, el acoso en la red y otras amenazas.
- Acabar definitivamente con laimpunidad del anonimato en Internet y modificar las leyes para limitar y restringir el acceso a la red a todos aquellos que las incumplan.
- Crear protocolos de colaboraciónentre empresas proveedoras de infraestructuras y servicios en Internet y la Administración de Justicia.
- Implementar medidas para que los proveedores de servicio en Internet requieran la identificación administrativa real previaa la utilización de los servicios.
El documento va precedido de una exposición de motivos donde justifican la necesidad de las nuevas medidas dado que los «cibercriminales» se han percatado del negocio que supone «suplantar la identidad digital de una persona u organización», así como crear «perfiles falsos en las redes sociales para cometer delitos».
Afirman que los «expertos dudan de la eficacia de las leyes» de la Unión Europea para proteger los datos privados en Internet porque «la tecnología se desarrolla a mayor velocidad que las normas». Y añaden que «todos hemos conocido casos en los que el anonimato ha servido de estímulo para cometer algunos delitos en las redes».
A juicio de Quintana, el derecho al anonimato sirve tanto a aquellas personas que legítimamente ocultan su identidad para no contaminar su trabajo diario o su vida personal, como aquellas que temen ser sancionadas o presas. Además, este tipo de medidas propuestas por el PP también pueden perjudicar la libertad de pensamiento, ya que cualquier persona tiene derecho a ejercer esa libertad de manera anónima.
El portavoz parlamentario del PP, sin embargo, opinó durante la presentación que tiene que haber un registro «que sirva para prevenir la comisión de estos delitos», aunque añadió que también hay que habilitar «mecanismos que sirvan para proteger la identidad digital del usuario».
Polémica: anonimato y libertad de expresión
Pero el debate sobre el anonimato plantea más problemas. Si bien puede servir para proteger a quienes insultan, también sirve para proteger a quien de otra manera no podría ejercer su libertad de expresión.
Para la PDLI esta proposición es un ataque muy grave a Derechos Fundamentales, en particular a la libertad de expresión y la libertad ideológica, que deben estar garantizados «independientemente del canal en el que se expresen» y avisan de que cualquier ley que plasme las propuestas de esta iniciativa sería «con toda probabilidad anticonstitucional».
Yolanda Quintana considera que es muy «tentador para los Gobiernos» la posibilidad de ejercer poder político en este marco. De hecho, ha citado el último informe de la Asociación de la Prensa de Madrid en el que la mayoría de los periodistas encuestados ha dicho que sufren presiones políticas al realizar su trabajo.
Además, dudan que exista ningún tipo de necesidad jurídica, puesto que los poderes públicos disponen de mecanismos suficientes para perseguir los delitos cometidos a través de Internet, «incluso de forma desproporcionada como sentencias recientes contra tuiteros han puesto en evidencia».
Noticias falsas
La portavoz de la PDLI relaciona esta última propuesta con lo que considera otra «falsa polémica», la idea de legislar sobre lo que desde el partido en el Gobierno han denominado el problema de las «noticias falsas», cuya idea parece haberse reforzado con la intervención del presidente francés, Emmanuel Macron, que también ha propuesto legislar en torno a su difusión en período electoral.
La Federación Europea de Periodistas también ha mostrado gran preocupación al advertir de que en Francia se pretende restringir la libertad de expresión en Internet.
En España, la Federación de Asociaciones de Periodistas ha rechazado la creación de una comisión contra las ‘fake news’ manifestando su «total desacuerdo y rechazo a cualquier intento de control informativo por parte de organismos públicos o futuras comisiones creadas bajo el pretexto de combatir ‘noticias falsas'». Lo consideran una forma de coartar y restringir la libertad de información.
Además, también en España se ha firmado el manifiesto ‘En defensa de la libertad de información’, suscrito por la PDLI, la Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas, la Federación de Sindicatos de Periodistas, Asociación de Periodistas de Investigación, Fíltrala/Associated Whistleblowing Press y medios como eldiario.es, Vozpópuli, Civio, Xataka y Maldito bulo/Maldita.es. En él declaran su rechazo expreso «a las iniciativas políticas o legislativas que busquen controlar a los medios o restringir en cualquier canal la libertad de información, de manera directa o indirecta».
Estas organizaciones rechazan rotundamente que este fenómeno «que no es ni nuevo ni atribuible en exclusiva al entorno digital, pueda servir de coartada para controlar el libre flujo informativo» tanto en los medios de comunicación como en la red.
No son propuestas aisladas
La PDLI denuncia que no se trata de propuestas aisladas, y que se enmarca en el «enésimo intento de recortar las libertades en Internet». Es en este marco donde encuadran las últimas reformas del Código Penal llevadas a cabo por el PP, la ley de propiedad intelectual, o las propuestas sobre reformar la ley de protección del derecho al honor y la idea de «controlar gubernamentalmente la información online con la excusa de las noticias falsas». Su secretaria general opina que en España no son necesarias ninguna de estas reformas, la «ley actualmente vigente sirve también en Internet», «no hacen falta leyes específicas».
Además, señala una característica del código penal español, el delito de enaltecimiento del terrorismo, que ha perseguido opiniones en redes sociales vertidas por tuiteros con pseudónimo y han sido detenidos y sometidos a juicio. A su parecer no hay ningún problema para perseguir lo que se considere como comportamiento delictivo a través de las redes sociales o Internet.
La reforma del Código Penal y el delito de enaltecimiento
El 31 de marzo de 2015 se publicó en el Boletín Oficial del Estado una reforma del Código Penal español aprobada por la mayoría absoluta que tenía entonces el Partido Popular en el Parlamento. La reforma contenía como novedad –entre otras, como la prisión permanente revisable– el agravante de las penas para los delitos de enaltecimiento o justificación de delitos de odio cuando se utilizara «un medio de comunicación social, por medio de Internet o mediante el uso de tecnología de la información», por hacerse accesible a un gran número de personas.
Esta reforma ha dado sus frutos en forma de causas penales contra diversos tuiteros y cantantes. Por escribir en Twitter chistes sobre el asesinato de Carrero Blanco –nombrado presidente del Gobierno por el dictador Franco en 1973– una joven tuitera de 21 años, Cassandra, fue condenada a un año de cárcel. El cantante Strawberry fue condenado también el año pasado a un año y seis meses de inhabilitación por escribir seis tuits en los que ironizaba sobre ETA o la muerte de Carrero Blanco. Estas dos son solo una muestra de las 28 personas que han sido condenadas en España en los últimos dos años por el delito de enaltecimiento. Foto: wikipedia.org / Carlos Delgado / CC BY-SA 4.0
Nuria López
Russia Today, 12.01.2018
