El presidente de Paraguay, Santiago Peña Palacios, presentó su renuncia hoy tras verse involucrado en el escándalo del cierre de Ueno Bank. Al mandatario lo esperaba un juicio político en el Congreso.
“He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República, lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas”, escribió Peña en sus redes sociales
El cierre de Ueno Bank se dio anoche debido a una crisis de solvencia, lo que dejó a los clientes sin posibilidad de acceder a su dinero y desató un gran escándalo.
El mandatario aseguró que su prioridad es garantizar “la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros” al sistema financiero, mientras aumenta la incertidumbre tras la quiebra de la entidad, que ha quedado bajo intervención del Banco Central de Paraguay (BCP).
También pidió disculpas a la ciudadanía por su gestión. “Quiero pedir disculpas al pueblo, si en algún momento he fallado, nunca fue mi intención defraudar la confianza que depositaron en mí”, indicó.
El cierre de Ueno Bank afecta a muchos trabajadores y al sistema de seguridad social. Durante el mandato de Peña, el banco captó miles de millones de dólares procedentes de los fondos del seguro social, tras una modificación de los criterios de inversión del Instituto de Previsión Social (IPS).
Sin embargo, la de quiebra Ueno Bank ha dejado a unos 2,94 millones de usuarios, cerca del 45 % de la población paraguaya, sin acceso a sus ahorros. Además ha causado incertidumbre entre otros sectores que dependen de esos recursos para financiar sus jubilaciones.
Poco antes de la renuncia, as abrió un debate en la Cámara de Diputados sobre la posibilidad de someter a Peña a un juicio político. Previamente, el Partido Colorado, al que pertenece Peña, le retiró su respaldo, lo que abrió la vía para que el Congreso iniciara el trámite de juicio político, cuya aprobación se daba prácticamente por segura.
El expresidente Horacio Cartes, líder del Partido Colorado, sostuvo una reunión con varias figuras del Gobierno de Peña, entre ellas el vicepresidente Pedro Alliana, quien también se enfrentaba a la posibilidad de ser sometido a un juicio político. En tanto, el presidente del Senado, Basilio Núñez, había reclamado la dimisión del mandatario.
En vista de la renuncia de Peña ya no es viable iniciarle el proceso de juicio político. Según la Constitución paraguaya, el vicepresidente Pedro Alliana deberá asumir la Presidencia de la República. La acusación invocó el artículo 225 de la Constitución contra Peña, al que señala de “un grave y sistemático mal desempeño de sus funciones”, por lo que se buscó destituirlo.
Conflicto de intereses
Se acusa a Peña de un supuesto conflicto de intereses, una presunta cooptación del Estado y el desmantelamiento del marco legal en un esquema de puertas giratorias. Se citan los vínculos de Peña con Ueno Holding, un conglomerado donde Ueno bank es una de las empresas. Peña vendió sus acciones en ese grupo en abril de 2025.
La acusación también menciona la designación en 2023 de Carlos Carvallo como titular del BCP, quien presidió la Financiera Ueno, de la que nació la entidad intervenida en una operación, según el texto, autorizada por el Directorio del emisor “83 días después de ese nombramiento”.
Otro argumento es una “injerencia presidencial indebida en el Instituto de Previsión Social (IPS) y el favorecimiento de Ueno”. El IPS, que maneja el sistema de pensiones de la mayoría de los trabajadores en el país, tiene unos 355 millones de dólares en la entidad hoy cerrada, según reconoció la gerente financiera de esa institución, Gladys Vera, e indicó que eso representa el 9 % de las inversiones de la estatal.
Otra acusación contra el ahora exmandatario es de “beneficio patrimonial indebido e indicios de enriquecimiento ilícito”, al relacionar, entre otros hechos, dos préstamos simultáneos que recibió de Ueno, y de “afectación de la confianza en el sistema financiero nacional y exposición a un riesgo sistémico”.
Una investigación periodística publicada el 17 de octubre, señala que Ueno Holding SAECA, habría pagado unos 30 000 millones de guaraníes (aproximadamente 5,026 millones de dólares) a una empresa en la que el mandatario figuraba como accionista.
