A través del Informe GL/081-2026/GL, elaborado por su Gerencia Legal en coordinación con el Sector de Servicios Artísticos, Culturales, de Entretenimiento y Afines (ARENA), la CCL advirtió que la propuesta interviene injustificadamente en la libertad de empresa, altera los modelos de negocio y podría comprometer la seguridad de miles de asistentes.
Bebidas alcohólicas sin control
La CCL alertó que esta situación podría complicar las labores de control y fiscalización, especialmente en eventos de gran concurrencia, donde la seguridad de los asistentes constituye una prioridad.
Asimismo, la revisión de botellas, envases y alimentos adquiridos externamente incrementaría los tiempos de ingreso, las aglomeraciones y la necesidad de reforzar los controles de seguridad y personal operativo.
El gremio recordó que, según estimaciones del sector ARENA, un espectáculo de gran magnitud puede requerir hasta 700 agentes de seguridad privada, por lo que imponer nuevas obligaciones sin una evaluación previa de sus impactos podría generar riesgos adicionales para la organización de estos eventos.
Eleva costos y afecta operación de espectáculos
Indicó además que los ingresos provenientes de la venta de alimentos y bebidas forman parte de la estructura económica de numerosos espectáculos y contribuyen a financiar servicios operativos, logísticos y de atención al público. “La protección del consumidor no puede convertirse en una justificación para que el Estado intervenga arbitrariamente en las decisiones empresariales ni en las condiciones de competencia del mercado”, señaló la institución.
Más burocracia
A juicio de la CCL, esta falta de precisión podría exponer a las empresas a sanciones, generar inseguridad jurídica e incrementar los costos de operación. Asimismo, advirtió que la propuesta traslada a los organizadores responsabilidades vinculadas a infraestructura que corresponden a los propietarios o administradores de los recintos.
La institución también remarcó que no resulta adecuado extender automáticamente a conciertos y espectáculos masivos los criterios aplicados por el Indecopi a las salas de cine, dado que se trata de actividades con características operativas, de seguridad y financiamiento completamente distintas.
Regulación ya protege a los consumidores
Asimismo, señaló que la exposición de motivos del proyecto no acredita, con información nacional suficiente, que las normas actuales resulten insuficientes ni demuestra la necesidad de imponer nuevas obligaciones al sector.
Por estas razones, la Cámara de Comercio de Lima solicita al Congreso archivar la iniciativa y evitar regulaciones que, bajo el argumento de proteger al consumidor, terminen afectando la seguridad, la inversión privada, la libertad de empresa y el desarrollo de la industria del entretenimiento.
La CCL reafirma su compromiso de defender un marco normativo equilibrado, que proteja efectivamente a los ciudadanos sin imponer barreras innecesarias a las empresas que invierten, generan empleo y contribuyen al crecimiento económico del Perú.
