Ricardo Soberón:“Hay varios patrones que pueden derivar en un narcoestado bajo la administración de Keiko Fujimori”

Ricardo Soberon

«Hay varios patrones que pueden derivar en un narcoestado bajo la administración de Keiko Fujimori»

Ricardo Soberón, ex director  de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) realiza un contundente análisis sobre los vínculos entre el fujimorismo y el narcotráfico. Afirma que nuestro país corre el riesgo de convertirse en un narcoestado si Keiko Fujimori llegara al poder. Resalta las investigaciones de la congresista Rosa Mavila y Jaime Antezana que vinculan a congresistas y aportantes del partido Fuerza Popular con el narcotráfico. Con una política regional y local permeada por esta actividad delictiva y una mayoría en el congreso fujimorista, Soberón afirma que no habrá posibilidad de fiscalización ni investigación respecto a los vínculos narcopolíticos.

Por Marilyn Céspedes/Gran Angular

P.- Se habla mucho de los vínculos del fujimorismo con el narcotráfico. Desde el gobierno del padre que encontraron un avión con droga y luego con Kenji Fujimori, en un local de su propiedad; actualmente los aportantes a la campaña de Keiko están vinculados con el narcotráfico. ¿Hay posibilidades de que Perú se convierta en un narcoestado?

R.– Efectivamente, mucho se ha hablado de la posibilidad de convertirnos en un narcoestado como lo fuimos en los años 90. Convendría caracterizar lo que puede significar un narcoestado en el año 2016 – 2021. El Perú es hoy el primer productor de pasta básica de cocaína, además del mercado americano y el mercado europeo, tenemos un corredor sur – que comunica Perú – Bolivia con Brasil, que era el segundo consumidor de pasta básica de cocaína. Con un Estado como el actual, débil, vulnerable, centralista perforado por una corrupción que va más allá del narcotráfico. Las características del narcoestado bajo un posible gobierno de Keiko Fujimori pueden ser catastróficas para el país, sus relaciones internacionales y su modelo económico.

P.- ¿Cómo lo que sucedió en Colombia?

R.- No, mucho peor. Yo he vivido cinco años en Colombia, conozco y he seguido lo que fue la guerra de los carteles colombianos contra el Estado. Conozco México y la guerra que ha desatado el Chapo Guzmán y el Cartel de Sinaloa con el Estado mexicano. La diferencia en el Perú sería distinta y muy grande. Mientras que en esos países los problemas se resuelven a plomo acá se resolverían con plata y eso es mucho más perverso. De hecho, ya estamos viendo las diferencias. Hoy, la política de Perú a nivel local y regional está permeada por el narcotráfico, todo vale. No es suficiente el “roba, pero hace obra”, hoy el que puede rasguñar o comerle al presupuesto público lo va hacer. La comisión de narcopolítica en el Congreso, de la cual fui asesor, determinó en su informe final del 2015 que por lo menos los Gobiernos Regionales de Ayacucho, Ucayali, Amazonas, Huánuco y Loreto tenían serios problemas de haber sido penetrados por el narcotráfico y hay varios patrones que encontramos que pueden derivar en un narcoestado bajo la administración de la señora Keiko Fujimori. En primer lugar, engañar a la comunidad internacional y decir que estamos luchando contra el narcotráfico llenando cárceles de detenidos de poca monta. Segundo lugar, reemplazar la figura de Vladimiro Montesinos, que está hoy en prisión, por múltiples operadores como Joaquín Ramírez y el propio Hernando de Soto –que no tiene ningún empacho de haber asesorado a dictadores que hoy están muertos– y otros de naturaleza más perversa. En tercer lugar, Fuerza Popular, a mi juicio, es el problema, no tanto Keiko ni Joaquín Ramírez. La fuerza política de Fuerza Popular está construida sobre la base de la corrupción y dinero sobre el que no importa su origen, simplemente lo que importa es el voto.

P.- El informe que investigó la influencia del narcotráfico en la política presentado por Rosa Mavila encontró que algunos congresistas fujimoristas tenían vínculos con el narcotráfico como Julio Gagó, que además fue parte de la Comisión de investigación, pero no fue investigado. Por otro lado, Luis Calle Quirós señalado como cabecilla de narcotráfico por el Departamento de Tesoro de EEUU fue aportante de la campaña fujimorista en el 2011. ¿Qué va a suceder ahora con este Congreso, en donde hay mayoría fujimorista, cuando se intente ejecutar este tipo de investigaciones?

R.- Hay una lista elaborada por Jaime Antezana que ha planteado que hay 14 congresistas del fujimorismo cuyos orígenes políticos están seriamente comprometidos con dinero del narcotráfico. Con la mayoría fujimorista en el Congreso, perdemos toda posibilidad de fiscalización; en cambio tendríamos blindaje y distracción. En el Poder Judicial no creo que haya ninguna posibilidad porque los sectores “alanistas” del aprismo van a estar muy cercanos al fujimorismo y eso significa control total sobre el Ministerio Público y el Poder Judicial. Lo más grave es que la opinión pública está totalmente permeada por la conveniencia utilitarista de poner a Keiko en el poder porque saben que va a tener una política asistencialista que va a ser expresada bajo el patrón de regalo – engaño – regalo. Solo nos va a quedar un tipo de prensa que va a poder rasguñar las piedras para poder identificar casos de involucramiento del narcotráfico. Me temo que es una situación caótica que ni siquiera ocurrió en la época de Vladimiro Montesinos porque allí al menos había algunos partidos políticos que todavía se enfrentaban y porque allí encontrábamos a una comunidad internacional interesada en la situación del Perú.

Hoy en día, los países del OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) y EEUU –esperemos no bajo la égida de Donald Trump– van a hacer la vista gorda, no les va a importar. Como decía un viejo revolucionario chino: no importa de qué color sea el gato, si caza ratones. En este sentido, no va a importar el dinero sucio con tal de que el Perú se mantenga como un país abierto a los Tratados de Libre Comercio, al TPP y a las relaciones privilegiadas con EEUU.

P.- En varias oportunidades, Keiko Fujimori ha responsabilizado al gobierno de Ollanta Humala sobre las denuncias que recaen sobre ella y su partido, tanto por los vínculos por narcotráfico, los temas de corrupción y lavado de activos. Afirma que todo es parte de una “guerra sucia”. ¿Qué opina al respecto?

R.- La “guerra sucia” la hizo ella en el debate electoral, en donde sus propuestas fueron poco menos que un listado de lavandería de buenos deseos y ningún criterio. Nadie le está haciendo una “guerra sucia”, acá hay una investigación que vino desde la DEA, del Ministerio Público que no tiene nada que hacer con este Gobierno; también hay investigaciones de la procuradora Sonia Medina que tampoco tiene que ver con este Gobierno; hay unidades de investigación formales o informales, es decir, de prensa alternativa que tampoco tienen vínculos con Humala. Aquí lo que hay son trayectorias y tendencias del fujimorismo puro y duro. Yo he hecho un cuadro en donde analizo seis casos del fujimorismo de su padre y cuatro casos del fujimorismo de Keiko y en todos los casos, las prácticas son las mismas. Primero, desconozco; segundo, distraigo; tercero, blindo y cuando ya no puedo más, hago que den un paso al costado. Y como dijo en el debate, el candidato PPK ¿qué significa eso si todavía tiene el poder para actuar a nombre de Fuerza Popular?

P.- El exsecretario de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, ha sido denunciado por lavado de activos en el 2014 y actualmente está siendo investigado por la DEA por vínculos con el narcotráfico. ¿Cómo evalúa el desarrollo de su proceso considerando que la documentación necesaria para llevar a cabo la investigación está “desaparecida”?

R.- En el Poder Judicial y el Ministerio Público todo tiene precio. Nosotros en la comisión de narcopolítica encontramos que es usual, -como mecanismo de presión y corrupción-, el archivamiento, lentitud o desaparición de documentos, con distintas tarifas por supuesto. Entonces, es muy sencillo que a través de operadores –y esta es una práctica montesinista de la década del 90– articulen con personas en el interior del Poder Judicial, desde Magistrados Supremos hasta Magistrados de la Corte Superior u otro tipo de operadores, igual en el Ministerio Público. Yo me temo que la investigación a Joaquín Ramírez va a venir más por el lado periodístico o externo. Tanto Joaquín Ramírez como su tío Fidel Ramírez y su primo Osías Ramírez, todo el clan Ramírez debe ser entendido y articulado al caso de los “Intocables” de Miguel Arévalo Ramírez, gran capo del narcotráfico de la década de los 80 que ha seguido actuando con gente y contactos desde el alto Huallaga y esto lo saben en EEUU. Ahí encontramos un patrón de lavado de dinero a través de la conformación de un pool [alianza] empresarial muy grande de inmobiliarias y agroindustrias como lo hizo en su momento Fernando Zevallos con Aerocontinente o Carlos Cataño con Peruvian Airlines: invertir en empresas aerocomerciales de poca monta mediante la compra de aviones, combustible y operar para poder llevar y traer droga.

P.- Keiko Fujimori ha dicho que no van a “blindar” a nadie, que van a pedir un informe a la DEA para detallar la veracidad de las acusaciones de Ramírez. Keiko se ha mostrado muy tranquila respecto a este tema.

R.– Sin duda; lo está defendiendo. Yo creo que ella está tan tranquila por algo que me da miedo decir: gruesos sectores de la población peruana se han acostumbrado a convivir y a aprovecharse del narcotráfico como una forma de ser parte de este modelo neoliberal que los ha excluido de la minería, de la agroindustria, pero que permite que se articulen a través de negocios sucios. Dense cuenta cuáles son los estratos que apoyan a Fujimori más allá de estas acusaciones. Tengo la impresión de que no ha surtido el efecto que esperábamos nosotros, los que estamos apostando por una manera ética de hacer política. Al contrario, ahora la diferencia con PPK es de seis puntos. Me temo que Keiko Fujimori es consciente de eso y no le va a importar tener a un aliado como los mineros informales o los inversionistas con dinero sucio del narcotráfico.

P.- El tema de corrupción ha acompañado al fujimorismo desde la época de Alberto Fujimori. La propuesta de Keiko, sin embargo, apunta a tener un gobierno con cero corrupción. ¿Qué opina al respecto?

R.- No se le cree nada. Creo que ella mantiene una línea de acción política idéntica a la del padre: distractora totalmente, no tiene ningún empacho en engañar de la peor manera posible porque es efectista. Es eso lo que ha demostrado el fujimorismo en todas sus intervenciones y esta campaña electoral en particular muestra que está dispuesta a hacer cualquier cosa por lograr el poder político.

P.- ¿Cuál es la situación de nuestro país respecto a los vínculos entre política y narcotráfico a nivel latinoamericano?

R.- El caso peruano es el peor de todos, solo comparable al del General García Meza en Bolivia en el año 1982 que enviaba cocaína en aviones militares o el caso de Manuel Antonio de Noriega que en Panamá hasta el año 1989 hacía tratos con narcotraficantes para mandar droga a Miami. Esos son los tipos de casos a los que nos vamos a enfrentar en el país porque será la propia “presidenta” Keiko Fujimori –si sale elegida– quien va a tener responsabilidad política y jurídica por los casos de corrupción asociados al narcotráfico que haya durante su gestión. Hay que tener en cuenta también que la demanda internacional de cocaína – 21 millones de personas que demandan 400 toneladas anuales de cocaína-  van a seguir requiriéndola en un posible gobierno de Fujimori y van a tener que encontrar las formas para poder importar esa droga; entonces, lo que va a suceder es que el fujimorismo va a tener que cobrar por eso. No va poder salvaguardar las distancias ni poder neutralizarse, va a estar involucrado.