Perú puede perder US$ 70 mil millones en oro

 

Para el analista financiero Carlos Morales Andrade el tráfico del oro ha tenido un camino transversal de más de 40 años en el Perú, a través de varios Gobiernos coludidos con mafias del contrabando de este metal precioso, que ha estado sacando de nuestro país barras y lingotes hacia Miami, Estados Unidos. La justicia norteamericana notificó al Perú para que como Estado se apersone y acredite la titularidad de más de US$ 70 mil millones en las cuatro décadas de este ilícito negocio. Se alertó que en caso de no hacerlo, podría perder ese ingente monto.

 

 

 

Perú tiene dualidad de funciones en este tema. Por una parte, tiene el primer lugar como productor de coca en la región y, por otra, en América es el principal productor de oro en América. Ambas situaciones lo convierten en un mercado muy especial para que ciertas personas, de manera equivocada, se metan al negocio del narcotráfico o financiamiento del terrorismo. Pero EE.UU. observa que el oro sale de Perú por varias rutas y toma acción. La Corte Federal en el distrito de La Florida en el 2018 ha abierto proceso a empresarios norteamericanos, a funcionarios de EEUU y  ya allanó el campo para que Perú se haga presente y detecte una pequeña punta de iceberg de UU$3,600 millones porque los capturados ya confesaron culpabilidad.

 

 

Cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la DEA, el FBI y otras agencias federales empezaron a investigar el escándalo de tráfico ilegal de oro, se vio como uno de los casos más grandes de lavado de activos, más los abultados envíos desde del Perú se superponían sobre la industria mundial. El Caso seguido por el juez federal de La Florida Sur, Federico Moreno, quien dio a conocer la información de los sucesos entre el 2012 y 2017, donde el monto alcanza los US$ 3,600 millones de dólares, de la primera parte del proceso que correspondería reclamar al Estado peruano y acreditar la titularidad. Asimismo, investigar en una segunda etapa entre las aduanas de ambos países, que sumaría un monto aproximado a los US$ 70 mil millones, en las cuatro décadas de tráfico ilegal.   

 

 

Perú es el quinto exportador más grande de oro a nivel mundial con 162.7 toneladas de oro vendidos por año. Si Perú sacara de forma legal todo su oro, estaría peleándole el primer puesto a China y hablo de palabras mayores, pues supera a Canadá, Estados Unidos y Sudáfrica. En Londres, existe la Asociación Mundial de Metales (London Bullion Metal) que fija el precio del oro, todos los días a las 4 de la tarde, a la segunda campanada de la bolsa de Londres  te dicen cuánto cuesta la onza de oro. Ahora, es curioso que Perú no esté en esta asociación cuando Sudáfrica que está en un nivel más bajo si participa

 

Es muy triste y vergonzoso ver que como ocurriera en el caso Odebrecht sea el propio gobierno de los EE.UU. el que inicia y lidera las investigaciones, a pesar de que el oro es peruano. El gobierno americano asume jurisdicción sobre la investigación debido a que el oro fue enviado hacia Miami y los pagos hechos en dólares americanos y bajo su sistema financiero. Los fiscales norteamericanos señalan que los acusados compraron millones de dólares en oro ilegal, en la Amazonía peruana, previa elaboración de documentos falsos para exportarlo a Miami, donde el oro era refinado para luego vendido.

 

 

Venimos haciendo la advertencia al Gobierno para que se apersone ante un tema descubierto en Estados Unidos de oro sustraído del Perú. La Corte Federal ha revelado que la refinería de oro de EE.UU. se declaró culpable y es acusada de mantener un inadecuado programa de Lavado de Dinero, para sustracción de oro. O sea, ya la Justicia del Gobierno americano ha dicho, señores, les he allanado el caso. Hay culpables denunciados. Hay US$ 3,600 millones en barras, lo único que tiene que hacer es apersonarse para hacer un trabajo conjunto de recuperación de ese oro que se encuentra en bancos del Asia, Europa y Estados Unidos.

 

 

Desgraciadamente si este proceso se retrasa, el día que esto explote como ya explotó en EEUU saldría muchos nombres de funcionarios públicos importantes, nombres de muchos bancos importantes, de muchas notarias importantes. Y eso se tiene que conocer con una investigación seria y prolija para no jugar con el apellido de nadie. El Perú tiene que apersonarse para que pueda salir la información de los colaboradores eficaces, que es gente que ya fue capturada y ahora es procesada.

 

 

En el 2018, el experto en inteligencia financiera, Jaime Gálvez Salcedo envía una carta notarial al fiscal de Nación, Pedro Chávarry, transmitiendo su preocupación en el sentido de que el Estado peruano no envía emisarios a apersonarse a la Corte de la Florida, para solicitar información del proceso judicial. El Ministerio Público recibió el expediente 0033453-2018 con el asunto: “Investigación sobre minería ilegal, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, narcotráfico, corrupción, depredación ambiental y trata de personas…” Es sumamente extraño que siendo el Estado peruano el principal agraviado hasta la fecha ningún representante del gobierno se haya apersonado al proceso judicial.

 

 

Un informe publicado por el diario The Miami Herald reportó que el 19 de enero del 2018, los ejecutivos de NTR llamados Samer Barrage, de 39 años, y Juan Granda, de 35, admitieron su responsabilidad y asumieron la culpa por importar oro de manera ilegal desde Perú. Ambos contrabandearon entre el 2013 y 2017 para la compañía NTR Metals, en Miami, por lo que el juez Robert N. Scola los condenó a 80 y 72 meses de prisión, respectivamente. Otro ejecutivo, Renato J. Rodríguez, por el mismo caso, recibió 90 meses de prisión efectiva.

 

La Razón, 08.05.2020