Camisea, Chile y el Estado inexistente

Pero resulta que el contrato suscrito entre Perú LNG (los exportadores) y el consorcio que explota los Lotes 88 y 56 de Camisea (donde el operador es Pluspetrol) es para exportar 4.2 BPC en un periodo de 18 años. La pregunta es, entonces, ¿a quién le va a vender Perú LNG los 1.8 BPC restantes para que "cuadre" el financiamiento del proyecto?

Fuentes periodísticas dicen que uno de los destinos podría ser Chile. Pero la fuente más confiable es el BID, que va a financiar parte del proyecto de Perú LNG, pues en su Portal de Internet se menciona a ese país como destino probable. Ahora bien, el ministro de Energía, Juan Valdivia, ha declarado que "no hay ningún contrato de exportación a Chile porque el contrato firmado con México es por la totalidad del gas" (La República, 4/1/08). No es así: hay un sobrante que, por ahora, no tiene destinatario.

La cuestión aquí, más allá del destino del gas, es que debido a la Ley 26221 de 1993, el Estado ha perdido todo control sobre los hidrocarburos. Dice la Ley que el petróleo y gas "in situ" (bajo tierra) son de la Nación, pero una vez extraídos (en boca de pozo), le pertenecen al contratista, que puede hacer con ellos lo que más le convenga, incluso exportarlos aunque no esté garantizado el abastecimiento interno. A esos extremos de locura llegó el neoliberalismo de los 90, lo que sigue hasta hoy.

En la reciente subasta sobre la petroquímica, el Estado no pudo intervenir y fue Pluspetrol quien decidió qué empresa hacía la petroquímica, la que fue ganada por una pequeña empresa de EEUU. Pero decir "no pudo intervenir" es un eufemismo. La verdad es que el Estado peruano (incluyo a este gobierno) no quiso intervenir, pues ha abdicado de su función rectora en el uso de los recursos estratégicos. En lugar de potenciar a Petroperú (que estaba asociada con Petrobrás) se vendió el gas a un tercero.

Otro tema central es que las reservas del Lote 88, destinadas exclusivamente al mercado interno, ahora van a ser exportadas por Perú LNG, porque así lo decidió el gobierno y el Congreso bajo Toledo, cuando no había las reservas suficientes. Ahora el consorcio Pluspetrol dice que existen más reservas, pero el Ministerio de Energía no las ha auditado internacionalmente, práctica común en estos casos. Otra vez: los privados deciden, a costa del consumo del gas barato de Camisea que nos independiza del petróleo caro.

Finalmente, viene el tema de la probable exportación a Chile, que bajo el liderazgo de la estatal ENAP, está construyendo una planta de regasificación en Quintero, para sustituir el gas que Argentina ya no le puede exportar porque han caído sus reservas. Las empresas privadas consideran que este es un tema "comercial". Pero no. Ya hemos visto cómo Bolivia decidió que el gas de Tarija también es de Bolivia "en boca de pozo", modificando la Ley de Sánchez de Losada.

En el caso peruano, que tiene pendiente la delimitación marítima con Chile, es el Estado quien tiene que decidir si la exportación a ese país es o no conveniente. Nadie más. La declaración de un ministro no cambia lo que dice la Ley 26221. Por eso, se debe modificar la Ley, estableciendo que el Estado peruano es dueño del recurso también en boca de pozo. Mientras eso no se haga, los privados pueden vender el gas a quien quieran. Agreguemos que, en varias oportunidades Perú LNG ha dicho que va a participar en el concurso de abastecimiento de gas a Quintero. Ellos son los "dueños de la molécula". ¿Hasta cuándo?