Comportamiento necesario en política de recursos naturales
Mientras en el Perú el pueblo paga un precio alto por el gas, que ya escasea para las industrias y llega a pocos hogares, los coimeros y felipillos del sector Energía y Minas están a la espera de la buena voluntad de los extranjeros que mediante contratos corruptos se apoderan de nuestro recursos naturales para derivarlos a Chile. Frente a eso, veamos cómo en Chile actúan de la manera que corresponde al dueño de la riqueza: definiendo situaciones, y no mendigando servilmente.
Oro y cenizas
Nelson Manrique
En Chile una empresa angloaustraliana, la Anglo American Sur, decidió hace poco vender sus acciones a la japonesa Mitsubishi pasando por encima del derecho de la estatal chilena Codelco (la mayor productora de cobre del mundo, que entre el 2005 y el 2010 aportó al Estado cerca de 40 mil millones de dls. netos de impuestos y utilidades), que tiene la primera opción para adquirir los activos de la empresa en venta. La respuesta del Estado chileno ha sido contundente: el presidente del Senado, Guido Girardi, dijo que el Parlamento tomará las medidas necesarias para defender el interés nacional y añadió que en su opinión la compañía británica debiera abandonar el país.
Los parlamentarios, por otra parte, no se quedaron atrás: expresaron su solidaridad con Codelco, y “su apoyo a la decisión de defender la opción de compra del 49% de los activos de la filial chilena de Anglo American, Anglo American Sur, que la británica vendió a la japonesa Mitsubishi por US $ 5.390 millones”. Esta posición fue respaldada por el presidente Sebastián Piñera, quien anunció que su gobierno hará “todo lo que sea necesario” para defender los “legítimos intereses” nacionales (Eva Vergara, LR, 13/11/11).
Lo interesante de esta noticia es que ratifica que en Chile la defensa de los intereses nacionales frente a la prepotencia de una empresa multinacional no es una bandera solo de la izquierda sino pertenece a todo el espectro político. Allí la derecha es nacionalista y no se escucha –como aquí– a líderes políticos y periodistas llamando a allanarse incondicionalmente a las exigencias de las corporaciones “para no ahuyentar a la inversión” y a meter bala “para restablecer el principio de autoridad”, en defensa de intereses ajenos a los de las mayorías nacionales. En Chile la inversión extranjera es, por supuesto, bienvenida, pero no incondicionalmente. Se exige, como debe ser, una relación justa, respetuosa y de mutuo beneficio, que cautele los intereses nacionales recurriendo a las medidas necesarias para garantizarlo. La unidad de los chilenos es un capital fundamental cuando de negociar se trata, porque allí la derecha no funciona de quinta columna, poniéndose la camiseta extranjera para jugar contra el propio país.
Este es un ejemplo que debiera tenerse en cuenta cuando en nuestro país se discute la complicada relación entre la explotación minera y el desarrollo, y especialmente cuando entramos a un periodo marcado por el desembalse de los conflictos sociales acumulados y el sector donde los enfrentamientos son más intensos es el minero. Según el último reporte de la Defensoría alrededor de un 60% de los conflictos en curso son de naturaleza medioambiental.
Hace unos años dos amigas antropólogas —norteamericana una, inglesa la otra— viajaron a Cerro de Pasco para conocer el legendario cerro mineral. Regresaron profundamente impresionadas. Conocían otros centros mineros del mundo y nunca habían visto tal desproporción entre la riqueza que la región ha venido aportando al país desde fines del siglo XVII y la miserable vida de sus habitantes, desalojados una y otra vez de sus viviendas a medida que el tajo abierto impone destruir el pueblo y mudarlo a otro emplazamiento, siempre provisional.
A los pésimos precedentes históricos que han jalonado la historia de la relación entre las explotaciones mineras y las poblaciones locales se añade ahora la crisis medioambiental que afecta al mundo. La defensa del agua, por ejemplo, no atañe solo a las poblaciones vecinas a los proyectos mineros que se vienen negociando sino compromete un recurso estratégico que tiene que ser defendido pensando en nuestro porvenir como sociedad.
¿Significa esto proscribir la actividad minera? No. Significa exigir que las empresas se comprometan a hacer la inversión adicional que demanda el cumplimiento de las normativas que aseguren que no se va a realizar una explotación depredadora. Y reprimir la minería informal cuando esta amenace el equilibrio ambiental, como se ha hecho con las dragas de Madre de Dios. Bienvenida la inversión extranjera, pero no a cualquier precio.
La República, Lima 15 de noviembre de 2011
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