Decano del Colegio de Abogados de Lima afirma que ningún contrato comercial puede estar por encima de los derechos de la población.
El decano del Colegio de abogados de Lima (CAL), José Antonio Ñique de la Puente, advirtió que el gobierno olvida los principios constitucionales al priorizar el interés económico extranjero a través de la exportación del gas de Camisea, antes que velar por el interés general de la población.
“No se puede enfrentar el derecho muerto que es el de los contratos y las leyes, frente al derecho vivo, que es el de los reclamos de nuestro pueblo por el gas, en este caso”, anotó Ñique de la Puente.
El decano del CAL indicó que no puede haber exportación de Gas Natural, si antes no se asegura una producción que esté al servicio de la nación, sobre todo de las zonas donde está concentrada la protesta, y en donde el gas cuesta más caro que en cualquier otro lugar del país, incluyendo, países vecinos como Bolivia.
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Dice que ningún contrato puede estar por encima del interés social.
Ñique invocó al gobierno a levantar el estado de emergencia. “Como en el caso de Bagua, la historia nos enseña que con estados de emergencia no se desenvuelve la democracia, ni se adquiere la modernidad. Se debe dialogar de manera pacífica, pluralista y sin soberbia de por medio. No es con un estado de emergencia o represión al pueblo como se van a solucionar los problemas”, indicó a La Primera.
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Ñique de la Puente resaltó que la modificación del contrato de Camisea no es una tarea imposible, ya que no existen constituciones o derechos que sean perpetuos. “Los contratos se pueden modificar. No se debe olvidar que todo debe legislarse bajo la supremacía de la Constitución, es decir, la dignidad humana y el interés de nuestra sociedad”, dijo.
De otro lado, el decano del CAL le recordó al gobierno aprista que el mismo Víctor Raúl Haya de la Torre mencionó en su obra “Tratamiento al capital extranjero”, que el país no debe perder su soberanía frente a la inversión extranjera.
“Inversiones sí, pero con soberanía, dignidad y en primer lugar, asegurando los recursos al servicio del consumo, tal como lo dijo Haya de la Torre. Por eso un gobierno soberano debe escuchar los reclamos de la provincia de La Convención”, afirmó.
Ante ello, consideró que los llamados “contratos-ley”, podrían ser regulados mediante la restauración de la Constitución de 1979 —a través de una Asamblea Constituyente— o una nueva, de manera que no se perjudique el interés nacional, ni a los inversionistas.
Ñique negó que reclamar a favor del consumo interno, perjudique el estado de Derecho, la economía nacional y cierre las puertas a la inversión privada, tal como lo afirma el primer ministro, Javier Velásquez Quesquén.
“Lo que pasa es que ahora mucho se mira hacia fuera y cuando se mira hacia dentro sólo es para entregar los recursos naturales. Es un cuento eso de que se va a espantar las inversiones, si se modifican los contratos. Así como nosotros necesitamos inversiones, los inversionistas también necesitan invertir”, sostuvo.
De igual manera, desvirtuó la afirmación gubernamental de que la protesta se debe a la desinformación que los frentes regionales han difundido con fines electorales.
“Yo no considero que exista desinformación, creo que quienes protestan han leído perfectamente el convenio del contrato, siempre es muy fácil acusar al pueblo de ser ignorante y desinformado”, sentenció. La Primera.
