Por Humberto Campodónico
El 20 de abril se produjo una explosión que mató a 8 obreros en el pozo Deepwater Horizon de la empresa British Petroleum en el fondo submarino del Golfo de México, a 69 km de la costa de Luisiana. Han pasado 79 días y el petróleo sigue saliendo del pozo sin que los técnicos de la empresa hayan podido evitarlo.
Según Bloomberg, las pérdidas de BP ya suman US$ 22,000 millones, contabilizados de la siguiente manera: del 2005 al 2008, la empresa recompró US$ 37,000 millones de sus propias acciones con el objetivo de pagar dividendos a sus accionistas. Como el valor de las acciones ha caído en 53% (al 28 de junio), estas acciones ahora solo valen US$ 15,000 millones (excluyendo los dividendos).
Pero eso no es todo, pues esta suma representa solo el “castigo del mercado” al valor de las acciones de BP. Falta ver cuáles serán los montos de las multas que le impondrán el gobierno de los EE. UU. y los múltiples juicios de cientos de particulares a la empresa. Muchos afirman, por ello, que el costo total podría superar los US$ 30,000 millones, lo que representa el 12% del total de activos de la empresa, que ascienden a US$ 240,000 millones (muy cerca de los US$ 242,000 millones de Exxon Mobil, la empresa petrolera N.º 1 del mundo).
Pero el fondo del asunto es el enorme daño ecológico causado por el derrame, que podría hacer desaparecer una gran cantidad de especies marinas y desaparecer la pesca y otras actividades en la zona. Este desastre ha “recargado las pilas” no solo de los grupos ecologistas sino de amplios sectores de la población que hoy se oponen a la exploración y explotación petrolera en los fondos marinos.
Así, Barack Obama ha retrocedido de su reciente autorización a la exploración petrolera en la costa este de los EE. UU. (desde Delaware hasta Florida) promulgando un moratoria, ha suspendido la exploración en Alaska y ha cancelado la licitación de bloques petroleros en el Golfo de México y en la costa de Virginia.
Pero esto no ha sido suficiente para detener las críticas, que también alcanzan con fuerza al gobierno. Así, el reconocido analista Barry Ritzholtz dice que un estadista debería reforzar la regulación en la industria petrolera, que a todas luces es demasiada laxa y que sucumbe ante las enormes presiones de los lobbies de las grandes empresas petroleras.
Además, un estadista debiera poner en marcha una especie de “Proyecto Manhattan” (que impulsó la investigación nuclear que desembocó en la creación de la bomba atómica a principios de la década del 40) para impulsar el desarrollo de nuevas tecnologías para el desarrollo de fuentes alternativas de energía. Agrega que “el sector privado fracasó en hacerlo durante el siglo pasado, por lo que, nosotros, el pueblo, tenemos el deber de hacerlo” (Missed Opportunity, BP Gulf of Mexico Disaster, en www.roubini.com).
También nos dice Ritzholtz que se debería poner un impuesto (tipo Pigou) de 10 centavos a los 10 millones de barriles diarios de consumo automotor (420 millones de galones al día) para orientarlos a programas de investigación productiva y transporte público masivo.
Como se aprecia, el derrame del Deepwater puede traer profundos cambios en las actividades extractivas, las que también deben llegar a nuestro país. Es el momento.
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