Declaran inconstitucional Decreto Urgencia para reestructurar fútbol peruano
Deuda a SUNAT: Universitario debe 146 millones de soles y 1.5 millones de dólares a la Agremiación. Alianza Lima debe 27 millones de soles y 570 mil dólares a la Agremiación. Sport Boys debe 9 millones de soles y 470 mil dólares a la Agremiación. Cienciano adeuda 2.3 millones de dólares y 600 mil dólares a la Agremiación.
El grupo control político, presidido por el Dr. Marco Falconí Picardo, concluyó que no se cumplen los requisitos señalados, dado que no se ha demostrado una situación excepcional, siendo el problema económico del futbol una situación que deviene de años atrás.
El presidente del grupo encargado de revisar los Decretos de Urgencia, Decretos Legislativos y Tratados Ejecutivos Internacionales aclaró que si bien es cierto existe la necesidad de solucionar el problema, el Poder Ejecutivo pudo haber presentado una iniciativa legislativa con carácter de urgencia.
Precisó que los alcances del Decreto mencionado no son generales, sino que favorece a determinados sectores económicos; además, indicó, existe un marco legal (proceso concursal ordinario) frente al problema de fondo.
Sobre el contenido, el Dr. Falconí expresó que este Decreto de Urgencia desnaturaliza el proceso concursal ordinario, obligando a los acreedores de las entidades deportivas a reestructurar la entidad, sin posibilidad de liquidación, creando un régimen excepcional frente a un problema común en gremios económicos que se ven sometidos al marco legal existente.
Por otro lado, el fondo del Decreto de Urgencia contraviene el artículo 103° de la Constitución, el cual establece que pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de las diferencias de las personas.
Finalmente, el parlamentario mencionó que no declarar su inconstitucionalidad implicaría el riesgo de sentar como antecedente que el Poder Ejecutivo pueda intentar el incumplimiento de una Ley vía Decreto de Urgencia, vulnerando el equilibrio de poderes y de deber del Ejecutivo, de cumplir y hacer cumplir las Leyes, conforme al artículo 118, inciso 1 de la Constitución.
Por unanimidad, también se aprobó que este Decreto de Urgencia se eleve a la Comisión de Constitución y Reglamento, a la cual pertenece el grupo de control, y se priorice su debate.
Decretos de Urgencia
En el ordenamiento nacional han sido concebidos como la facultad que tiene el Poder Ejecutivo para legislar en forma excepcional. Si bien la norma constitucional señala expresamente que para su emisión los Decretos de Urgencia deben regular materias económicas y financieras, debe estar en juego el interés nacional y la necesidad de los mismos.
El Tribunal Constitucional en las sentencias Nº 0008-2003-AI/TC, 017-2004-AI/TC y 078-2005-PA/TC, validan un listado de requisitos que determinan la constitucionalidad de los Decretos de Urgencia, siendo necesario que cumplan los requisitos de excepcionalidad, necesidad, se trate de materia exclusivamente económica y financiera, transitoriedad, generalidad y conexión entre el marco legal y los hechos a regular.
