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Paula Carrillo
Fogatas, niños corriendo entre las carpas, hombres con bastones tradicionales custodiando un gran campamento: así se ve el Parque Nacional de Bogotá, donde centenares de indígenas desplazados por la violencia se asentaron desde hace dos semanas, a falta de casa propia.
«Después de deambular por la ciudad por más de 14 horas, el cansancio nos tocó acá. Decidimos descansar en este sitio, y vimos que las condiciones eran óptimas», dice a esta agencia Jairo Montañez, líder indígena del pueblo wayuu, etnia de Colombia que habita mayoritariamente en el departamento de La Guajira (norte).
Mujeres de avanzada edad cargan a bebés por este céntrico lugar de la capital colombiana, mientras sus madres cocinan. Niños más mayores juegan con carritos, muñecos, ramas y lo que encuentren, entre las pocas pertenencias que reposan a las afueras de sus tiendas de campaña.
Mientras tanto, bajo un plástico negro grueso, que protege las carpas de la lluvia, y sentado sobre un banco, Montañez aclara, sin embargo, que su intención no es establecerse allí de forma permanente.
«No queremos quedarnos viviendo acá. Esto no es una ocupación, es una ‘minga’ permanente (reunión o movilización indígena), hasta que el Distrito y el Gobierno Nacional tengan la voluntad de establecer acuerdos», agrega.
FIN DE SUBSIDIOS
El traslado de los indígenas por distintos puntos de la ciudad se dio porque los subsidios que tenían temporalmente en la capital se acabaron.
Algunos de ellos eran por pandemia. Otros, en forma de ayudas a víctimas del conflicto interno, dado que miembros de la comunidad embera llegaron desplazados de los departamentos de Chocó y Risaralda (noroeste), por hostigamientos de grupos armados.
A finales de septiembre, los recursos económicos otorgados por Bogotá finalizaron por ley, por lo que más de mil personas quedaron sin casa, al no poder pagar el alquiler.
«Aproximadamente 1.350 integrantes de la comunidad embera (etnia mayoritaria que compone el asentamiento) se quedaron sin lugar donde residir. Algunos se quedaron en el Parque Nacional y otros en el Parque La Florida, occidente de la ciudad», explica Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno de Bogotá.
Según cifras oficiales, cerca de 250 de ellos acampan en el Parque Nacional, ubicado en el pudiente sector de Chapinero, muy cerca a universidades como la Javeriana (privada) y la Distrital (pública).
El resto se encuentran en La Florida, cerca al Aeropuerto Internacional El Dorado. Allí, la Alcaldía les acomodó un albergue temporal al que, sin embargo, los indígenas del Parque Nacional se niegan a ir.
SIN GARANTÍAS
«La Florida no da ningún tipo de garantía. A través de distintos medios, varios líderes están denunciando la situación precaria. No hay agua, gas, acceso a la leña», afirma Montañez.
Sin embargo, funcionarios del Distrito aseguran que, en ese lugar no tan céntrico, los indígenas pueden acceder a servicios básicos y además de ello, a salud, educación y, tal vez lo más importante, un techo para resguardarse.
En las imágenes del lugar, proporcionadas por la Alcaldía a periodistas, se ven camas, baños, cocinas y televisores. Pizarras para clases, y hasta una lavadora.
Las autoridades «quieren enviarnos allá con el objetivo de invisibilizar la problemática que estamos presentando», insiste el líder comunitario.
Buena parte de los indígenas embera viven de la venta de artesanías, que exponen en sitios concurridos de la capital, como el centro y a las afueras de universidades. Algo que, argumentan, no pueden hacer en el occidente capitalino.
DESALOJO
A comienzos de esta semana, autoridades acudieron al Parque Nacional para hablar de un posible desalojo, aunque afirmaron que el recibimiento fue agresivo.
Por su parte, líderes indígenas insistieron en la arrogancia de la contraparte.
Y esta semana, el inspector de Policía Javier Orozco dio 48 horas a la estatal Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv) para hacer un censo de los indígenas en el arque. Plazo que fue tomado por medios de comunicación nacionales como un ultimátum para el desalojo, aunque Gómez lo desmiente.
«Se tienen 48 horas para realizar la caracterización y, además, para buscar procesos de concertación y diálogo que permitan, ojalá, de manera voluntaria, que ese espacio se recupere para los vecinos», agrega el funcionario de la Alcaldía.
Para Gómez, «el interés no es chocar y por eso queremos que haya un enfoque de cuidado con esos niños».
La Uariv, entidad estatal encargada de asistir a los millones de afectados por el conflicto armado en Colombia, estudia varias opciones para las comunidades.
«Esperamos que con las familias en el Parque Nacional no lleguemos al desalojo, sino que podamos llegar a la concertación. Poder cumplir un proceso de retorno (a sus territorios) o de reubicación (en Bogotá), de acuerdo con la voluntariedad de las familias», afirmó Ramón Rodríguez, director de esa entidad, en declaraciones enviadas a periodistas.
PAÑALES Y COMIDA
Entre tanto, Geraldine, indígena embera con cinco hijos (todos en el campamento), prepara pescado a la leña, para comer.
«Necesitamos pañales, mercado, arroz, panela, leche, papa, tomate…», dice agachada al lado del fuego, esta mujer que llegó a Bogotá hace dos años.
Desde entonces, Geraldine ha pasado por el sur de la capital (Ciudad Bolívar), y a la intemperie, en el Parque Tercer Mileno y Parque Santander del centro de Bogotá.
Según información oficial, cinco niños del campamento en el Parque Nacional han sido hospitalizados por problemas respiratorios causados por el frío y la lluvia.
Aunque el clima de la capital colombiana, ubicada a 2.600 metros sobre el nivel del mar, o el hambre no son los únicos problemas. El jueves hubo un «intento delncuencial de robarse un niño, algo que alcanzaron a evitar las autoridades», dijo el secretario de Gobierno de Bogotá.
Con información de Sputnik
