Víctor Flores García
Decenas de miles de personas, a veces comunidades enteras, se ven obligadas a abandonar sus hogares en México para salvar su vida, ante una violencia criminal cada vez más cruel.
La Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos (Cmdpdh) ha hecho el seguimiento durante un lustro de ese fenómeno, causado por la acción de poderosos grupos armados ilegales.
Un seguimiento mensual durante 2021 revela que casi 45.000 personas fueron obligadas a huir de la violencia en comunidades que han caído bajo el imperio del miedo al crimen organizado, con poder de fuego creciente, como ametralladoras contra blindados.
Agosto del año pasado fue el peor mes, cuando 10.475 personas huyeron de sus comunidades asoladas por la violencia, según el informe anual de 2021, elaborado por el organismo civil pionero, fundado en 1989.
El documento al que ha tenido acceso la Agencia Sputnik indica que «en México, después de mantenerse en tendencia decreciente durante tres años, en 2020 el número estimado de personas desplazadas internamente por motivos relacionados con la violencia fue más alto que en el año anterior».
Hace dos años, al día siguiente del inicio de la Jornada Nacional de Sana Distancia por la pandemia, en marzo 2020, «la violencia desplazaba a alrededor de 800 personas en la sierra de Guerrero», un remoto territorio agreste infestado de narcotraficantes.
Era apenas el comienzo de nuevas oleadas de humildes comunidades que huyen aterrorizadas, dejando atrás sus escasas pertenencias y viviendas precarias.
TRAGEDIA GLOBAL
El estudio de esos movimientos no puede detectar la «movilidad de hormigas», como se conoce al callado y discreto escape individual o de familias aisladas, que no se atreven a convertirse en migrantes hacia EE. UU.
Muchas personas tratan de rehacer sus vidas en regiones menos violentas, cargando una maleta o mochila.
Las metrópolis con actividad industrial, los puertos o zonas turísticas, como las penínsulas de Yucatán (este) o Baja California (noroeste), o ciudades fronterizas del norte, son escenarios que anidan la última esperanza, antes de abandonar el país.
A lo largo aquel primer año de pandemia, «se registraron enfrentamientos, ataques e incursiones armadas, amenazas hacia comunidades y otras formas de violencia que, entre otras afectaciones graves, provocaron que miles de familias e individuos se vieran obligados a abandonar sus hogares», describe el análisis.
A pesar del recrudecimiento de las restricciones a la movilidad, a nivel global fueron 82,4 millones de personas las que en 2020 fueron orilladas al desplazarse forzadamente, y al menos 40,5 millones eran desplazadas internas.
Sin embargo, el número de desplazados internos en México apenas rondó aquel año las 10.000 personas, resultado de «24 episodios que afectaron a 25 municipios», detalla el documento.
El país latinoamericano engrosó con 9.741 desplazados internos las estadísticas de la agencia de Naciones Unidas para los refugiados (Acnur), y del Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos (IDMC, en inglés), organización no gubernamental internacional establecida en 1998 en Ginebra.
Las personas se las arreglan para huir con sus familias, impulsadas por un miedo insuperable a despiadados criminales que intimidan, extorsionan, secuestran y asesinan con una crueldad cada vez más inexplicable.
Cientos de fosas clandestinas, cuerpos decapitados, desmembrados, o disueltos en ácido, cadáveres colgados en puentes y árboles, y exhibición de hombres armados recorriendo en convoyes de camionetas, algunas con blindaje artesanal, son imágenes que quiebran la resistencia psicológica de comunidades enteras.
Es el lenguaje siniestro del terror que se apoderó de regiones enteras del país.
FOCOS ROJOS
Un recorrido por algunas «zonas calientes» que han caído bajo el imperio del miedo acerca la lupa a los rostros de la desesperación, en un recuento de tragedias colectivas ocurridas solo en enero de este año.
«Daños irreparables y riesgo inminente a la vida e integridad de comunidades tsotsiles de Aldama, Chiapas (sureeste); nuevo desplazamiento por intolerancia religiosa en Oaxaca (sur)», enumera el informe humanitario.
El dolor se extiende por los cuatro puntos cardinales: «desplazamientos generados por grupos armados en Michoacán (centro-oeste) y en Chihuahua (noroeste); matrimonio forzado y desplazamiento de menores de edad en Guerrero (sur)».
El radar detecta nombres de estados que han pasado a ser sinónimos del crimen organizado: «autoridades municipales de Tepalcatepec, Michoacán (centro-oeste), rebasadas ante la situación de desplazamiento interno; instalan Mesa Interinstitucional sobre Desplazamiento Forzado Interno en Sinaloa (norte)».
La tragedia silenciosa escaló a los organismos internacionales: a finales de abril de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó «medidas cautelares» (urgentes) a favor de doce comunidades indígenas del municipio de Aldama, Chiapas.
El Estado mexicano deberá adoptar «medidas de seguridad culturalmente pertinentes» para dichas comunidades, tomando en cuenta «la situación de riesgo que enfrentaban en el marco de un contexto de violencia sostenida que incluía actos de agresiones, hostigamiento y amenazas de parte de grupos armados». La medida ha sido incumplida.
En 2018 más de 2.000 personas fueron las primeras obligadas a huir de aquella comunidad hacia las montañas.
Cuatro años después, la historia se repite.
Con información de Sputnik
