“A mí me esterilizaron a la fuerza y hasta hoy sufro las consecuencias”

“A mí me esterilizaron a la fuerza y hasta hoy sufro las consecuencias”

Ángel Páez.

Sabina Huilca, una de las víctimas de la planificación familiar fujimorista. El Ministerio Público archivó el caso de las esterilizaciones forzadas durante el fujimorato, pero las víctimas denunciarán otra vez a los culpables.

“Luego de haber dado a luz a mi cuarta hija, me fui al centro de salud de Izcuchaca (provincia de Anta, Cusco), donde, luego de recibir la atención del médico, éste me dijo que ya no tuviera más hijos y que me hiciera el AQV (Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria). Me negué y me respondió ‘Tonta, vas a tener más hijos y no podrás criarlos. De pronto una enfermera me coloca una inyección. Yo no sabía que era anestesia. Al despertar tenía los pies y las manos atados con vendas en la cama, como animal.

Después me di cuenta de que me estaban cosiendo”, relata Sabina Huilca Cóndor, una de las víctimas de la esterilización forzada ejecutada por el gobierno de Alberto Fujimori como parte de su estrategia para reducir la pobreza: “‘¡Qué me han hecho!’, grité.
‘Ya vamos a terminar’, me contestó el médico que me cosía.  Ya me habían malogrado (esterilizado) Yo me puse a llorar. Lo recuerdo como si hubiera sido ayer. ¿Por qué? Porque a mí me esterilizaron a la fuerza y hasta hoy día sufro las consecuencias. Es imposible que lo olvide”.

Víctima del plan fujimorista
Sabina Huilca, ahora con 41 años, había cumplido 21 cuando, sin su consentimiento, los médicos del Ministerio de Salud la esterilizaron de acuerdo con un plan aprobado y alentado por Fujimori. Desde hace más de una década las víctimas de la política de planificación familiar del fujimorato han intentado infructuosamente que se castigue a los autores intelectuales y materiales. No obstante que en el 2003 el Estado peruano se comprometió con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a investigar y sancionar a los responsables, el 26 de mayo del 2009 el fiscal Jaime Schwartz Azpur archivó definitivamente el caso.

En el 2010, Schwartz también archivó el caso del financiamiento de los estudios de Keiko Fujimori con fondos públicos. En un nuevo esfuerzo por reactivar el proceso, las víctimas se han reorganizado para apelar a las instancias internacionales. El testimonio de Sabina Huilca, quien se ha sumado al esfuerzo de las mujeres indígenas y pobres –el principal objetivo de la estrategia de Fujimori–, es clave. 
Se estima que son 2 mil 022 las mujeres a quienes se afectó de por vida.

La abogada Rossy Salazar Villalobos, de la organización no gubernamental Demus, que promueve la judicialización del caso de las esterilizaciones masivas,

informó que el año que pasó se interpuso ante la CIDH una petición para que se investigue por qué el Estado peruano se niega a sancionar a los responsables.

“En noviembre último hubo una reunión de trabajo en Washington de la CIDH, luego de la cual difundió un comunicado condenando al Estado por mantener la impunidad de los casos de esterilización forzada”, explicó Rossy Salazar: “Nuestra  idea es ir a la Comisión  para luego  llegar  a la Corte Interamericana para que emita una resolución en el sentido de que el Estado peruano cumpla con investigar y sancionar a los que organizaron las esterilizaciones forzadas”.

Entre los acusados se cuenta al ex ministro de Salud Alejandro Aguinaga Retuerto, quien en reiteradas ocasiones ha negado la existencia de una política de esterilización forzada contra mujeres andinas en estado de pobreza. Aguinaga no solo es médico personal del ex presidente Alejandro Aguinaga sino también miembro del entorno íntimo de la candidata de Fuerza 2011, Keiko Fujimori. Aguinaga ha sido reelegido congresista.
“Yo quisiera olvidar pero no puedo. Es imposible. Me hicieron daño de por vida, a mi y muchas mujeres más”, afirmó Sabina Huilca, de la comunidad campesina de Huayllaccocha, Cusco.

Cifras
2,022 son las mujeres víctimas de las esterilizaciones forzadas entre 1996 y 1998.
300 mil esterilizaciones se hicieron como parte del programa fujimorista.

Hace una década Estado del Perú aceptó su culpa
En 2003, el Estado del Perú y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos firmaron un acuerdo amistoso en relación con el caso de la campesina Mamérita Mestanza, muerta en 1998 luego de aplicársele la esterilización sin su autorización.
En esa ocasión, el Perú reconoció los abusos que se cometieron en la aplicación del programa de planificación familiar y prometió investigar y castigar a los  responsables.

El Estado peruano ha documentado la realización de 300 mil esterilizaciones. La Defensoría del Pueblo ha reportado más de dos mil casos de esterilizaciones forzadas, la mayor parte en el contexto del “estado de emergencia” para combatir al terrorismo. La República.