Caso Fujimori: Cuando asoma la condena

El Tribunal Especial que lleva el juicio ha trabajado ha trabajado bajo ls dirección de su Presidente, el Vocal César San Martín, de manera regular durante varios meses. Ha celebrado 144 audiencias, registrado el ingreso de 500 documentos, recogido centenares de testimonios, y procesado pruebas y descargos de manera formal. Al trámite judicial se han sumado diligencias de diverso orden, orientadas a esclarecer hechos y deslindar responsabilidades.

La Fiscalía, a cargo de los abogados Peláez Bardales y Avelino Guillén —sobre todo este último— ha hecho un esfuerzo exhaustivo mediante el cual se ha probado de manera fehaciente la culpabilidad del acusado en la comisión de los delitos que le han sido imputados, aunque la defensa del reo ha arguído la carencia de pruebas documentales que confirmen la responsabilidad directa del mandatario depuesto.

No ha resultado posible, en efecto, mostrar un documento suscrito por el acusado mediante el cual éste ordene una ejecución u otro acto análogo. Por el contrario, el abogado del procesado se ha esforzado por construir una teoría de la defensa basada en la imposibilidad de imputar a Fujimori intervención directa en la "guerra sucia impulsada en los años de su gestión gubernativa.

La estrategia de la defensa ha sido planteada no con la idea de convencer a nadie, sino simplemente de afirmar una consideración formal que pueda ser usada en el futuro por la parte interesada a fin de obtener beneficios penitenciarios de distinto orden, incluido el indulto.

La Defensa sabe, en efecto, que Alberto Fujimori no podrá ser absuelto en ningún caso, y que tendrá que afrontar inexorablemente una sentencia condenatoria.

Lo que busca entonces es atenuar la responsabilidad del acusado para disminuir la magnitud de la pena y manejar después argumentos de orden humanitario: la salud, la edad del sentenciado, su falta de antecedentes penales y otros; para alcanzar de manera artificiosa un indulto que hoy la ciudadanía rechaza.

Procurará, sin embargo, valerse de una estratagema impúdica, asegurando que no fue posible "probar" la responsabilidad directa del acusado en la comisión de delitos de lesa humanidad.

El argumento esgrimido por ese comerciante del derecho, el Dr. Nakasaki, bien podría exonerar de responsabilidad a Adolfo Hitler en el exterminio de judíos y opositores en la Alemania Nazi.

Tampoco en el caso de Mussolini podría encontrar tribunal alguno un documento de puño y letra mediante el que "Il Duce" dispusiera el asesinato de Matteotti.

Ni Franco, ni Oliveira Salazar, habrían podido ser encontrados culpables de algo.

Pero para no mirar tan atrás, bastaría simplemente decir que, con esa lógica, Rafael Videla o Augusto Pinochet podrían haber sido liberados de todo cargo, porque no dieron órdenes escritas para la ejecución de acciones criminales, no obstante la exultante declaración del general Riveros, que se preció en su momento de que en Argentina "la guerra" se hizo con órdenes escritas y precisas de los Comandos.

Las "órdenes" existieron, sin duda, aquí y allá, pero tuvieron en todos los casos una connotación genérica que sirve para encubrir cualquier crimen: "restaurar el orden", "liquidar la resistencia enemiga", "acabar con la subversión" resultan modalidades de expresión que ocultan sangrientas intenciones porque no incluyen la expresión "matar", que bien puede incriminarse a cualquier subordinado o explicarse como "el "exceso" de un subalterno.

Así han pretendido enfrentar, desde el banquillo de los acusados, los casos emblemáticos mostrados por la Fiscalía y la Parte Civil: la matanza de los estudiantes de La Cantuta y el crimen de Barrios Altos, de noviembre de 1991, cometidos ambos por el escuadros del régimen, el Grupo Colina.

Pero la historia ha demostrado que en Nurenberg, en Santiago, en Buenos Aires o en Lima, siempre resulta posible vencer la resistencia cuando hay ánimo de justicia.

Es legítimo, en efecto, incluso legalmente, hacer uso de la teoría del dominio del hecho para deslindar responsabilidades: no es solo autor el que empuña el arma y la usa, sino también quien tiene el dominio del hecho y puede decidir en torno a él.

Un mandatario o un Jefe Superior que tiene en sus manos las riendas del Poder con relación a un determinado acto, resulta responsable de la secuela que éste produzca. Y esa es ya una concepción del Derecho.

Como consecuencia de la aplicación de esta norma, Fujimori habrá de ser condenado. Ningún tribunal -en su sano juicio- podría absolverlo. Pero la sentencia no será, seguramente la más alta, porque influirá en el ánimo de los jueces la consideración humanitaria: hoy Fujimori presenta —humillantemente— la imagen de un anciano con incontinencias estomacales y otros males.

Aunque hay quienes atribuyen esas perturbaciones de salud al miedo que le genera la condena, lo real es que ciertos medios de prensa juegan el papel de cómplices del reo con el perverso propósito de victimizar al acusado.

La sentencia que emita la Sala Especial que tiene a su cargo el juicio no tendrá, tampoco, el carácter de decisión definitiva. Fujimori apelará, sin duda, y el caso subirá a la Corte Suprema, la que a su vez encargará a una nueva Sala la revisión de la sentencia. Allí podría esperarse una reducción de la pena, que aliente el posterior indulto, por cuenta de éste gobierno u otro, el que venga después.

Lo que sí está claro es que el gobierno de Alan García está dispuesto a apoyar a Fujimori a cualquier precio. No sólo porque tiene ya un acuerdo de "gobernabilidad" con la Mafia Fujimorista; sino sobre todo porque el actual mandatario peruano es plenamente consciente que la estructura jurídica que se levantó en el proceso -y que servirá para condenar a Fujimori- podría serle aplicada a él mismo mutatis mutandi.

La naturaleza de los hechos, la imprescriptibilidad de los crímenes, la violación de los derechos humanos, el uso de la tortura institucionalizada, la habilitación de centros clandestinos de reclusión, las ejecuciones extrajudiciales, las privaciones ilegales de la libertad y la desaparición forzada de personas respondieron a un esquema que aplicó igualmente García en su primer gobierno, o Fujimori en su década dantesca.

La misma plantilla, los mismos servicios, y la misma política de exterminio y muerte fueron herramientas de los gobiernos que operaron en ese infausto periodo de la vida nacional.

Si hoy, por esos crímenes, enjuiciando y condenan a Fujimori, por los mismos y con idéntica reflexión, mañana condenarán a García. Y no habrá quién lo salve. Por eso, él ahora, busca desesperadamente salvar a Fujimori como una manera de proteger su propia imagen de mañana.

(*) Del Colectivo de Dirección de Nuestra Bandera / http://nuestra-bandera.c