Por Juan Sheput
Una vez más el entorno íntimo de Luis Castañeda Lossio se ve envuelto en un tema de corrupción. Como denuncia Daniel Yovera en las páginas de Perú 21, una vez más, el congresista Walter Menchola y el Secretario General de Solidaridad Nacional, Marco Parra, ocupan primeras páginas por un tema de corrupción, chantaje y extorsión, que por lo visto son temas comunes a dicha agrupación, que en estos días, por diochos escandalos, sobrevaloraciones y otros, marcha en caída libre en las encuestas.
Menchola: es temerario vincularme con un tema de extorsión
Qué familia más solidaria
Marco Parra fue chantajeado y tras denunciar hecho, se descubre que dos sospechosos son parientes políticos de Menchola.
Autor: Daniel Yovera
El exteniente alcalde de Lima, Marco Parra, hubiera preferido mantener en secreto una denuncia que presentó a mediados de 2009, tras haber recibido correos electrónicos con información que intentaba vincularlo a una supuesta red de corrupción, acompañada de una amenaza concreta de parte de sus timadores: 30 mil dólares, a cambio de no filtrar a la prensa siete power points conteniendo esa información.
Luego de más de año y medio de investigación, la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (Divindat) concluyó que son cuatro los sospechosos del chantaje. A mediados de setiembre de 2010, el 26 Juzgado Penal de Lima ratificó las sospechas y formalizó acusación contra los cuatro personajes, y en octubre, el 35 Juzgado Penal de Lima les abrió instrucción.
ACUSADOS. Para sorpresa de Parra, dos de los procesados –Miguel Aste Aguilar y Luis Moscoso Arana– resultaron ser parientes políticos del congresista de Solidaridad Nacional, Walter Menchola, y además resultaron ser extrabajadores de la Municipalidad de Lima durante la gestión de Luis Castañeda, lo cual, probablemente, echaría fuego a una comentada –aunque negada– pugna entre ambos dirigentes en plena campaña electoral.
Aste es esposo de Rosa Arana Araujo, hermana de Gladys Arana, quien es esposa de Walter Menchola; y Luis Moscoso es hijo de Vilma Arana, hermana de la esposa del congresista ‘solidario’.
EL INICIO. Los hechos se remontan al 5 de abril de 2009, cuando Perú.21 publicó el informe “Los millonarios negocios del exempleado de Marco Parra”, en el que se dio cuenta de presuntos vínculos entre el teniente alcalde y la empresa constructora Corporación Ingeniería y Desarrollo.
El caso es que esa publicación motivó varias llamadas desde teléfono público de una persona que no dio su nombre, y que aseguraba tener información que comprometía a Parra con una presunta red de corrupción. Dicha persona pidió un correo electrónico y envió el material a este periodista, desde la cuenta federico.elgrandee@gmail.com.
La Divindat ha establecido que, en paralelo, Parra recibió del mismo usuario los power point, pero con irreproducibles insultos incluidos y una amenaza: 30,000 dólares a cambio de no entregar esa información al periodismo. Los chantajistas se cuidaron de no hacer llegar la versión con el chantaje a este diario.
El 1 de junio de ese año, Parra fue a la Policía a denunciar a “los que resulten responsables”, pero, inexplicablemente, le dijo a los agentes de la Divindat que “quizás Daniel Yovera, periodista de Perú.21, puede saber algo de esto”. El abogado de este diario, José Leandro Reaño, recuerda que así consta en una de sus declaraciones ante la Policía. ¿Qué pretendía Parra con eso?
HALLAZGOS POLICIALES. Cuando la Policía analizó los power point, observó que se había empleado movimientos migratorios del teniente alcalde y de sus presuntos socios, registros públicos, fotos de Reniec y Sunat.
Así, por ejemplo, los procesados Moscoso y Hubert Márquez Gálvez tramitaron en la Dirección de Migraciones el movimiento migratorio de Parra y de su amigo Jorge Valdez Oyola, socios, según el power point.
Moscoso y Márquez hicieron esta gestión a pedido de Miguel Aste, en ese entonces jefe de Fiscalización de la Municipalidad de La Victoria. En diálogo con Perú.21, Aste confirmó esta versión.
El propio Aste le dijo a la Policía que buscó el reporte migratorio a pedido de Miguel Vidal Oré, pero esta persona había fallecido en 2008, por lo que la Divindat cree que habría pretendido esconder la identidad real de quien realmente le pidió ese documento.
Aste y Moscoso laboraron en la Municipalidad de Lima durante la gestión de Castañeda. El primero, por servicios personales en los años 2004 y 2005, y el segundo, por servicios no personales. Posteriormente, en 2008, este último trabajó como supervisor de concesiones y eventos del Parque de las Leyendas de la comuna limeña.
El cuarto procesado, Lalo Benites Meza, habría participado, según la Policía, en la obtención del registro vehicular del amigo y exsocio de Parra, Álex Revelli Ávila, de quien se habla también en el power point.
SILENCIOS Y REACCIONES. Este diario conversó con Marco Parra para ahondar en el tema, pero pidió mantenerse al margen de hacer pública la denuncia, pese a que fue él quien la planteó. También se comunicó con Miguel Aste y Hubert Márquez, quienes no solo negaron estar detrás de los hechos sino que expresaron desconocer las razones por las que la Policía los ha involucrado en esto.
A los procesados Moscoso y Benites no se les pudo ubicar. Solo el proceso judicial determinará si fueron ellos, o no, los responsables del chantaje. Menchola, por su parte (ver recuadro), reclamó ser ajeno a esto y no estar detrás del chantaje, pese a que este diario nunca le preguntó por eso. Lo que sí llamó la atención fue que este congresista dijera que Aste y Moscoso no tienen ninguna relación con él, cuando los nexos familiares saltan a la vista.
