El Poder Judicial revocó la condena de ocho años de prisión contra el expresidente del Congreso Daniel Salaverry por el presunto delito de peculado doloso para sí.

A cargo del caso se encuentra el juez supremo César San Martín, de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, quien declaró fundado el pedido de apelación que presentó la defensa legal del exparlamentario y aseguró que no tenía responsabilidad de los hechos imputados.

La condena había sido impuesta el 21 de marzo de este año. La Fiscalía lo había acusado de haberse apropiado ilegalmente de S/ 10,000 destinados a cubrir los gastos de sus actividades durante la semana de representación, fondos asignados por la Dirección General de Administración del Congreso entre 2017 y 2018.

Dicha sentencia además comprendió una inhabilitación de cinco años para ejercer funciones públicas, una reparación civil de S/ 119,578 y una multa de 360 días, equivalente a S/ 71,699.

Esta sentencia en primera instancia fue apelada por Salaverry, con el señalado resultado que lo exculpa de los cargos.

El canciller Hugo de Zela reafirmó, en declaraciones medios locales, que los migrantes en situación irregular que intentaron ingresar al territorio peruano esta tarde fueron retornados a Chile y permanecerán en ese país. Destacó que, durante la primera sesión del Comité Binacional de Cooperación Migratoria celebrada esta mañana, Perú y Chile acordaron impedir el flujo de migrantes irregulares entre ambas naciones.

El titular de la Cancillería explicó que la población migrante que está en la frontera entre ambos países no está en ninguna situación de limbo, sino que están en territorio chileno. Remarcó que el derecho humanitario se va a aplicar en toda su extensión, pero este no debe confundirse con el derecho de tránsito. “En ningún momento vamos a dejar de aplicar las leyes peruanas”, afirmó.

Aseguró que la situación en la frontera se restableció con una mayor presencia policial y militar, lo cual está habilitado por el estado de emergencia ordenado en la frontera entre Perú y Chile, y con patrullajes constantes en esa zona.

Además, De Zela descartó que, por el momento, se haya previsto un corredor humanitario, pues eso implicaría involucrar en las coordinaciones a Ecuador y Colombia, “asumiendo que la mayoría (de la población migrante) son ciudadanos venezolanos”.

En este contexto, el canciller Hugo de Zela calificó de “positivo” la primera reunión del Comité Binacional de Cooperación Migratoria. Aseguró que los primeros acuerdos —los patrullajes conjuntos, la coordinación entre las policías y el intercambio de información entre la policía nacional y los carabineros — reflejan el espíritu de colaboración existente entre ambos países para abordar esta situación.

Por mayoría (20 votos a favor, 5 en contra y una abstención), la Comisión de Constitución y Reglamento, que preside el congresista Arturo Alegría García (bancada FP), aprobó el dictamen, con texto sustitutorio, del Proyecto de Ley 13280/2025-PE, que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar -por 60 días calendario- en materia de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad organizada, crecimiento económico responsable y fortalecimiento institucional.

Durante la segunda sesión extraordinaria, desarrollada en el hemiciclo principal de sesiones del Parlamento, el congresista Alegría García sustentó el dictamen y sostuvo que este es “exhaustivo, técnico y responsable”.

“La comisión recomienda otorgar facultades en 48 de las 58 submaterias, lo que representa el 83 % pedido por el Ejecutivo. En materia de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, el Poder Ejecutivo solicitó 26 submaterias para legislar y se recomienda otorgar 23”, detalló el presidente de la Comisión de Constitución.

Añadió que se ha puesto énfasis en las medidas que posean un impacto inmediato para combatir la grave crisis de inseguridad ciudadana que afronta nuestro país, marcado por el crecimiento sostenible de los delitos de alta lesividad social, entre ellos la extorsión, el sicariato, actividades en las que concurren tanto organizaciones criminales nacionales como transnacionales.

“Según cifras de la Policía Nacional, las extorsiones pasaron de 3.872 denuncias en 2019 a más de 22.000 en el año 2024, evidenciando una expansión delictiva que supera las capacidades de respuestas y mecanismos tradicionales de investigación y persecución penal”, subrayó Alegría García.

Añadió que la lucha contra la criminalidad organizada se ha convertido en un asunto de interés público, prioritario y de urgente intervención legislativa.

“El predictamen advierte que la criminalidad posee una capacidad inusual de adaptación, tecnología, infiltración territorial y satisfacción operativa, lo que exige respuestas normativas integrales que articulen inteligencia, control de armas, gestión migratoria, fortalecimiento institucional y mecanismos de eficacia y prevención”, enfatizó Alegría García.

Sostuvo que la normatividad requerida “es esencial para garantizar los derechos fundamentales, preservar la gobernabilidad democrática y asegurar que el Estado mantenga el monopolio legítimo de la fuerza frente a estructuras delictivas que buscan disputarlo y que durante los últimos años han incrementado no solamente su nivel de agresividad, sino también cuantitativamente”.

“En suma, no se trata solo de incrementar sanciones o ajustar procedimientos, sino de consolidar una política pública coherente y constitucional para proteger a la ciudadanía y al propio Estado frente a amenazas complejas en evolución constante”, añadió.

Alegría García expresó que, en materia de crecimiento económico responsable, se aprobaron 17 de las 24 submaterias solicitadas y que apuntan a consolidar las fortalezas macro fiscales, mejorar la recaudación tributaria y reducir los niveles de incumplimiento tributario, contribuir con el crecimiento económico responsable, las mismas que se han visto expuestas y limitadas por los factores de riesgo como la inseguridad ciudadana.

Agregó que también se está otorgando facultades para promover la inversión como, por ejemplo, facilitar la disponibilidad de inmuebles mediante la liberación de áreas para la ejecución de proyectos, optimizar la gestión del desarrollo de los programas bajo las modalidades de asociación público privadas y el proyecto de activos, promover la inversión privada en bienes públicos integrantes del patrimonio cultural en el marco del sistema nacional de promoción de la inversión privada.

“Este predictamen evidencia que el Parlamento puede actuar con firmeza política y técnica a la vez incluso en un contexto de transición gubernamental y de emergencia nacional”, puntualizó.

En el debate intervinieron los congresistas Ruth Luque (bancada BDP), Heidy Juárez (bancada PP), Roberto Sánchez ( bancada JPP-VP-BM); Alejandro Cavero y Adriana Tudela ( bancada AvP); Wilson Soto, Maricarmen Alva y Luis Aragón ( bancada AP).

Asimismo, José María Balcázar e Isaac Mita (bancada PL); Gladys Echaíz (bancada HyD), Noelia Herrera y Alejandro Muñante ( bancada RP), Jorge Morante (bancada SP), quienes sentaron su postura respecto del dictamen y coincidiendo en la necesidad de aprobar la delegación de facultades, pero con ciertos ajustes que permitan la efectividad de las normas.