A pesar de los avances presentados durante la XLI Reunión Ordinaria de la Comisión Intergubernamental de Salud (CIGS), realizada a finales de septiembre en la ciudad de Huancayo, los indicadores en salud de la región Junín siguen reflejando una realidad preocupante y compleja. Aunque se han realizado algunos esfuerzos, los resultados no son tan alentadores; particularmente la anemia sigue siendo un desafío crítico. A pesar de los planes y políticas multisectoriales implementadas a nivel nacional, los avances en la región han sido ligeros y las cifras respecto al 2024, apenas han cambiado. La persistente alta tasa de anemia en gestantes y niños, así como la desnutrición crónica en menores, evidencia que las políticas en curso necesitan ser revisadas y adaptadas de manera más efectiva a las particularidades de Junín.

Según el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Junín enfrenta elevados índices de anemia y desnutrición crónica que siguen siendo un reto significativo. En la región, el 24% de las gestantes y el 50.5% de los niños de 6 a 36 meses padecen anemia, mientras que el 17.8% de los menores de 5 años sufre de desnutrición crónica. La persistencia de estos indicadores señala la urgencia de reforzar estrategias de atención y prevención, y evidencia que las políticas y programas actuales no han sido suficientemente eficaces para abordar de manera integral y sostenida la malnutrición en la región, lo que obliga a redoblar esfuerzos y revisar los enfoques adoptados.

Además, los indicadores relacionados con el acceso a servicios básicos en Junín revelan considerables desigualdades que afectan gravemente la calidad de vida de sus habitantes, especialmente en las zonas rurales más alejadas. De los 3720 centros poblados de la región, solo el 39.7% tiene acceso a agua potable, y el acceso a saneamiento es aún más limitado (26.1%). Solo 62.4% de los centros poblados tiene acceso a electricidad, sin embargo, el acceso a internet es bajo (10.7%). La cobertura en servicios integrales sigue siendo escasa, solo 7.7% de los centros poblados tienen acceso a todos los servicios básicos (agua, saneamiento, electricidad e internet). Estos datos no solo reflejan limitaciones en la infraestructura básica, sino una clara disparidad en el acceso a servicios esenciales que condicionan el bienestar de la población. Esta situación plantea la necesidad de un enfoque mejor adaptado a las realidades locales y un compromiso más firme para reducir estas brechas.

Por otro lado, según la Dirección General de Epidemiología, Ministerio de Salud del Perú – Sala Situacional de Dengue, 2025, Junín ha registrado 1446 casos acumulados de dengue, con una disminución del 50% comparados con los 2877 reportados en el mismo período de 2024. Sin embargo, se registra un incremento del 33% con respecto a las defunciones (3 fallecimientos en 2024 y 4 en 2025). Si bien la reducción de casos indica que las medidas de control están funcionando, el aumento en la mortalidad es preocupante; a pesar de los esfuerzos preventivos, la enfermedad sigue causando muertes en la región. Esto podría estar relacionado con factores como el acceso a la atención médica o la gravedad de los casos en algunas zonas, lo que resalta la necesidad de intensificar no solo la prevención frente a los criaderos de mosquitos, sino la mejora en la atención médica oportuna para evitar más defunciones.

Parece que el entusiasmo ha desbordado en la reciente reunión de la CIGS, especialmente al destacar que Junín se encuentra entre las regiones con mejores niveles de inversión en salud. Para comprobarlo, revisamos la consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que aporta los siguientes resultados: el Gobierno Regional de Junín dispone de un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 3 472 569 681, con una ejecución actual del 74.7%. De este total, la función Salud recibe S/ 1 073 150 913, de los cuales se han devengado S/ 786 049 305, lo que representa un avance del 73.2%.

A pesar de que el nivel de ejecución es aceptable, los resultados en el sistema de salud regional evidencian graves deficiencias. La Contraloría General de la República, a través del Informe de Orientación de Oficio N.º 033-2024-2-2814-SOO y el Informe de Visita de Control N.º 032-2024-OCI/2814-SVC, ha identificado serias falencias en los establecimientos de salud de Junín, que incluyen la escasez de personal asistencial, problemas estructurales y la falta de equipos médicos básicos. En el Hospital Domingo Olavegoya de Jauja (en estado de emergencia desde 2012), se realizó una nueva supervisión bajo el Informe N.º 018-2025-OCI/2814-SVC, donde se detectaron filtraciones, fisuras, instalaciones eléctricas expuestas y ambientes deteriorados, situaciones que ponen en riesgo la seguridad tanto de pacientes como de trabajadores. Además, se comprobó el incumplimiento de horarios por parte de los profesionales de salud, así como la ausencia de una adecuada programación de guardias médicas. Estos problemas reflejan un uso ineficiente del gasto público: mientras el presupuesto cubre el pago del personal, este no se traduce en mejoras sustanciales en la calidad del servicio ni en la creación de condiciones adecuadas para la atención.

La situación de la salud pública en Junín sigue siendo alarmante. A pesar de los avances en el presupuesto destinado a la salud y los esfuerzos intergubernamentales, las cifras de malnutrición como la alta tasa de anemia y desnutrición crónica son preocupantes. Las inversiones económicas y los planes multisectoriales no han logrado un cambio significativo en los indicadores clave de bienestar, esto refleja la ineficacia de las políticas implementadas hasta ahora. El acceso limitado a servicios básicos como agua potable, saneamiento e internet en la mayoría de los centros poblados, especialmente en áreas rurales, refuerza la desigualdad estructural que afecta la calidad de vida de los habitantes, lo que plantea un desafío aún mayor para mejorar la salud pública en la región.

La falta de personal adecuado, infraestructuras deterioradas, escasez de equipos médicos en establecimientos de salud, como en el caso del Hospital Domingo Olavegoya, revelan la falta de eficiencia en el gasto público. Aunque el presupuesto está destinado al pago de personal, ello no se traduce en mejoras sustanciales en las condiciones de los centros de atención ni en la calidad del servicio ofrecido a los pacientes. La persistencia de estos problemas, junto con la ineficiencia en el uso de recursos y la falta de una respuesta efectiva ante emergencias sanitarias como el dengue, subraya la necesidad urgente de una revisión profunda de las políticas y estrategias en salud. Es fundamental que se adapten a las realidades locales, priorizando la mejora de infraestructura, la capacitación continua del personal y, sobre todo, un enfoque integral y sostenible para garantizar un acceso equitativo y de calidad a los servicios de salud para todos los habitantes de Junín.

desco Opina – Regional / 10 de octubre de 2025