Herbert Mujica Rojas

Esta temporada de lluvias —que culmina entre marzo y abril— ha dejado al descubierto que la gestión reactiva de desastres tiene un costo humano y económico que es inaceptable. Mientras Arequipa lamentaba pérdidas humanas y una infraestructura colapsada, además de viviendas dañadas, Puno y Cusco enfrentaban emergencias paralelas que siguen el mismo patrón de vulnerabilidad y prevención postergada. Los datos de ejecución presupuestal del 2025 revelan una verdad incómoda: los recursos para prevenir estaban allí, pero su implementación llegó demasiado tarde o nunca llegó.

A nivel nacional, para el tercer trimestre del año 2025, el desempeño presupuestal Programa Presupuestal 0068 de reducción de vulnerabilidad y atención de emergencia por desastres, fue bajo, según un reporte del Ministerio de Salud. En Arequipa, el Gobierno Regional sólo ejecutó el 58,6% del presupuesto, según este reporte. Puno, por su parte, enfrenta una emergencia de dimensiones distintas, pero igualmente devastadora. Las intensas lluvias han afectado a miles de familias, con viviendas colapsadas, cultivos anegados y comunidades aisladas. Según el reporte antes mencionado, a finales de setiembre Puno había ejecutado el 54% de ese presupuesto. En Cusco, la situación combina amenazas múltiples, además de las inundaciones en la capital y provincias bajas, el departamento enfrenta riesgos de deslizamientos en sus zonas altas. La ejecución presupuestal del Programa Presupuestal 0068 hasta setiembre, revela que se ejecutó el 57%. Sabemos que no es el único presupuesto para prevención y atención de emergencias, pero este reporte nos muestra que aun montos que no superan los 4 millones de soles, en el caso de los departamentos mencionados, no pueden ser ejecutados con efectividad.

El factor común entre estos grandes departamentos del sur, que agrupan a más del 75% de la población del total de los departamentos que conforman la Macrosur, es la desconexión entre la planificación y la acción. La brecha burocrática está a la vista. Los técnicos del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) y de otras instituciones especializadas en riesgos y desastres, han señalado repetidamente que la ventana ideal para ejecutar obras de prevención se ubica entre abril y junio, inmediatamente después de la temporada de lluvias. Esta ventana permite descolmatar ríos, construir defensas ribereñas y estabilizar laderas con tiempo suficiente antes del siguiente ciclo de precipitaciones.

Sin embargo, la dinámica política regional, los procesos de contratación dilatados y, en algunos casos, la simple negligencia administrativa, convierten este ciclo técnico ideal en un calvario burocrático. Para cuando las licitaciones se publican, los expedientes se aprueban y las obras se adjudican, la siguiente temporada de lluvias ya está encima. Así, lo que debería ser prevención se convierte en una carrera contra el tiempo que, con demasiada frecuencia, se pierde. En pequeña escala, a nivel de gobiernos locales, pasa lo mismo. Y es más grave aún en municipalidades donde el personal técnico es limitado.

El año pasado se reportaron varios incendios forestales en estos tres departamentos, siendo Cusco el que tuvo más siniestros: 78, afectando hasta 779 hectáreas, según los reportes a junio del Centro de Operaciones de Emergencia Regional. Sin embargo, Arequipa tuvo una afectación casi tan grave como Cusco: 671 hectáreas con solo dos incendios. Y por qué hablamos de esto, porque hay una interconexión en las negligencias, que aumenta el peligro en esta temporada. Los incendios forestales, como los que vimos en las faldas del Misti, no sólo son una tragedia ecológica, sino que crearon las condiciones ideales para la activación de quebradas —emitiéndose una alerta roja— poniendo en riesgo a la población por la caída de huaicos en lugares sin contención. La vegetación que antes amortiguaba el impacto de las lluvias y permitía la infiltración del agua desapareció, dejando suelos desnudos, erosionados e inestables.

La cultura de la prevención engloba varias acciones para mitigar el peligro ante la temporada de lluvias, como la reforestación (no solo plantar la semilla, sino regarlas para que estas crezcan), la construcción de diques de retención de sedimentos, la instalación de sistemas de monitoreo en las quebradas afectadas y la planificación del territorio con alternativas para que las personas que ya construyeron sus viviendas en quebradas sean reubicadas. Además de promover campañas de concientización para evitar los incendios forestales que, en su mayoría, se deben a la negligencia humana.

La responsabilidad de esta cadena de fracasos en la prevención es transversal. Los gobiernos regionales y locales tienen la obligación legal y moral de ejecutar los recursos destinados a proteger a la población. El centralismo en la toma de decisiones, como no entregar a tiempo los recursos, la falta de capacidades técnicas en los equipos locales y la politización de la gestión de riesgo, son obstáculos que deben superarse con urgencia.

La ciudadanía también tiene un rol que cumplir. La demanda social debe orientarse no solo a solicitar una respuesta eficaz durante la emergencia, sino a la exigencia constante de prevención antes de la crisis. La rendición de cuentas sobre la ejecución del presupuesto destinado a la gestión de riesgo debe ser un tema de debate público permanente en diversos espacios, como las sesiones municipales, los presupuestos participativos, las audiencias públicas, etc. y no sólo reclamarlas cuando las lluvias ya causaron estragos en nuestras viviendas y calles.

La naturaleza no es impredecible en el sur andino, sus ciclos son conocidos: después de unos meses de lluvias (que traen inundaciones y huaycos), vienen las heladas. Lo verdaderamente impredecible es cuánto tiempo más toleraremos la ausencia de la prevención en la gestión pública regional y local. No se trata de repartir frazadas, víveres y hacer campañas de ayuda humanitaria todos los años, sino de ser efectivos con el presupuesto que se destina a la prevención.

desco Opina – Regional / 30 de enero del 2026