Félix Jiménez
Mediante Decreto Ley N.o 25897 del 6 de diciembre de 1992, se creó el sistema privado de pensiones, como una de las reformas neoliberales más importantes. Así, las AFP no fueron creadas por el «libre mercado» sino por el Estado, que obligó a los trabajadores a ahorrar en ellas en cuentas individuales de capitalización. El fondo de «ahorro forzoso» que las AFP debían capitalizar era la base de este modelo previsional que supuestamente aseguraría el bienestar de los trabajadores y sus familias cuando alcanzaran la edad de la jubilación, fallecieran o sufrieran de invalidez. Sin embargo, las AFP, con 21 años de existencia, no han cumplido ni cumplirán este objetivo.
Las AFP actúan como instituciones económicas extractivistas: obligan al grueso de sus afiliados a pensiones por debajo del nivel de subsistencia y extraen toda la renta restante del fondo de «ahorro forzoso» para sus propietarios y grupos económicos relacionados. Cobran comisiones elevadas, no son transparentes, ni promueven la competencia, no posibilitan ni fomentan la participación de sus afiliados en sus directorios y, peor aún, no innovan ni crean valor. Las AFP parasitan en un mercado oligopólico con un marco legal que les permitió a sus propietarios enriquecerse rápidamente. Los datos son elocuentes: 57.1% de los pensionistas de las AFP reciben pensiones menores que el sueldo mínimo de 750 soles; sus ganancias han crecido 3.5 veces más que el porcentaje de capitalización del fondo que administran (8%).
La indispensable reforma hacia una institución inclusiva
La reforma de este sistema extractivista se planteó en la campaña electoral de 2010-2011, por las mismas razones que hoy se esgrimen. El ataque mediático fue impresionante. Muy pocos defendieron la propuesta de reforma que se encontraba en el plan La Gran Transformación (LGT); el propio Humala «tiró la toalla», como se suele decir. Es y era claro que la manera como se administra el «ahorro forzoso» y el marco legal en el que operan las AFP, es lo que explica por qué el sistema no sirve para la obtención de pensiones dignas. La experiencia internacional, además, ya había mostrado que el sistema previsional privado tenía límites y que, por lo tanto, el Estado no podía desatenderse del tema de las pensiones. Richard Webb ha vuelto a «poner el dedo en la llaga» con un artículo publicado precisamente en el diario que más denostó contra la propuesta de reforma de LGT.
Esta propuesta consistía en un régimen de pensiones sustentado en dos sistemas: a) uno público con un componente contributivo obligatorio (donde se determinaría una pensión básica) y otro no contributivo que hoy es precisamente Pensión 65; y b) otro privado que serviría de complemento al primero; voluntario, basado en cuentas individuales para trabajadores asalariados e independientes, y con una regulación adecuada para impedir el extractivismo.
Esta propuesta era parecida a la que hizo la Defensoría del Pueblo el año 2005 en su Informe Defensorial N.° 99, titulado «El futuro de los sistemas de pensiones. Hacia una nueva relación entre el sistema público y el privado». La Defensoría proponía «un esquema que incluya una pensión básica y uniforme a cargo del régimen público y un sistema tipo SPP con contribución adicional obligatoria». La única diferencia con la propuesta de LGT era que en el último sistema la contribución adicional sea obligatoria, mientras que en LGT se planteaba que la contribución adicional sea voluntaria.
Es importante recordar, por su actualidad, las razones que llevaron a la Defensoría a proponer la reforma del sistema de pensiones. Decía que: «1. Los sistemas previsionales de nuestro país atraviesan en la actualidad por una profunda crisis expresada en los montos bajos de las pensiones que éstos otorgan y su escasa cobertura a nivel nacional. Una de las principales causas que explica esta crisis es el modelo de relación alternativa que existen en los sistemas público y privado de pensiones. 2. La creación de las AFP y la relación existente entre el SPP y SNP ha provocado el traslado de un grupo importante de trabajadores activos del sistema público al privado; restando de esta manera la base contributiva que permitía financiar el pago de las pensiones del sistema estatal. 3. Adicionalmente, constituye una causa de la situación actual de los sistemas previsionales, la alta rotación de la mano de obra en nuestro país y la contratación informal de trabajadores; quienes al no estar incluidos en planillas no realizan los aportes de ley».
La propuesta de LGT no descartaba la creación de una AFP estatal para contribuir con la regulación de las comisiones de las AFP privadas; además, se proponía que sobre la base de las comisiones que ahora van directamente a manos de los accionistas de las AFP, se cree un Fondo de Administración Pensionaria, para facilitar la competencia y abrir el mercado a nuevas AFP; y, por último, se proponía la participación de los trabajadores en los directorios de las AFP, en mérito a una obligación derivada del convenio 102 de la OIT sobre seguridad social.
A modo de conclusión
Como paso previo a un reforma total del sistema previsional proponemos al Congreso: a) derogar la norma que dispuso desde el 1.o de agosto pasado la obligatoriedad de los aportes previsionales para los trabajadores independientes; b) Aprobar una norma que permita a los afiliados retirar íntegramente sus ahorros si deciden no recibir una pensión mensual o cuando emigran definitivamente del país.
Diario UNO, 16.08.2014
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