Policías y fiscales allanaron esta madrugada la vivienda de Rubén Cano, alcalde de La Victoria, diligencia ejecutada en torno a una investigación sobre una presuna red de corrupción de negociado de sitios para ambulantes en la vía pública, así como cobro de cupos y extorsión.
El allanamiento de la vivienda del alcalde se realizó en La Molina. ¿Qué sucede con las leyes? ¿Por qué un alcalde no es residente del distrito a donde postuló? La Ley N.° 26864 establece que para postular, los alcaldes deben residir al menos dos años continuos en el distrito donde candidatearán. Sin embargo, dicha norma no obliga a un alcalde electo a residir en el distrito mientras dure su gestión, lo cual debería ser obligatorio.
Hecha la ley, hecha la trampa. Un potencial candidato malintencionado puede registrar en el Reniec un domicilio por dos años, sin que sea verificado. Si resulta elegido cumplió con el requisito, pero puede vivir en otro distrito, pues como en este caso, este alcalde no vive en La Victoria y queda en evidencia que más que el progreso del distrito donde resultó elegido le atraen otras cosas más turbias. De estas modificaciones debería ocuparse el Congreso dominado por el fujimorismo en lugar de legislar en favor del crimen.
Regresando al allanamiento, paralelamente se capturó a diversos empleados municipales vinculados a docja mafia, que habría tenido sometidos a los vendedores informales en el distrito.
El fiscal adjunto provincial de Lima, Carlos Angelino Córdova, explicó que la operación que moviliza a la Fiscalía contra el Crimen Organizado y la Diviac de la PNP logró la detención preliminar por 15 días para 14 individuos señalados como parte de la banda “Los Pulpos de La Victoria”.
Esta presunta organización criminal operaba desde 2024 infiltrada en la oficina de fiscalización. Para ello desalojaban a ambulantes de espacios públicos en las zonas de Gamarra de los Damero A y B, lotizar y lucar ilícitamente con esos lugares. A los ambulantes les exigían de 1,000 y 5,000 soles por un lugar, y pagos semanales o diarios de hasta 20 soles.
El análisis financiero de las autoridades indica que la mafia habría obtenido unos 75 millones de soles mediante estas extorsiones.
En estos presuntos delitos tendrían participación directa el gerente y subgerente de Fiscalización, además del encargado del Centro de Comunicaciones, quien presuntamente gestionaba el material de vigilancia.
Borraban de los videos de la municipalidad los momentos de cobro de cupos
El desparpajo de esta presunta banda era tal que los investigadores determinaron la ausencia de videos que prueben las acciones diarias de cobro de cupos en el disco del centro de monitoreo municipal. Tras las inspecciones realizads por denuncias previas, se descubrió que faltaban grabaciones de fechas y horas específicas donde se observaba a trabajadores municipales realizando los cobros ilícitos, lo cual apunta a que la mafia también se encargaba de manipular las grabaciones para eliminar esas grabaciones.
La Fiscalía plantea que el alcalde Rubén Canopermitió la contratación de perfiles específicos en fiscalización en coordinación con su personal de confianza. Pese a lo grave del contenido de las investigaciones, el Poder Judicial desestimó capturarlo, permitiendo solo el registro de su domicilio y el decomiso de evidencias.
Juan Manuel Núñez Castro, conocido como “Pulpo”, fue arrestado al ser sindicado de ser el presunto jefe de la red. El sujeto registra antecedentes penales y habría salido de la cárcel en 2014 para retomar actividades delictivas en el distrito. La Fiscalía recuerda que se advierte un patrón similar al de la antigua banda “Los Intocables Ediles”.
Las investigaciones alcanzan al gerente de Fiscalización, al subgerente de Fiscalización de Rentas y al jefe del Centro de Comunicaciones de la Municipalidad de La Victoria, quien habría tenido a su cargo la recopilación y análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad del distrito.
Los detenidos permanecen en la Prefectura de Lima. El Ministerio Público sostiene que posee pruebas contundentes, incluyendo audios y evidencia de desbalances financieros en las cuentas de los implicados.
