Por mayoría, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen que plantea ampliar hasta el 2025 el plazo que tendrán los docentes de las universidades públicas y privadas para obtener sus grados de maestría y doctorado, requisitos establecidos en la Ley Universitaria para ejercer la docencia en los estudios de pregrado y posgrado, respectivamente.
El dictamen, que se fundamenta en los proyectos de ley 489, 587, 5497, 5583 y 5958; obtuvo 84 votos a favor, 19 en contra y 17 abstenciones, según el tablero electrónico de las votaciones.
Durante la sustentación de la iniciativa legislativa, el presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, José María Balcázar Zelada (Perú Bicentenario), explicó que la propuesta busca modificar el artículo 4 del Decreto Legislativo 1496 para ampliar el plazo de adecuación a los requisitos de la Ley 30220.
Para tal fin, establece como plazo definitivo el 30 de diciembre del 2025 para obtener sus grados académicos. Asimismo, mencionó que la norma es de carácter excepcional, por lo que, por única vez, se dispone que cada universidad, exonera total o parcialmente a los graduandos de los trámites administrativos y económicos.
Durante el debate, el legislador Paul Gutiérrez Ticona (Bloque Magisterial), manifestó que la modificación de la Ley traerá beneficios significativos en términos de calidad educativa, investigación y estabilidad institucional.
El parlamentario Edwin Martínez Talavera (No agrupado) dijo que si bien es cierto se amplió el requisito de contar con el grado de doctor y maestro mediante el Decreto Legislativo 1496 y mediante Ley 31364, dichas ampliaciones no fueron complementadas con una adecuada política ni disposiciones concretas, por lo cual la propuesta legislativa es de necesidad.
Por su parte, el congresista Alejandro Cavero Alva (Avanza País), manifestó su oposición a la norma por ir en contra de la meritocracia y de la buena calidad de profesores. “Los estudiantes universitarios de nuestro país merecen una buena educación y merecen tener profesores que tengan maestría”.
En el mismo sentido, los parlamentarios Noelia Herrera Medina (RP), Susel Paredes Piqué (CD-JP) y Flor Pablo Medina (No agrupada), expresaron que la norma no ayuda a mejorar la calidad universitaria y se corre el riesgo que la excepcionalidad se convierta en la regla y a cada rato se amplíen los plazos.
