Cajamarca: Mediación para rematar la faena (militar)

En un escenario salpicado de sangre, las autoridades del gobierno central ofrecen a los cajamarquinos una mediación, que permitirá que las partes —esto es, la empresa minera y la población de Cajamarca— se pongan de acuerdo y que todo tenga un buen final.

Para el efecto se ha nombrado mediador o facilitador al obispo Miguel Cabrejos, quien tiene la función de ser árbitro de las conversaciones, para que todos se pongan de acuerdo.

Tomadas las cosas por lo que parecen ser, se diría que esta mediación, este dialogo, es lo correcto. Sin embargo, es necesario señalar que no todo diálogo es bueno, lo cual depende de si tiene o no condicionamientos, si se hace libremente o por la intimidación y asesinatos que comete una fuerza armada, o si se inicia en un momento adecuado de la secuencia de acontecimientos.

Lo que está ocurriendo en Cajamarca, la pugna entre una población que defiende el medio ambiente y una fuerza armada que desea doblegar la resistencia de la población, se explica por una desnaturalización o adulteración del diálogo, que consiste en llevar al pueblo a la mesa de negociaciones recurriendo a la violencia militar, dando por seguro que la minería se realizará de todas maneras, y que solo queda por verse alguna concesión que generosamente puedan realizar los empresarios mineros.

Observando el siguiente cuadro que muestra el proceder de un gobierno democrático (la práctica que hay en todo el mundo menos en el Perú) frente al proceder del gobierno minero-militar, notamos que en un gobierno democrático se consideran cuatro fases, mientras que en un gobierno minero-militar hay solamente tres fases:

Lo que ahora hace el gobierno minero-militar es omitir la esencial tercera fase —“Consulta popular (se hace o no proyecto)”— y de frente, con intimidación militar y muertos por medio, quiere pasar a preguntar no si los pobladores quieren o no minería, sino cómo quieren que se haga la minería (¡o sea que, en este caso, dan por sentado que el pueblo de Cajamarca sí quiere la minería!). Consecuentemente, habiendo saltado esa fase, la minera ya ha iniciado sus operaciones, mientras la fuerza armada reprime eficientemente a la población cajamarquina. En estas condiciones, en que el gobierno minero-militar ya ha tomado la decisión de llevar adelante el proyecto Conga, el «diálogo» es una emboscada, solo una formalidad para comprometer a los cajamarquinos; por tanto, si entran en el «diálogo» manipulado y no aceptan la destrucción del medio ambiente, serán calificados de «intransigentes», «radicales» o «extremistas»; si no participan en el «diálogo», igualmente los llamarán «intransigentes», «radicales», «extremistas».

Las acciones del gobierno en Cajamarca han tomado la forma y la sustancia real de una operación bélica, con militares ocupando un territorio, disparando y acorralando a la población con el objetivo de quebrar la voluntad de resistencia de los cajamarquinos para que de todas maneras acepten en su suelo la minería destructora del medio ambiente.

Sabiendo que los cajamarquinos —¡ellos mejor que nadie!— quieren mantener incólumes las lagunas, fuentes de agua y tierras, es muy necesario que las autoridades de Cajamarca mantengan su posición de defender los intereses de su pueblo, y que el mediador (la Iglesia) no se haga cómplice del gobierno saltando u omitiendo la tercera fase —“Consulta popular (se hace o no proyecto)”—; es esencial que el diálogo se inicie, en primer lugar, determinando si la población quiere o no la actividad minera, lo cual debe definirse en un referéndum (¿no estamos en una democracia?).

Coerción

Hasta la fecha no se ha conocido que el gobierno anuncie que la fuerza armada se retira de Cajamarca. Esto se explica por el carácter de operación militar que tienen estos eventos. En una guerra —entendamos que el gobierno minero-militar considera que está en guerra contra el pueblo— los militares se aseguran de mantener a la población atemorizada y presionada hasta el último momento, que son las negociaciones de rendición, para asegurarse de que el vencido (pueblo de Cajamarca) acepte incondicionalmente (rendición incondicional) lo que impone el vencedor (gobierno minero-militar).

En estas condiciones de atropello de las libertades democráticas, en Cajamarca deben entender que para el gobierno de Lima la mediación es la fase final de una operación militar exitosa, que debe dar por resultado la imposición de la actividad minera, quiera o no la población.

Claro que para dorar la píldora el gobierno minero-militar puede ensayar concesiones nimias y corruptelas, como ofrecer a los cajamarquinos obras públicas, educación, salud, etc., a cambio de aceptar la actividad minera. ¡Como si no fuese obligación del gobierno hacer obras y dar educación y salud, haya o no minería!

Los empresarios mineros y los militares ya ven a los cajamarquinos tan indefensos como el inca Atahualpa en manos de los invasores españoles, solo que esta vez los invasores son peruanos.

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