Canciller se quedó con sueldos cobrados en forma indebida
En noviembre del año pasado, en conferencia de prensa, el partido Perú Posible denunció que el actual ministro de Relaciones Exteriores, José Antonio García Belaunde, cobró doble sueldo del Estado, por lo que fue conminado a devolver el dinero indebidamente cobrado, pero al final una decisión de la misma Cancillería, firmada por el entonces vicecanciller, Harold Forsyth, le permitió quedarse con los S/.84,784 en juego, según documentos a los que tuvo acceso LA PRIMERA.
La citada documentación prueba cómo García Belaunde cobró de manera indebida más de S/.80 mil cuando se desempeñaba como asesor del Secretario General del Pacto Andino, desde 1996 al 2004, y también como funcionario de Torre Tagle en aquellos años, pese a que percibir ambas remuneraciones a la vez estaba prohibido.
Este diario, también, pudo conocer quiénes autorizaron ese pago indebido a finales del gobierno de Alejandro Toledo, incurriendo en actos que rayaron en lo ilícito. Es el caso del exvicecanciller Harold Forsyth, quien a través de una norma con nombre propio, habría favorecido al actual Canciller de la República.
Cobro ilegal
La historia de este desaguisado se remonta a la década del 90, en pleno apogeo del fujimontesinismo, cuando, en diciembre de 1996, García Belaunde contaba con una licencia de la Cancillería para trabajar como director secretario de la Junta del Acuerdo de Cartagena.
Aunque el documento emitido no menciona si ese permiso era “con goce de haber” o sin él, lo cierto es que desde diciembre de 1996 hasta julio del 2004, García Belaunde recibió puntualmente sus pagos como diplomático en actividad de la Cancillería. Paralelamente, recibía su sueldo de la Junta, hoy conocida como Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).
Como puede apreciarse en el recuadro, hasta 1998, el pago que le hacía la Cancillería fue en un primer momento de S/.968 al mes. El monto aumentó a S/.1,123 a partir de 1999, y se incrementaba en julio y diciembre de cada año, debido a los aguinaldos de ley.
Para sustentar su derecho al pago doble, el canciller recurrió al famoso estudio Echecopar, así como al reputado abogado y exministro Fujimorista Alfonso de los Heros, quienes evacuaron un informe que señala que las resoluciones directorales en relación a pagos realizados a los embajadores vulneran las disposiciones constitucionales y legales.
También que esos dispositivos resultan nulos en cuanto a pretender el reintegro de las remuneraciones pagadas con anterioridad a la vigencia de la Ley 280921.
Empero, la norma referida aclara que no corresponde seguir percibiendo remuneración del estado peruano cuando se cumple funciones con licencia en organismos de nivel internacional. La pretensión de los apelantes es que antes de la fecha de esa norma, expedida en el 2003, no había limitación para recibir remuneraciones por doble conducto.
Pesquisas en Torre Tagle
Investigaciones administrativas realizadas el 2004 por la Cancillería, revelaron que varios funcionarios estaban cobrando por partida doble, pues cumpliendo labores remuneradas en organismos internacionales, también recibían su sueldo de Torre Tagle. Se trataba de más de 20 diplomáticos, entre ellos García Belaunde.
Ante las evidencias de esta ilicitud, la opinión de la Oficina de Asuntos Legales de la Cancillería fue clara, pues señaló que el dinero debía ser devuelto, con intereses sumados. Este parecer fue similar al del experto en derecho administrativo Pedro Patrón Bedoya, quien se pronunció en el mismo sentido.
En agosto del 2004 el embajador Luis Solari Tudela, viceministro y secretario general de la Cancillería, dirigió un memorando a la Secretaría de Administración de la Cancillería indicando que se habían producido abonos indebidos de haberes pues según el artículo 10º de la Ley 28091 del servicio diplomático y lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 894, dichas licencias se conceden sin goce de haber.
Ante una consulta interna, la embajadora Nita Gamio de Barrenechea, entonces a cargo de la oficina de Asuntos Legales de la Cancillería, precisó, como se puede leer en un memorando interno, que al haberse detectado el pago indebido, la Secretaría de Administración deberá requerir expresamente su devolución y el monto requerido.
Según el documento se debería adjuntar la resolución directoral expedida por el director general de Desarrollo de Recursos Humanos, en la cual se determina la respectiva responsabilidad pecuniaria, obligación “de origen legal y contenido patrimonial que tiene por finalidad el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados al Estado”.
El funcionario Nicolás Roncagiolo, entonces secretario de Administración de la Cancillería, firmó la carta para el embajador García Belaunde, en la que se requería la devolución de las remuneraciones recibidas durante seis años, las cuales sumaban 84,784 soles.
Norma con nombre propio
Ese dinero del fisco nunca fue devuelto. En junio de 2006, tras los resultados en segunda vuelta que ganó el APRA, el presidente Alan García designó a García Belaunde como asesor en política exterior y posteriormente canciller.
Días antes que García Belaunde juramentara como canciller, el 28 de julio del 2006, en virtud a una norma que no fue publicada en El Peruano, la deuda que tenía con la Cancillería fue condonada.
La norma con evidente nombre propio fue firmada por el entonces vicecanciller Harold Forsyth, pese a que contravenía informes legales negativos elaborados por la Oficina de Asuntos Legales de la Cancillería.
La Primera.
