La comisión del Congreso recomienda acusar al mandatario por incurrir en los presuntos delitos de organización criminal, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo en varios casos.
El documento también contempla el análisis de otros casos como las injerencias ante el jefe de la Sunat, presiones en el proceso de ascensos militares y el hallazgo de 20 mil dólares en la oficina de
El informe final de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso recomendó acusar constitucionalmente al presidente Pedro Castillo, por presuntamente haber delinquido al integrar organización criminal y haber perpetrado negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo.
El informe, según RPP Noticias concluye que Castillo, el exsecretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, el exministro Juan Silva y los empresarios Zamir Villaverde y Karelim López “estuvieron relacionados para coordinar los direccionamientos de los resultados” de las licitaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
La comisión está presidida por el congresista de Fuerza Popular Héctor Ventura y comprende el caso Puente Tarata. Audios y otros elementos analizados por la comisión, señalan que los empresarios que integraron el Consorcio Puente Tarata III, ganador de la obra por S/232.5 millones, habrían entregado dinero al jefe de Estado a través de Karelim López.
Tapusa, una de las empresas que conformó dicho consorcio, también entregó dinero al entonces ministro de Transportes Juan Silva a través de Zamir Villaverde, quien cumple prisión preventiva por este caso, indica el informa.
El informe dice que tanto Castillo como Silva controlaban a algunos funcionarios como Alcides Villafuerte, exgerente de Obras de Provías Descentralizado; los integrantes del comité de selección de la obra Puente Tarata, Víctor Efrén Valdivia y Edgar Vargas; el asesor de Silva, Juan Altamirano Sánchez y Hugo Trece, Jefe de la Subdirección de Conservación de Provías Nacional, este último, fue recomendado por Zamir Villaverde y era el responsable de los servicios de mantenimiento de carreteras en todo el país.
En otro punto, el informe recomienda acusación constitucional contra Pedro Castillo y el exministro de defensa Walter Ayala por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias en el caso de injerencias en los ascensos de las Fuerzas Armadas (FF.AA).
Otra recomendación del informe es acusar constitucionalmente a Castillo y los exministros Juan Silva y Juan Carrasco por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, de negociación y compatible o aprovechamiento indebido del cargo, por mantener reuniones en la casa del pasaje Sarratea ubicada en Breña sin que se hayan transparentado.
El informe contiene otros casos como las injerencias ante el jefe de la Sunat.
La comisión pide a la Fiscalía de la Nación continuar con la investigación preliminar contra Burno Pacheco, exsecretario general de Palacio, por el caso del hallazgo de 20 mil dólares en sus oficinas.
