El congresista Víctor Mayorga, con el apoyo de la Red de Parlamentarios contra la Corrupción, RPCC, presentó un nuevo proyecto de ley para declarar imprescriptibles los delitos de corrupción de funcionarios públicos, iniciativa que ha sido frenada en siete oportunidades en el Congreso, desde el 2001, habiendo sido presentado por grupos como Alianza Parlamentaria, Partido Nacionalista o Unidad Nacional, quienes se han encontrado con la oposición de la mayoría.
Sin embargo, el congresista Mayorga, de UPP, no se da por vencido e insiste esta vez con el Proyecto de Ley N.° 1082/2006, que ha contado con el apoyo de la RPCC. Para explicar esta problemática, el congresista Mayorga realizó una audiencia pública en el Congreso de la República, el día viernes 26, en la cual fue acompañado por el congresista David Waisman y representantes de la Defensoría del Pueblo, del Poder Judicial, el Consejo Nacional Anticorrupción y del Foro Solidaridad Perú. El congresista David Waisman manifestó su total apoyo al proyecto, pues dijo que no se puede construir una verdadera democracia sin afrontar con valentía la inmoralidad y la corrupción. Él se encuentra trabajando desde los inicios de la caída del régimen fujimorista en la investigación de estos delitos, por lo cual presta todo su apoyo al congresista Mayorga en esta iniciativa. Recordó la historia de los juicios de residencia, modelo que debe servir para aprobar normativa en este sentido. El representante de la Defensoría, Roberto Pereyra, señaló que se debería considerar los avances en la legislación realizados en Estados Unidos, donde existen normas de protección a los funcionarios que revelan casos de corrupción y que se debe desterrar la cultura del secreto, en lo cual se ampara la corrupción para ocultar sus fechorías, por lo que es necesario aplicar más transparencia de la que existe. Este proyecto considera necesario modificar el artículo 41.° de la Constitución Política del Perú, que vendría a ser el siguiente (el cambio aparece en negritas):
Artículo 41º
Los funcionarios y servidores públicos que señala la ley o que administran o manejan fondos del Estado o de organismos sostenidos por éste deben hacer declaración jurada de bienes y rentas al tomar posesión de sus cargos, durante su ejercicio y al cesar en los mismos. La respectiva publicación se realiza en el diario oficial en la forma y condiciones que señala la ley.
Cuando se presume enriquecimiento ilícito, el Fiscal de la Nación, por denuncia de terceros o de oficio, formula cargos ante el Poder Judicial.
La ley establece la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como el plazo de su inhabilitación para la función pública.
En el caso de delitos cometidos contra el patrimonio del Estado, por los funcionarios comprendidos en el artículo 99 de la Constitución y los que determina la ley orgánica, la acción penal es imprescriptible.
Por Nuestro Perú espera se publique la lista de congresistas que apoyan y los que no apoyan este proyecto de ley, para que la ciudadanía pueda conocer con nombres y apellidos cuáles son en realidad las manos negras que impiden la lucha conta la corrupción, no puede ser que continuemos dando espectáculos como el del mismo Presidente de la República, amparándose en la prescripción para escapar de la investigación por las denuncias de enriquecimiento ilícito de que es objeto, con lo cual se da un pésimo ejemplo a la niñez y la juventud.
