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El Pleno del Congreso aprobó por insistencia,la propuesta que garantiza el cumplimiento de la ley N.° 29625, Ley de devolución del dinero aportado al Fonavi a los trabajadores que contribuyeron a este fondo, priorizando a la población vulnerable, como consecuencia de la pandemia del COVID-19.
La autógrafa había sido observada por el Poder Ejecutivo. La decisión se tomó este viernes 23 por 90 votos a favor, 3 en contra y 14 abstenciones. Además, la propuesta no requiere de segunda votación.
El presidente de la Comisión de Economía, Anthony Novoa Cruzado (AP), señaló que desde ese grupo de trabajo se ha creído conveniente desestimar las observaciones presentadas por el Poder Ejecutivo, toda vez que los recursos que se van a devolver son de los fonavistas, por lo que no se estaría afectando el tesoro público, no se genera gasto público y se dispone que el cumplimiento del pago de deuda conforma lo establecido por el Tribunal Constitucional (TC), en su sentencia 007-2012.
Expuso que la autógrafa observada en el artículo 2, literal a) excluye a los fonavistas que se beneficiaron de la devolución de su dinero por un monto igual o mayor a su aporte. Asimismo, consideró que no existe una doble actualización, sino un cálculo de interés independiente de valor constante que es diferente a que se haya generado una doble autorización al incluir a la tasa de interés legal y el índice de precios al consumidor.
Agregó que el certificado de reconocimiento y aportaciones y derechos del fonavista van en la línea del objeto de la ley, toda vez que representa el valor reconocido por la comisión ad hoc al ser devuelto y además presenta deuda pública con el acreedor individual, que tiene naturaleza de título de valor negociable y de libre disponibilidad, con lo cual se estaría garantizando el cumplimiento de la devolución de los aportes a los fonavistas y además se enmarca dentro de lo ordenado por el propio TC.
“Haremos justicia en beneficio a todos los fonavistas que vienen esperando por años que se le devuelva su dinero”, indicó el titular de ese grupo de trabajo.
En la misma línea, el congresista Javier Mendoza Marquina (UPP) señaló que la norma favorece al pueblo peruano, a los miles de aportantes al Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) que por décadas han estado luchando en las calles, movilizándose permanente en los últimos años para que se les escuche, y para que se les devuelva su dinero.
“Hoy más que nunca este Congreso hará eco de esa demanda, tan legitima de nuestros compatriotas, al aprobar, por insistencia, una norma importante para el pueblo. Creemos en la justicia, en devolverle la esperanza a nuestros ciudadanos de a pie, más aún cuando nuestros hermanos fonavistas a estas alturas de la vida, en su mayoría, son mayores de edad que no tienen dinero. El Gobierno es indolente”, indicó.
Por su parte, el parlamentario Fernando Meléndez Celis (APP) sostuvo que esta proyectada norma responde a una deuda pendiente que se tiene con millones de peruanos que todos los meses han aportado, pero que en el devenir del tiempo el Estado les falló.
“Si hay algo que el Perú le exige a este Parlamento y reconoce como el trabajo de este nuevo Congreso es que hemos sido capaces de poner en debate los temas álgidos que los gobiernos de turno que poco o nada les ha interesado resolver”, manifestó.
A su vez, Meléndez señaló que el Perú reconoce a este Congreso por la aprobación de leyes importantes como la AFP y CTS, por lo que exhortó al presidente de la República, Fracisco Sagasti, que de una vez promulgue las iniciativas legislativas para hacer justicia a millones de peruanos.
Mientras que el parlamentario Orlando Arapa Roque (NC) lamentó las observaciones del Poder Ejecutivo, y consideró que no hace más que dar la espalda al pueblo, perdiendo el tiempo a leyes que ya han sido promulgadas.
Consideró que el artículo 1 del primer párrafo no solo se debe hacer referencia a la población beneficiada afectada por la COVID-19, sino a todos por ser un derecho adquirido de los trabajadores por muchos años.
En la misma línea, el legislador Jorge Vásquez Becerra (AP) consideró que la normativa es de justicia social, cuestionó las observaciones del Poder Ejecutivo, pues consideró que es una demanda social que beneficia a miles de peruanos a nivel nacional.
Finalmente, el congresista José Luis Ancalle Gutiérrez (FA) dijo que la norma recoge las necesidades del pueblo y que busca favorecer a miles de padres de familia que han realizado luchas constantes, protestas buscando la reivindicación de sus derechos.
“Desde este Parlamento apoyamos la insistencia de este dictamen que los va a favorecer y es una disposición de justicia, de dignidad y, sobre todo, de búsqueda de trato igualitario de parte del Poder Ejecutivo”, puntualizó.
