En lo que es ya un festival de leyes en favor de los delincuentes, el Congreso aprobó en primera votación el proyecto de ley que “precisa” la aplicación de la llamada “Ley Soto”, por la cual los jueces deberán aplicar la ley sin ningún derecho a interpretación y “ceñirse a lo que el Parlamento emana como voluntad popular”, decisión que debe estar celebrando el hampa congresal, l y gubernamental.
La ratificación obtuvo 67 votos a favor. Esta ley además reduce a un año el plazo de suspensión de la prescripción en investigaciones. En términos prácticos, esto significa que ciertos delitos podrían prescribir más rápidamente, beneficiando a los acusados al impedir que sean juzgados.
Al Congreso no le ha interesado la serie de cuestionamientos de expertos y especialistas judiciales y decidió proteger a los corruptos.
La Corte Suprema del Perú ha declarado la ley como desproporcionada e inconstitucional, indicando que su aplicación no es adecuada y debe ser revisada por el Tribunal Constitucional o derogada por el Congreso.
Como se recuerda, se trata también de una ley con nombre propio, la Ley 3175 (“Ley Soto”), permitió al presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Soto, evitar una condena de ocho años de prisión por el delito de estafa. El prófugo Vladimir Cerrón, el expresidente Martín Vizcarra y el parlamentario Jorge Luis Flores Ancachi también recurrieron a esta normativa para escapar del brazo de la justicia.
