Los procesos de consulta previa implementados hasta el momento están poniendo en tela de juicio la eficacia de ésta para velar por los derechos colectivos de los pueblos indígenas. En los últimos meses se ha venido desarrollando dos procesos emblemáticos: Hidrovía Amazónica y Lote 192; precisamente en este último, el Estado ha dado por concluida unilateralmente la consulta previa a pesar que, hasta la fecha, de las 27 propuestas realizadas por las comunidades indígenas, 5 no han tenido respuestas, 17 estuvieron siendo debatidas con los equipo de asesores, y solo en 5 existe consenso.
Grupo Técnico de las Federaciones Indígenas (Federación Indígena Quechua del Pastaza- Fediquep y Feconat- Federación de las Comunidades Nativas del Alto Tigre) integrado por el Grupo Técnico de la Coordinadora Nacional de DDHH sobre Pueblos Indígenas, CooperAcción, Oxfam.
Se complica consulta en el Lote 192
Una carta enviada por las Federaciones Indígenas de las cuencas del río Pastaza y Corrientes dirigida al Presidente Ollanta Humala -con fecha 20 de agosto- critica seriamente la etapa de diálogo, y ha sido el detonante para que el Estado diera por concluido el proceso, pese a haber temas pendientes. Así, el oficio de respuesta dada por el Ministerio de Energía y Minas, a través del Director General Asuntos Ambientales Energéticos, Renato Baluarte, señala “por no haber tenido respuesta sobre las propuestas del Estado y no tener respuesta para retomar el diálogo o plantear una fecha alternativa (…) corresponde al Estado concluir la etapa de diálogo intercultural y proceder con la etapa de decisión al no haberse alcanzado acuerdos.
En esta comunicación se acusa a las comunidades de supeditar los acuerdos a la determinación de una propuesta de beneficios. Estas afirmaciones llaman la atención pues fue el Estado, quien en la reunión del 14 de agosto, fecha en que se retomó el diálogo entre el Estado y las federaciones de FEDIQUEP, FECONACO, FECONAT y ORIAP, puso como único punto a tratar el tema de beneficios.
En dicha reunión solo formalizaron acuerdos alcanzados con anterioridad con FECONAT y ORIAP, organizaciones con las que el Estado se había reunido por separado. Ambas federaciones aceptaron la propuesta de un aporte de 0.75% del valor de la producción fiscalizada del lote, monto que debía ser empleado en proyectos de desarrollo y vigilancia ambiental. Esta situación generó desconcierto en las comunidades FECONACO y FEDIQUEP, pues ambas organizaciones no aceptaron el monto, alegando que era muy pequeño considerando la producción del lote. En los días posteriores sus principales líderes han expresado su descontento: “El Estado tenía preparada una estrategia, ellos han pensado que condicionándonos vamos a firmar aceptando el 0.75%, pero nosotros estamos solicitando el 2,5%, son 45 años que nosotros hemos aportado con nuestros recursos, ¿cómo es posible que nos ofrezcan el 0.75%? señala Aurelio Chino Dahua, presidente de FEDIQUEP, y agrega que lamenta la desunión entre las comunidades que integran el Lote 192.
Nuevo operador Lote 192
El Lote 192 que produce el 17% del crudo nacional, estará a cargo de Pacific Stratus Energy (antes Pacific Rubiales), compañía canadiense con sede en Toronto y oficinas en Bogotá, Colombia, operador cuestionado por despojos, violaciones de derechos humanos y serios problemas ambientales en Colombia. Esta petrolera sufrió una fuerte crisis financiera, registrando pérdidas por un monto de 722 millones de dólares en el primer trimestre del 2015, atribuida a la baja significativa del precio de los hidrocarburos.
Además, Pacific Stratus Energy no es empresa nueva en nuestro país, opera los lotes Z-1 en Tumbes, lotes 135 y 137 en Loreto, Lote 138 en Ucayali y Lote 116 en Amazonas, precisamente en este último ha ocasionado grandes impactos negativos contaminantes. “Hay graves denuncias de las poblaciones debido a la contaminación en el Lote 116, no sería una buena noticia para la gente el ingreso de Pacific al Lote 192” comenta el Abogado Juan Carlos Ruiz del Instituto de Defensa Legal (IDL).
Ismael Vega, investigador del Centro Amazónico de Antropología y Acción Práctica (CAAAP) señala que se trata de una empresa canadiense que tiene una presencia importante en Colombia y que en Perú tiene un número importante de lotes petroleros. Manifiesta que en el caso del Lote 116, las organizaciones indígenas vienen exigiéndole al Estado que suspenda las actividades de exploración y se inicie un proceso de consulta previa.
Cabe señalar que Pacific fue seleccionada pese a que hubo una oferta mayor. Mientras que ésta ofreció 40 millones de dólares, Omega tuvo una propuesta de 54 millones de dólares, y además se comprometió a desarrollar programas sociales con las comunidades que están en las zonas de influencia del lote. Fuentes oficiales informaron que Omega no ganó la concesión debido a que produce menos de 3 mil barriles de petróleo al día y es considerada una empresa pequeña para encargarse de uno de los lotes más importantes del país.
Peligra remediación
La empresa Pluspetrol Norte S.A. -que administró el Lote 192 por 15 años- culmina su contrato de explotación del Lote 192 el 29 de agosto, y por increíble que parezca, no tiene un Plan de abandono aprobado por el Estado. El Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Energía y Minas presentaron observaciones al plan Pluspetrol, y hasta la fecha no existe otro proyecto de remediación.
A ello se suma que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), inició un proceso en el cual sanciona a Pluspetrol por no cumplir con la remediación de los lugares afectados por la actividad extractiva, los cuales han contaminado agua, aire y suelo de los territorios que ocupan el Lote 192. Según el OEFA, Pluspetrol debe resarcir el daño causado aún después de culminado su contrato. Sin embargo hay un silencio gubernamental en cuanto al tema.
“El Plan de Abandono fue desaprobado por el OEFA, ya que no absolvió las observaciones en relación al cierre de 92 sitios impactos que no fueron inicialmente considerados. Se supone que cuando se desaprueba un plan se debe presentar otro. Esperamos que el Estado tenga los instrumentos legales para exigir a Pluspetrol que cumpla con sus obligaciones ambientales”, sostiene Leyva.
Agrega que es totalmente legítimo dudar de Pluspetrol, más aun teniendo en cuenta que ya se vence el plazo de las operaciones. “Depende mucho del Estado peruano fiscalizar y garantizar que se cumpla con la remediación”.
Consulta de Hidrovía Amazónica vuelve a etapa informativa
Otra consulta en cuestión es la del proyecto Hidrovía Amazónica, proyecto que pretende integrar la Amazonía peruana mediante una red fluvial que atravesará los ríos Ucayali, Marañón, Huallaga y Amazonas. El proceso de consulta se inició debido a una acción de amparo presentado por la organización indígena ACODECOSPAT contra Proinversión y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), y actualmente este proceso ha regresado a la etapa informativa, porque las comunidades indígenas vienen demandando mayor transparencia e información en cuanto a impactos ambientales y sociales de la mega obra.
En la última reunión entre el Estado y las comunidades indígenas de Loreto y Ucayali se llegó a un acuerdo con el MTC, así el acta suscrito señala que el proceso se extenderá hasta setiembre, y volverá a atravesar la fase de evaluación, y finalizará con el diálogo.
“Nuestra propuesta ha sido aprobada en un 100%, hemos llegado a un acuerdo con el MTC después de varias propuestas y contrapropuestas. Nos parece justo que el Estado vuelva a brindar información porque las comunidades lo necesitan, a fines de setiembre estaremos nuevamente en la etapa de diálogo”, señala Jorge Pérez, presidente de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente-ORPIO.
Por su parte Leyva agrega que un proceso como este requiere plazos razonables, pues se debe garantizar un diálogo intercultural, eso supone también ser flexibles con las etapas y con el tiempo.
“La consulta previa debe ser una política clara, que responda a un convencimiento por parte del Estado. La consulta, lejos de ahuyentar la inversión, lo que hace es tratar de llegar a resultados positivos en términos de ganancias para los empresarios, respeto al medio ambiente y a los derechos de los pueblos; esto haría que las inversiones sean sostenibles y se traduciría en la reducción de conflictos sociales y ambientales”, concluye Vega.
