Entierro de los restos de estudiantes de La Cantuta asesinados por el Grupo Colina
Ante el avance del trámite del proyecto de ley 7549/2023-CR respaldado por el fujimorismo y partidos afines, que amnistía a militares y policías criminales que perpetraron delitos graves contra los derechos humanos durante la época del terrorismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado peruano suspender “inmediatamente” dicha gestión.
El proyecto de ley fue aprobado en segunda votación por la Comisión Permanente del Congreso el pasado 9 de julio y fue presentado por el congresista Jorge Montoya, exjefe de las Fuerzas Armadas, a quien se sumaron las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Podemos Perú, Renovación Popular y Honor y Democracia.
La norma pretende otorgar amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los comités de autodefensa que se encuentren denunciados, investigados, procesados o hayan sido condenados por violaciones de derechos humanos cometidas entre 1980 y 2000.
Como se sabe, las violaciones de derechos humanos fueron gravísimas e incluyen asesinato de civiles, incluyendo niños y mujeres, masacres, torturas entre los más graves. También se cuenta casos como el la agente de inteligencia Mariella Barreto, quien fue descuartizada viva por el régimen fujimorista. Se ensañaron especialmente contra campesinos pobres, pero también asesinaron estudiantes, periodistas y otros, incluso hubo un horno en Ayacucho para desaparecer a las víctimas y otro en el Pentagonito.
Además cometieron delitos como violación de mujeres, latrocinios, amenazas y otros, perpetrados durante los gobiernos de Alan García y Alberto Fujimori, quien alentaba dichos crímenes, por ejemplo ascendiendo a criminales como los del Grupo Colina.
La CIDH advirtió que la iniciativa podría vulnerar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, que son unos de los que llegaron a dicha institución, e instó a que a suspender el proyecto, y si el Congreso no lo suspende, llama a las autoridades competentes se abstenerse de aplicarla hasta que dicho órgano cuente con todos los elementos necesarios y se pronuncie sobre el fondo de la solicitud de ampliación de medidas provisionales, así como el impacto de la ley en los referidos casos.
Paralelamente, la CIDH convocó al Estado peruano, a los representantes de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a una audiencia pública para el 21 de agosto en su sede en San José, Costa Rica.
Expertos de la ONU también en contra del proyecto de ley por ser violación de normas internacionales
Días atrás, expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó su preocupación ante la aprobación de este proyecto de ley, que obtuvo 16 votos a favor, 11 en contra y ninguna abstención.
“La legislación propuesta impediría el procesamiento penal y la condena de individuos que cometieron graves violaciones de los derechos humanos durante el conflicto armado interno de Perú. Ello pondría al Estado en claro incumplimiento de sus obligaciones en virtud del derecho internacional”, señalaron en un comunicado.
Enfatizaron que el Perú tiene la ·obligación de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes de derecho internacional cometidos durante el conflicto” y recordaron que las normas internacionales prohíben amnistías o indultos para crímenes tan graves.
Alertan que si se promulga la ley, afectaría a 156 casos con sentencia firme y más de 600 procesos judiciales en curso relacionados con violaciones graves de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos durante el conflicto armado interno.
“No garantizar la responsabilidad penal por estos crímenes viola las normas de los tratados de derechos humanos y de jus cogens, así como el derecho internacional consuetudinario. También impide el acceso de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación”, indican y exhortan al Gobierno de Perú a ejercer su prerrogativa constitucional de vetar la ley, que “contraviene claramente las obligaciones internacionales de Perú”.
