Denuncian que Ley de aguas ahora es privatista
Variaron acuerdos de primera votación
En medio de un vergonzoso espectáculo político, el oficialismo pretendió borrar con el codo la ley de recursos hídricos cuyo texto aprobado en primera votación el pasado 1 de marzo, fue groseramente modificado durante la segunda votación en la sesión plenaria de ayer.
Sin embargo, el oficialismo se burló una vez más del país y de los acuerdos con las organizaciones de riego, al imponer un texto de aguas que se inscribe en la lógica privatista del aprismo por vender al mejor postor nuestros recursos estratégicos.
El gobierno es irresponsable con el país y las generaciones venideras al no garantizar el agua como dominio inalienable e imprescriptible y sin fines de lucro, sostuvo la congresista Juana Huancahuari.
La bancada nacionalista responsabilizó al oficialismo de querer imponer una ley a la medida de los intereses privados de las empresas y de espaldas a los requerimientos de la mayoría de la población, de las Juntas de regantes y de las comunidades campesinas y nativas.
La decidida reacción de los parlamentarios nacionalistas permitió que el debate se postergue para la siguiente sesión del Pleno, pero dejó en evidencia que será necesario el pronunciamiento y la participación activa de las organizaciones involucradas en este tema para que la norma no incluya modificaciones realizadas bajo la mesa.
“El paro agrario y las consecuencias derivadas de la movilización nacional serán de exclusiva responsabilidad del Apra que hoy mostró una vez más de qué lado de la tortilla están”, sostuvo la parlamentaria nacionalista.
Por ello Huancahuari responsabilizó al Presidente de la Comisión Agraria, Mario Alegría Pastor, de alterar la versión de la ley de recursos hídricos de manera anti-reglamentaria.
Explicó por ejemplo que algunas de las moificaciones son las siguientes: en el artículo 2 se elimina la expresión “sin fines de lucro” con lo cual se abre la puerta para que la gestión del agua pueda otorgarse para fines de explotación privada. Con esto se desconoce el acceso al agua como derecho humano que viene siendo reconocido a nivel internacional, y también por el Tribunal Constitucional del Perú.
Por otro lado en el Artículo 15, inciso 7, se había aprobado que el otorgamiento de derechos de uso se hace por la Autoridad Nacional a través de los órganos descentralizados, previa opinión favorable de los Consejos de Cuenca. Sin embargo este texto también ha sido cambiado y se elimina la participación de los Consejos de Cuenca en el otorgamiento de los derechos.
La Autoridad Nacional del Agua se estructura a través de órganos desconcentrados que depende de Lima, y los Consejos de Cuenca regionales son reducidos a órganos de coordinación y concertación sin verdadero poder decisión en la gestión del agua.
Por estos y otros cambios inconsultos que se pretendieron imponer por la mayoría aprista del Congreso, la representación nacionalista se vio obligada a protestar enérgicamente reclamando el respeto a las decisiones de consenso que se habían logrado a través de las decisiones anteriores, pues no están dispuestos a que esta ley permita privatizar un recurso elemental para la población nacional.
