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Gobernador Regional de Puno habría concertado anulación de penalidades a consorcio encargado de obras en hospital. Además fueron detenidos otros cuatro involucrados
La epidemia de corrupción continúa en los gobiernos regionales. Esta vez es el turno del gobernador regional de Puno, Agustín Luque Chayña, quien fue detenido esta tarde por la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios de esa región por la presunta comisión del delito de colusión agravada, relacionada con irregularidades en las obras de reforzamiento del hospital Manuel Núñez.
A Luque Chayña se le atribuye haber concertado con el Consorcio Hospitalario Manuel Nuñez, representado por el ciudadano extranjero Chen Junkun, un acuerdo formal por el cual retrotrajeron el cobro de penalidades, superiores a los 500 mil soles, aplicadas al consorcio respecto de la obra que se le había encargado, causando de esa forma un perjuicio patrimonial al Estado.
Además de Luque Chayña, fueron detenidos de manera preliminar John Martínez Molina (Jefe de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica), la conciliadora Liliana Larico Bermejo y el abogado Hans Larico Apaza. Entre tanto, falta ubicar y capturar al ciudadano extranjero identificado como Chen Junkun.
Las primeras investigaciones fiscales señalan que el gobernador regional habría acordado con el representante del consorcio la anulación de la carta a través de la cual se le comunicaba la aplicación de las penalidades, y que este acuerdo se habría logrado con el jefe de asesoría legal del gobierno regional, John Martínez Molina como representante del gobierno regional.
La conciliación extrajudicial se habría realizado en el Centro de Conciliación “Mediar Puno”, habría sido elaborada por la conciliadora extrajudicial Liliana Larico Bermejo y la legalidad del documento habría sido verificada por el abogado Hans Larico Apaza, todos ellos también imputados por los mismos delitos.
Además, la investigación presume que el acta de conciliación carecería de las formalidades establecidas en la ley y habría sido celebrada por el jefe de asesoría legal del gobierno regional con una delegación de facultades otorgada por el presidente regional, también de manera irregular.
La medida coercitiva, solicitada por el fiscal provincial, William Otazú Pinto, incluyó el allanamiento de varias sedes del gobierno regional.
El operativo fiscal contó con el apoyo de efectivos de la Dirección contra la Corrupción (DIRCOCOR) y de la Dirección de Inteligencia (DIRIN) de la Policía Nacional y fue supervisado por el coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, fiscal superior Omar Tello Rosales.
