Una institución de dudosa utilidad, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), que parece compañera del crimen debido a que no hace nada por frenar a las empresas de telecomunicaciones que venden chips incluso al por mayor a personas sin identificarse, ahora pide mayores facultades que ponen en riesgo la seguridad.
Y en ello ha avanzado por que la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso aprobó, el pasado 7 de noviembre, un dictamen que modifica la ley de desarrollo de las funciones y facultades del Osiptel, según ellos, para “fortalecer las facultades de decomiso de bienes vinculados a la infracción administrativa”.
El dictamen del proyecto de ley promovido por Norma Yarrow (Avanza País) establece también establece modificaciones con relación al tratamiento de datos personales “para fines de la fiscalización de los servicios públicos de telecomunicaciones”.
“Para el estricto cumplimiento de sus funciones y facultades de fiscalización, y en concordancia con el artículo 14 de la Ley 29733, Ley de Protección de datos personales, el Osiptel puede solicitar a las empresas operadoras, la remisión de información de datos personales relacionada a la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones”, dice el dictamen.
“Dicha información será remitida por las empresas operadoras a través de mecanismos informáticos automatizados, mediante canales seguros de comunicación, de acuerdo a los plazos y términos que defina el Osiptel, garantizándose el derecho fundamental a la protección de los datos personales”, indica.
Ello con una disposición legal que “exonere al Osiptel de requerir el consentimiento del titular de los datos personales, para los efectos de su tratamiento, cuando su tratamiento resulte imprescindible para efectuar su función de fiscalización, en el ámbito de las materias que son competencia de Osiptel”, añade el texto legislativo.
Sobre este dictamente PL 3752, Nicolás Zevallos Trigoso, criminólogo y exviceministro en Seguridad Pública del Mininter, consideró como un “enorme riesgo” para la ciudadanía que datos personales tan sensibles sean acumulados por una institución pública que podría ser vulnerada por redes criminales.
“»Estamos frente a una enorme amenaza del crimen organizado donde existen diversas vulnerabilidades a nuestra seguridad. Una de ellas tiene que ver con un enorme mercado de datos personales, un mercado negro de datos de usuarios que se filtran con mucha facilidad, y lamentablemente la fuente principal de estos datos es el Estado”, advirtió en Enfoque de los Sábados.
Incluyen dos artículos que implican un acceso irrestricto a la información personal y en tiempo real para Osiptel en cosas que nos competen como ciudadanos, alertó, y subrayó que “Osiptel es uno de los primeros que debería preocuparse de que ese tipo de información se filtre”, y por ello debe ser responsable de que ese acceso a información irrestricta no se consolide porque es un enorme riesgo para todos.
“Se dice que lo importante es la vulnerabilidad del sistema, que el software sea robusto para que no pueda ser vulnerado. Pero hay un elemento humano que es indispensable en ese factor que puede ser capturado por coacción o por dinero. Cuando ese elemento es vulnerable permite la posibilidad de acceder a un sistema que puede ser muy robusto, pero si se convence al sujeto (responsable), ese dato es accesible. Cuando el crimen organizado encuentra ese tipo de vulnerabilidades no escatima esfuerzos ni recursos para utilizarlo”, indicó.
“Puede que la norma tenga una intención de protegernos, pero está dejando dos franjas bien complicadas y críticas que, a la luz del contexto representan un gran peligro”, subrayó.
