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El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, anunció que el Consejo de Ministros debatirá hoy la propuesta del decreto legislativo que crea la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR), que implica una reforma estructural orientada a transformar el sistema penitenciario y el modelo de reinserción social juvenil en el país.
El ministro precisó que, tras su aprobación, el decreto legislativo establece un periodo de transferencia de 90 días, y que el funcionamiento pleno de la SUNIR se alcanzará, a más tardar, en junio de 2026. “Se trata de una decisión firme del Estado para recuperar el control de las cárceles y avanzar hacia un sistema más seguro, eficiente y orientado a la resocialización”, señaló en declaraciones a un medio de comunicación radial.
Explicó que la creación de la SUNIR supone la disolución del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y su reemplazo por una nueva entidad con una estructura moderna, especializada y con mayor capacidad de decisión, que unificará sus funciones con el Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ). Esta reforma busca restablecer el principio de autoridad en los establecimientos penitenciarios, fortalecer el sistema de reinserción social juvenil y reforzar la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.
“La reforma del sistema penitenciario y de reinserción social juvenil responde a un problema público claramente identificado: la persistencia de condiciones criminógenas que afectan a las personas privadas de libertad, a los adolescentes en conflicto con la ley y, en última instancia, a la seguridad ciudadana. Frente a ello, este Gobierno ha decidido impulsar una unificación estructural que permita al Estado recuperar el control y fortalecer los procesos de resocialización”, precisó el ministro de Justicia y Derechos Humanos.
Señaló que esta reforma se complementa con acciones operativas concretas para enfrentar las condiciones criminógenas en los establecimientos penitenciarios, entre ellas las requisas permanentes, la reclasificación y separación de internos según su nivel de peligrosidad, así como la descentralización de servicios estratégicos, como el Grupo de Operaciones Especiales (GOES).
Finalmente, el ministro destacó el fortalecimiento del control de las comunicaciones ilícitas desde los centros penitenciarios, mediante la ampliación del bloqueo de señales de telefonía celular y el trabajo articulado con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, orientado a detectar y erradicar antenas ilegales utilizadas para la comisión de delitos.
