Tras la publicación en el diario La República que dan cuenta del "robo de audios de BTR", que "estaban en poder de la jueza María Martínez", el Poder Judicial rechazó tales versiones en un comunicado.
Señalaron que desde la incautación de los bienes a la procesada Giselle Gianotti el 8 de enero del 2009 por parte del Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, estos se mantuvieron bajo la custodia de la Fiscalía correspondiente y que l día 13 de febrero del 2009 la Jueza Martínez solicita la entrega de los bienes incautados los que son entregados lacrados el 24 de febrero del 2009 por el Fiscal Walter Milla López.
Precisan que todo el material incautado a los procesados fue depositado así lacrado, inicialmente en la bóveda del Edificio Anselmo Barreto y posteriormente en la bóveda del Palacio Nacional de Justicia el 3 de abril del 2009 con la presencia de la ODICMA y de medios de prensa.
Manifiestan que en el Juzgado, existe un total de 7 cámaras de video que registran las ocurrencias 24 horas del día todos los días, donde puede verificarse que el 4 de mayo del 2009, durante las 24 horas de ese día, nadie ingresó al juzgado y menos a la bóveda que existe en tal juzgado. Del mismo modo, existen los cuadernos de registro de la seguridad del Palacio de Justicia y del propio Juzgado donde puede verificarse que no han existido visitas al Juzgado y menos a la bóveda, ni se han registrado ocurrencias en los cuadernos de seguridad del edificio, ni que hayan sido violentados alguno de los ingresos.
Ante la información periodística, que revela las ocurrencias en Audiencias reservadas del caso conocido como BTR, el 34° Juzgado Penal, que despacha la Jueza doctora María Martínez Gutiérrez ha dispuesto se remita copias certificadas de las piezas procesales correspondientes a la OCMA, al Órgano de Control de la Fiscalía y a la Inspectoría General de la PNP, es decir, a todas las instituciones que han tenido que ver con la custodia de los bienes incautados; y también a la Mesa de Partes Única de las Fiscalías Provinciales Penales de Lima para que actúen de acuerdo a sus atribuciones legales.
