El Poder Judicial (PJ) desestimó la solicitud fiscal de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra, a quien se le investiga por presuntos casos de corrupción que habrían ocurrido cuando fue gobernador regional de Moquegua, de 2011 a 2014.
A cargo del caso se encuentra el juez Víctor Alcocer, quien argumentó que no se verifica el “grado de intensidad” necesario para afirmar que hay elementos de convicción que justifiquen una prisión preventiva, aunque indicó que debe haber medidas cautelares, pero estas deben ser “menos gravosas”, dijo.
Vizcarra, quien fue Presidente de 2018 a 2020, es investigado por supuestamente haber perpetrado delito contra la administración pública, en la modalidad de cohecho pasivo propio, por supuestamente haber recibido 2,3 millones de soles en coimas de empresas constructoras a cambio de favorecerlas en las licitaciones para los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.
El magistrado, del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, señaló que el exmandatario cuenta con arraigo familiar y domiciliario, pero no tiene un vínculo laboral arraigado que le impida rehuir de la justicia.
Subrayó que para dictar el mandato de prisión preventiva, resulta necesario un grado de sospecha grave, algo que, apuntó, la Fiscalía no acreditó.
En cuanto a la solicitud de prisión del Ministerio Público, cuestionó que evidencie elementos “insuficientes” para concluir que hay probabilidad de fuga por parte del imputado.
En cuanto a otras restricciones, Alcócer ordenó comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país por seis meses, contados a partir del 5 de julio, contra el expresidente.
Además, Vizcarra debe cumplir por mandato judicial reglas de conductas para garantizar la presencia del acusado en este proceso: la obligación de no concurrir a sedes de embajadas, como embajadas; la prohibición de comunicación con personas vinculadas a representaciones diplomáticas; y el control biométrico mensual justificación de actividades cada 30 días.
La Fiscalía no estuvo conforme con la decisión judicial, por lo cual el fiscal provincial Germán Juárez Atoche, miembro del Equipo Especial Lava Jato, apeló la resolución judicial.
El Ministerio Público solicita al PJ imponer 15 años de prisión al exmandatario, nueve años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, y S/ 151,580 por concepto de días multa.
