Ministro reiteró que la deuda al Estado suma S/. 3,870 millones.
Dijo que preparan un programa para resocializar a internos.
El embargo y la «muerte civil» serán aplicados a los terroristas que en los próximos meses salgan en libertad después de cumplir sus condenas, y que no paguen la reparación civil impuesta por el daño causado al país y a la sociedad peruana, afirmó el ministro de Justicia, Juan Jiménez Mayor.
«Probablemente esto se inicie el próximo año, cuando los condenados por terrorismo, al cumplir sus sentencias, dejen la prisión. El Estado exigirá el pago de las reparaciones civiles, como corresponde», añadió.
Recordó que actualmente hay 3,870 millones de nuevos soles por concepto de reparaciones civiles no pagadas –solo para casos de terrorismo– y citó el caso del dirigente de un movimiento «que pretende hacer política en nuestro país» y que solo pagó 40 soles de una deuda de 30,000.
Ratificó que esa política también se aplica a los sentenciados por corrupción que no cancelan las reparaciones dispuestas por el Poder Judicial.
Menor reincidencia
Durante su presentación ante la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso, señaló también que su cartera elabora una serie de programas dirigidos a resocializar a los delincuentes primarios, que son recuperables. Sobre este tema, el ministro anunció que el Gobierno tiene como meta reducir al 15% el nivel de reincidencia delictiva en el Perú y lograr que más internos logren su resocialización hasta 2016.
Precisó que, actualmente, el 30% de internos vuelve a delinquir y retorna a los penales, lo que contribuye a que haya centros carcelarios sobrepoblados y hacinados.
Jiménez afirmó que en el contexto de la actual política penitenciaria se puso en marcha el programa piloto Construyendo Rutas de Esperanza y Oportunidad (Creo), que se ejecuta en el penal Piedras Gordas II.
Intentos desestabilizadores
En otro momento dijo que es necesario que el Estado y la Sociedad «cierren filas» contra los grupos de fachada de organizaciones criminales que buscan infiltrarse en ciertos sectores con el propósito de desestabilizar al país.
Aludió el caso del gremio magisterial, donde dirigentes que reivindican la ideología senderista, formaron el Comité Nacional de Reorientación y Reconstrucción del Sutep (Conare-Sutep) para infiltrarse en las escuelas y el sindicato de maestros.
Jiménez destacó la constitución de un grupo de trabajo para hacer frente al crimen organizado, que reúne a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Poder Judicial, la Policía Nacional, Registros Públicos, Sunat, entre otras instancias del Estado.
Sentido jurídico
El Poder Judicial aplica la ley al disponer embargos contra los sentenciados por delitos de corrupción que adeudan reparaciones civiles al Estado, afirmó el presidente de la Corte Suprema, César San Martín, al descartar cualquier otra motivación.
Explicó que los embargos, como el aplicado al condenado excongresista Alberto Kouri, son un procedimiento de ejecución de sentencia, y dijo que, en la eventualidad de existir errores, siempre pueden presentarse los recursos impugnatorios correspondientes. «Nuestras decisiones tienen un sentido jurídico y es un intento serio de aplicar la ley.»
Por su parte, el fiscal de la Nación, José Peláez, sostuvo que la lucha anticorrupción requiere de un esfuerzo colectivo de las instituciones, pues cualquier acción unilateral no tendrá el resultado esperado. Resaltó los convenios suscritos para desarrollar acciones conjuntas y enfrentar los delitos en la administración pública.
El Peruano, 19-07-2012
