La supervisión de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) debe ser más estricta en sus intervenciones, en la aplicación de sus sanciones y el registro en forma transparente del uso y el destino de la cooperación internacional a los organismos no gubernamentales en el país.
El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Alejandro Aguinaga Recuenco (FP), preguntó quiénes ejecutan los proyectos de reducción de la pobreza (28 millones de dólares); desigualdad de género (22 millones de dólares); justicia e instituciones sólidas (59 millones de dólares).
“El Perú pide más precisiones de lo que es la cooperación internacional, que no pase por aguas de malvas casi 500 millones de dólares al año. Desde esta comisión exigimos mayor precisión y más transparencia”, expresó al tiempo de preguntar las razones por las que solo se muestran 122 sanciones.
Un aspecto que llamó la atención del congresista Aguinaga Recuenco fue el hecho de que los organismos que reciben recursos no están obligados a registrar sus actividades, si éstos proceden de fuentes privadas. Y más aún, que el Tribunal Constitucional haya avalado esa condición.
Por su parte, el director ejecutivo de APCI, José Antonio Gonzales Norris, indicó que un 50 % de unos tres mil organismos no gubernamentales (ONG), de desarrollo (ONGD) y otros que reciben recursos de fuentes internacionales registran y dan cuenta de sus actividades. El resto, no.
El funcionario fue convocado por la comisión para informar sobre el trabajo de fiscalización que realiza la APCI a los recursos provenientes de la cooperación técnica internacional en el Perú; además de la marcha de la ejecución privada, fuentes cooperantes, entre otros aspectos.
Por su parte, la congresista Maricarmen Alva Prieto (NA) hizo hincapié en el hecho de que frente a la existencia de casi tres mil organismos que reciben donaciones en el Perú, solo se haya ejecutado 119 intervenciones, por parte de APCI.
Para el congresista Isaías Mita Alanoca (PL) no existen resultados a favor de los sectores más desfavorecidos, como la infancia, lo que implica que podría haber una falta de control del uso de los recursos.
Gonzales Norris informó que entre las entidades en el Perú que han ejecutado recursos en el 2022 se encuentran el Fondo Nacional para Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Fonanpe), la asociación civil Impacta Salud, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, Aldeas Infantiles; CEDRO, el Centro de Investigación Tecnológicas y Medioambientales, la asociación benéfica PRISMA y el Grupo de Análisis para el Desarrollo.
Indicó que existe una dirección y fiscalización que se encarga del monitoreo y seguimiento al uso de los recursos recibidos.
