El Proceso de Selección de Traductores Públicos Juramentados (TPJ) 2026, no es un concurso público, es una operación para impedir que profesionales independientes rompan el esquema de contrataciones millonarias que beneficia a una cúpula de 10 personas.
Personas carentes de las mejores calificaciones, por arte de magia, ascendieron a los primeros puestos y el hecho nefasto podría ser oficializado en cualquier momento, según rezan las bases del mismo concurso.
Caja chica millonaria
Se denuncia la existencia de un «cartel de traducción» que ha capturado las licitaciones del Estado (Ministerio Público, Poder Judicial, entre otras instituciones) mediante diferentes consorcios anticompetitivos ilegales, ejecutando una competencia desleal concentrada en el cargo de Traductor Público Juramentado, el mismo que pretende bloquear el ingreso a 9 traductores que no son afines a estas prácticas ilegales.
En la última década, un reducido grupo de 10 Traductores Públicos Juramentados ha facturado más de S/ 76’000,000 y llevan enquistados en la provisión de servicios de traducciones públicas juramentadas, aproximadamente 30 años, desde la primera denuncia ejercida contra este grupo durante el fujimorato.
Boqueo
Para perpetuar este esquema, el actual proceso de selección ha declarado desiertas el 85% de las plazas (en idiomas críticos como el portugués). Al no haber nuevos traductores oficiales, las instituciones públicas se ven obligadas a seguir contratando al mismo consorcio de siempre bajo la modalidad de «proveedor único» o «servicio especializado».
Todas las personas que han sido aprobadas en portugués, o ya son traductores públicos presuntamente amadrinados por la cabeza del monopolio, Mary Ann Monteagudo Medina, actualmente Vicedecana del Colegio de Traductores del Perú y parte del consejo nacional que ha formulado una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional en contra de las bases del proceso de selección en curso.
A pesar que su gestión como Decana, en el periodo 2022–2025, impulsó la promulgación de la ley vigente que ampara este proceso.
Entrevista de “concepto”
La herramienta para ejecutar esta purga ha sido la entrevista de “concepto. Con manifiesta e inaceptable arbitrariedad, 9 postulantes con calificaciones perfectas (notas de 20 y 19 en exámenes técnicos), han sido desaprobados abusivamente con 13 y 12 en una entrevista subjetiva de 5 minutos.
No dejan huella
Esta etapa carece de rúbricas, parámetros medibles publicados en las bases del proceso de selección y ha sido ocultada a los administrados, a pesar de haber solicitado todos los actuados, violando la Ley de Transparencia. Es, en esencia, un tribunal político para vetar a quienes no pertenecen a la «argolla».
¿Parentescos?
La sombra del nepotismo y el tráfico de influencias se cierne sobre la alta dirección del Ministerio de Relaciones Exteriores:
El embajador Félix Denegri Boza, vinculado históricamente a círculos de influencia fujimorista y mencionado en investigaciones fiscales (Caso Cócteles/Lavado de Activos), dirige un área de la institución, donde las evaluaciones subjetivas parecen ser la norma para el ascenso de favoritos.
Se detectó que en el último concurso de ascenso diplomático, Roland Denegri Aguirre (presuntamente sobrino del Vicecanciller), escaló drásticamente en el cuadro de mérito al puesto 6, gracias a este mismo método de evaluación subjetiva.
Misma maniobra
Este patrón de subir a los parientes o conocidos y jalar a los brillantes sugiere que el concurso de traductores estaría siendo manipulado bajo la misma lógica de negociación incompatible y tráfico de influencias.
Modus operandi
El control de la fe pública es estratégico para grupos de poder que buscan impunidad. ¿Quién tradujo los expedientes de Fujimori?, ¿Quién tradujo los expedientes de Odebretch/Lava Jato? ¿Quién trabajó en todos los casos emblemáticos como Toledo, PPK, etc.? La respuesta se cae de madura, este mismo monopolio de la traducción pública juramentada, también conocida como traducción oficial.
La presencia de personajes vinculados al entorno de Montesinos, en su tiempo, y de Keiko Fujimori, actualmente, en la toma de decisiones de Cancillería, garantizan que los traductores oficiales que manejan documentos de extradición y procesos judiciales internacionales (Lava Jato), respondan a sus intereses y no a la meritocracia.
Demanda urgente
–Declarar la nulidad total de la etapa de entrevista de concepto por flagrantes irregularidades expuesta.
–Intervención de la Fiscalía Anticorrupción para investigar el patrimonio de los miembros del comité de selección, el Vicecanciller Denegri y sus vínculos con el consorcio monopólico de los traductores millonarios y de arraigo añejo.
–Auditoría de cumplimiento sobre los vínculos familiares de la alta dirección en los recientes procesos de ascenso y selección.
28.04.2026
hcmujica@gmail.com
