El Ministerio Público (MP) solicitó 18 meses de impedimento de salida del país para José Luna Gálvez, congresista de Podemos Perú, debidoa a la investigación que se le realiza por la inscripción de su partido político en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), lapso que se calcula dure la etapa preparatoria del proceso penal.
A cargo del caso en el MP se encuentra la fiscal del tercer equipo de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada, Equipo 3, quien solicitó la medida contra diez investigados, entre ellos el actual legislador y su hijo, el excongresista José Luna Morales.
Según la Fiscalía Luna Gálvez operó junto a exfuncionarios del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y exasesores para capturar a la ONPE y manipular proceso de inscripción partidaria a través de una presunta red criminal que habría captado instituciones clave del sistema electoral y judicial.
En el caso hay otros ocho investigados, entre ellos José Cavassa, exasesor de la ONPE, y los exintegrantes del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM): Guido Águila, Iván Noguera, Orlando Velásquez y Herbert Marcelo.
A cargo del caso en el Poder Judicial (PJ) se encuentra el juez Jorge Chávez Tamariz, quien ha convocado a una audiencia presencial el próximo martes 22 de julio, a las 11:00 h, en la sede de la Corte Superior Nacional, en el Cercado de Lima, donde las partes procesales presentarán sus argumentos, y se espera que el magistrado emita su resolución poco después.
El pedido es parte del caso “Gánsters de la Política”, donde la Fiscalía investiga una supuesta organización criminal que habría operado para capturar la ONPE y el CNM, con el fin de beneficiar políticamente a determinadas agrupaciones. La red habría manipulado procesos internos de selección de autoridades y facilitado la inscripción de Podemos Perú mediante prácticas fraudulentas.
Luna Gálvez fue vinculado antes a otros casos emblemáticos. Actualmente enfrenta una investigación por presuntos aportes ilegales recibidos por el partido Solidaridad Nacional —del que también fue líder— por parte de las empresas constructoras brasileñas Odebrecht y OAS, dinero que habría sido destinados a las campañas electorales de 2011 y 2014, y forman parte del caso Lava Jato en Perú.
En el presente caso, la Fiscalía busca determinar si existió una estrategia coordinada desde el interior de los órganos electorales y judiciales para permitir el ingreso irregular de Podemos Perú al sistema político, mediante favores, contactos, y uso indebido de influencias. La figura de Cavassa es clave en esta trama, dado su historial en procesos similares relacionados con la ONPE.
El congresista continuará siendo investigado por el PJ en los casos Lava Jato, Los Cuellos Blancos del Puerto y Los Gánsteres de la Política. El pasado 28 de mayo, la Segunda Sala en lo Constitucional de Lima revocó una resolución de primera instancia que anulaba dichas pesquisas, lo cual deja sin efecto el habeas corpus que había sido presentado por el congresista y que fue declarado fundado por el PJ, por una presunta vulneración a su derecho al debido proceso.
Según la sentencia inicial, la Fiscalía no había solicitado el levantamiento del antejuicio al Congreso antes de iniciar las investigaciones, lo que, según el juez, vulneraba las garantías procesales de Luna. Sin embargo, la sala superior rechazó este argumento y restableció el curso de las indagaciones que involucran a Luna Gálvez en graves casos de presunta corrupción y organización criminal.
Tras el nuevo fallo, el congresista puede apelar ante el Tribunal Constitucional, sin que ello detenga las investigaciones fiscales. La resolución refuerza la posición del MP para avanzar en las diligencias por el supuesto papel de Luna en el copamiento de la ONPE, vínculos con empresas brasileñas y contactos con redes judiciales como Los Cuellos Blancos.
