Haciendo uso de su aplastante mayoría, con nocturnidad y sin fundamento jurídico alguno, la representación fujimorista en la Comisión Permanente del Congreso protegió ayer al vocal supremo César Hinostroza y a cuatro exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
Los libró de la acusación, planteada en el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de formar parte de la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”, el segundo caso de gran corrupción que afecta actualmente al país.
Voto por consigna
Votando en bloque y por clara consigna procedente, sin duda, de su jefa Keiko Fujimori, la representación de Fuerza Popular consiguió que la Comisión Permanente acuerde no acusar a Hinostroza, y a los exintegrantes del CNM, Guido Àguila, Julio Gutiérrez, Orlando Velásquez e Iván Noguera, por el delito de pertenecer a una organización criminal.
Cumplieron la orden contra la convicción ciudadana de que los denunciados son parte de una banda criminal, criterio cuya base es la divulgación pública de los graves actos ilícitos que cometieron y que resultaron grabados en audio y video autorizados por el Poder Judicial.
Contra todo
Con su decisión prevaricadora, los legisladores fujimoristas avasallaron también un informe del Ministerio Público sustentado en los llamados “CNM audios” y una vasta investigación complementaria de la Policía sobre los “Cuellos Blancos del Puerto”, que imputa a Hinostroza ser su cabecilla.
Esas indagaciones indican que Hinostroza actuaba con el apoyo de sus codenunciados del CNM, del actual fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, otros dos fiscales supremos y la red personal del expresidente de la Corte de Justicia del Callao, Walter Ríos, así como de empresarios privados y lobistas, quienes actualmente purgan prisión preventiva.
Pro criminalidad organizada
La criminalidad organizada es el cargo más grave que enfrentaban los denunciados. Además para el fujimorismo era de necesidad vital invalidar ese delito en los casos “CNM audios” y “Cuellos Blancos del Puerto”, porque en ellos también están involucrados el fiscal de la Nación Pedro Chávarry, quien alinea sin vergüenza alguna con Fuerza Popular y el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Héctor Becerril, hombre de suma confianza de la jefa de FP, Keiko Fujimori.
Hinostroza será acusado ante el pleno por los delitos de corrupción menos graves: tráfico de influencias, patrocinio ilegal y negociación incompatible, con recomendación de que sea destituido de su cargo de vocal supremo con inhabilitación por diez años para la función pública.
Al exconsejero CNM, Julio Gutiérrez, lo acusarán por el delito de cohecho pasivo específico y también recomendarán su inhabilitación por 10 años.
A Guido Águila, lo acusarán por el delito de patrocinio ilegal y también pedirán su inhabilitación por una década.
A Iván Noguera, solo lo procesarán por patrocinio ilegal.
A Orlando Velásquez solo lo acusarán por el delito de cohecho pasivo (soborno).
Amparo a Chávarry y Becerril
Definida la protección de la criminalidad organizada como política del fujimorismo-keikista, queda claro que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry Vallejos, y el fujimorista Héctor Becerril, también serán librados del delito de pertenecer a una organización y, es posible que de cualquier otra acusación, en el esquema del pacto informal, pero público, de protección recíproca entre Chávarry y Keiko Fujimori.
Chávarry está involucrado por actos comunes realizados con Hinostroza en la Academia de la Magistratura, en la cual desempeñaban los cargos de presidente y vicepresidente, respectivamente. También por haber ocultado deliberada y públicamente, una operación encubierta de prensa, planificada y ejecutada por Hinostroza, a fin de asegurar su ascenso al cargo de Chávarry. Esos actos, según el informe Sheput, sobre el caso, constituyen infracciones a la Carta Magna.
No obstante, el cargo más grave, como hemos anotado, proviene del propio Ministerio Público, uno de cuyos órganos de investigación imputa a Chávarry haber sido una de las extensiones de la banda “Los Cuellos Blancos del Puerto”, en la Fiscalía.
El jefe de la unidad de investigación policial de delitos de alta complejidad, declaró públicamente que, en el esquema de la pesquisa, Chávarry estaba considerado como el fiscal del fujimorismo, vinculado a los “Cuellos Blancos…”
Becerril
El caso de Becerril es también grave. Está acusado de violar varios artículos de la Carta Magna y de cometer presuntos delitos de corrupción, al haber tratado de imponer al consejero del CNM, Baltazar Morales que en la última elección de presidente de ese organismo, votase por otro de los integrantes, quien era el candidato del fujimorismo.
Como eso ocurrió con el patrocinio del exconsejero CNM Guido Aguila y en el domicilio de este, en febrero de este año, Aguila también está procesado en este caso.
Hay dos pruebas en contra de Becerril: una conversación telefónica grabada entre el consejero Morales y Aguila, en la que ambos aceptan que la reunión ocurrió y la confirmación pública, en conferencia de prensa, del propio Morales, acerca de que la cita corrupta efectivamente se realizó.
La vista de los informes de acusación constitucional contra ellos en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, también controlada por Fuerza Popular, fue pospuesta sin fecha precisa, so pretexto de la aprobación urgente de las reformas políticas solicitadas por el Ejecutivo.
Descrédito seguro
Esta conducta de Fuerza Popular desmiente en los hechos y sin lugar a dudas, la reciente proclama de Keiko Fujimori de que es toda una luchadora contra la corrupción y que, por eso, soporta un gran descrédito popular. Es probable que su rechazo ciudadano aumente.
Elmer Olórtegui
