Uno de los casos es el de José Eustaquio Lavado Ciudad, actualmente a cargo de la Gerencia Regional de Control de Moquegua. De acuerdo con la Resolución N.º 002558-2022-SERVIR/TSC-Segunda Sala, se declaró infundado su recurso de apelación y se confirmó una sanción de suspensión por sesenta días sin goce de remuneraciones, dentro del régimen disciplinario del Decreto Legislativo N.º 728.

El expediente 3420-2022-SERVIR/TSC estableció que la falta imputada quedó acreditada, ratificando resoluciones emitidas por la Gerencia de Capital Humano de la propia Contraloría.

Perlas del cuestionado

Dentro de los cuestionamientos al flamante gerente resalta su pasado como dirigente sindical del SINTRACGR, lo que le habría valido la designación actual; a la vez persisten observaciones a su desempeño profesional y referencias a su participación como perito auditor junto al CPC Eliseo Alva Flores, incluso en un proceso visto por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema (Recurso de Nulidad N.º 162-2020 Santa), donde -según el documento- el tiempo transcurrido, impidió precisar la documentación revisada.

A pesar de este historial administrativo y de desempeño, Lavado Ciudad fue promovido a un cargo gerencial con capacidad directa de decisión sobre acciones de control.

Otro réprobo

Pero el patrón se repite. A esta designación se suma la de Mariano Mucha Paitán, hoy responsable de la Gerencia Regional de Control de Amazonas. En su caso, la Resolución N.º 02209-2016-SERVIR/TSC-Primera Sala confirmó una suspensión por treinta días sin goce de remuneraciones, luego de declararse infundado su recurso de apelación dentro del expediente 1832-2016-SERVIR/TSC.

Según la resolución, Mucha Paitán -cuando ejercía funciones como jefe de OCI- fue sancionado administrativamente por aprovecharse del cargo, acreditándose la comisión de la falta imputada y confirmándose el acto administrativo emitido por la Gerencia del Departamento de Personal de la Contraloría.

Sobre este personaje existieron cuestionamientos previos en el ámbito penal (del cual fue absuelto), así como referencias a prácticas de presión interna y a una condena administrativa relacionada con descuentos indebidos al personal contratado; lo que resalta en este funcionario es haber pertenecido hasta hace unas semanas a la dirigencia del SINTRACGR como subsecretario general.

Premiados

Pese a estos antecedentes disciplinarios firmes, ambos funcionarios fueron colocados en posiciones estratégicas dentro del sistema nacional de control. Para especialistas en gestión pública, esto evidencia un problema estructural: perfiles con sanciones administrativas confirmadas terminan siendo promovidos, debilitando la meritocracia y erosionando la credibilidad de la principal entidad fiscalizadora del país.

¡Sin respuestas!

Estas designaciones ocurren en un momento especialmente sensible. Mientras los medios informan sobre presuntas irregularidades en procesos de compra vinculados al entorno del presidente Jerí y sobre contratos estatales de alto valor -incluidos aquellos con empresas extranjeras, entre ellas consorcios chinos- la Contraloría aparece sin respuestas contundentes ni acciones visibles que tranquilicen a la ciudadanía.

Gatos de despenseros

La pregunta se impone: ¿qué nivel de control real puede esperarse, cuando quienes deben fiscalizar, arrastran sanciones administrativas y observaciones previas? Para analistas del sector público, la respuesta es inquietante. Cuando el aparato de control se puebla de cuadros cuestionados, el sistema se vuelve frágil desde adentro y la fiscalización pierde fuerza frente a intereses políticos y redes internas.

Vulgar toma y daca

Diversas voces dentro y fuera de la institución, advierten que el control gubernamental estaría siendo utilizado como moneda de cambio: cargos gerenciales entregados como retribución a lealtades, silencios o alineamientos, mientras los grandes procesos de contratación avanzan sin la vigilancia que el país exige.

Gravísima crisis

Más allá de nombres propios, lo que queda expuesto es una crisis profunda de gobernanza. La entidad llamada a proteger el dinero de todos los peruanos enfrenta hoy serios cuestionamientos sobre sus propios filtros internos, sus criterios de designación y su voluntad real de enfrentar prácticas irregulares en los más altos niveles del Estado.

Frente a este escenario, crece el reclamo por una auditoría integral de las designaciones gerenciales, la publicación transparente de los criterios de selección y una revisión exhaustiva de todos los expedientes disciplinarios de quienes ocupan cargos estratégicos.

Porque las personas pasan, pero las instituciones quedan. Y hoy la Contraloría General de la República se encuentra ante una prueba histórica: o recupera su dignidad, independencia y autoridad moral, o termina confirmando la peor sospecha ciudadana, aquella que señala que el control del Estado ha sido reducido a una herramienta para el pago de favores.