Para favorecer a inversiones mineras sin el consentimiento de las comunidades, el gobierno humalista está borrando el registro de diversas comunidades, pues la legislación internacional obliga al Estado al permiso de éstas para la realización de inversiones en sus terrenos.
Salvo excepciones, gran parte de mineras formales e informales incumplen las normas de respeto al ambiente, por lo cual las comunidades se encuentran en mayor alerta ante las invasiones de empresas, pero este gobierno, que dice ser de inclusión, excluye de sus derechos a las comunidades para favorecer a los lobbies que buscan burlar las leyes peruanas.
Sobre esta materia, el periodista Hernán de la Cruz Enciso lanza una alerta:
Pueblos kechwas colgando de un hilo
Por Hernán de la Cruz Enciso (*)
En los últimos quinientos años, desde la llegada de los Pizarros, las comunidades kechwas sobrevivieron, como a la peste, a sucesivas condenas de muerte. Durante las mitas mineras, los varones de los ayllus terminaron en los profundos socavones y las mujeres en la cama de los encomenderos. Toledo pondría fin a los ayllus para fundar las, así llamadas, reducciones, centros poblados que en la mayoría de los casos se fundaron con nombres españoles. Sin embargo, muchos de esos centros poblados continuaron llamándose ayllus o comunidades indígenas y mantuvieron su estructura social. Tiempo después esas tierras pasarían a manos de los hacendados y posteriormente se llamarían comunidades, con cierta autonomía en la administración de la tierra.
Así llegamos a los tiempos actuales, en que un japonés decidió acabar con ellas con el control de la natalidad, para que no nazcan “más indios”. Otro presidente los llamó “perros del hortelano”, aunque recibió después una buena lección a manos de los amazónicos. Después llegaría un soldado que decidió acabar con las comunidades kechwas borrándolas de la base de datos, para que las mafias internacionales de la minería puedan acabar con los ríos y con los cerros y con los pueblos. Un hombre sin imaginación para encaminar por la vía de la industrialización a un país sumamente rico y sin reflejos para poner coto a la soberbia de los dueños del país, se muestra sumamente valiente a la hora de borrar del mapa a aquellas comunidades que, a fuerza de resistencias pasivas y armadas, llegaron incólumes hasta nuestros días.
El Viceministerio de Interculturalidad ha contabilizado 3.532 pueblos kechwas (http://pueblosindigenas.ojo-publico.com/), ubicadas principalmente en los departamentos de Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Apurímac y Puno, pero el soldado que llegó al grado de comandante solo por matar peruanos, ha dicho que “no se trata de tener a medio Perú con comunidades… la base de datos está en revisión”. Es decir, mientras usted lee esta nota, los agentes del gobierno vienen borrando de la lista de las comunidades kechwas a muchas de ellas para evitar consultas previas y facilitar el ingreso ilegal de las mafias de la minería. Ya han borrado de la base de datos a dos comunidades aimaras en Moquegua (Aruntaya) y Puno (Huacochullo): ambas tienen proyectos mineros (Cleo de Aruntani y Maycol B de Inversiones Troy) aprobados por Energía y Minas sin consulta previa. Es una alerta para todas las comunidades indígenas, pues si no quieren desaparecer como tales, deben actualizar de inmediato sus datos en el Viceministerio de Interculturalidad.
(*) Escritor y periodista.
