Ante la apertura de investigación iniciada por la fiscal de la Nación Patricia Benavidesa ña Junta Nacional de Justicia (JNJ) por presuntas presiones realizadas por parte de sus miembros a magistrados del Poder Judicial para pronunciarse en favor de la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos, la JNJ rechazó la existencia de dichas presiones.
En un comunicado sobre una nueva denuncia constitucional presentada el lunes último en el Congreso de la República por la congresista Patricia Chirinos contra tres miembros de la JNJ, de el Pleno de este organismo constitucional autónomo expresó que ·Ninguno de los miembros del Pleno de la JNJ ha sostenido conversación con el presidente del Poder Judicial o ha ejercido presión para promover una posición favorable a la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos. Tampoco ha ocurrido ello respecto de algún otro integrante de la Corte Suprema de Justicia. La JNJ respeta plenamente la separación de poderes propia de nuestro ordenamiento constitucional y defiende la independencia de los jueces y fiscales del país”.
Calificó de falsas las versiones sobre tales presiones. “Condenamos que, en base a afirmaciones falsas de una fuente no identificada, publicadas en dos medios de comunicación, que no han cumplido con el rigor periodístico de verificar su autenticidad, una legisladora construya argumentos para denunciar constitucionalmente a tres miembros de esta JNJ por los delitos de patrocinio ilegal, abuso de autoridad, tráfico de influencia, aprovechamiento indebido del cargo e infracción constitucional, solicitando se les destituya e inhabilite de la función pública por 10 años”, indican.
Recordaron, en su comunicado difundido este miércoles 12, que la JNJ tiene la facultad de nombramiento, ratificación y control disciplinario de todos los jueces y fiscales del país, entre los cuales algunos integran el Jurado Nacional de Elecciones y los jurados especiales electorales constituidos para cada proceso electoral o consulta popular. Similar facultad tiene respecto de los titulares de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Al respecto, la JNJ llama la atención sobre hechos que no parecen ser fortuitos, sino responder a objetivos que buscan afectar sus funciones constitucionales y, con ello, la institucionalidad del país.
