Las resoluciones de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que reponen a Patricia Benavides en el cargo de Fiscal de la Nación, así como al destituido Tomás Aladino Gálvez Villegas, es ilegal por ser contrarias a la Constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Público, debido a que con ello la JNJ usurpa las funciones de la Junta de Fiscales Supremos, lo cual es alarmante, porque podría cometer las mismas barbaridades desconociendo a las autoridades del Poder Judicial.
Un informe de La República señala que Tomás Aladino Gálvez Villegas y Patricia Benavides Vargas se han convertido en instrumentos para destruir y copar la Junta de Fiscales Supremos (JFS) y la Fiscalía de la Nación, según fuentes judiciales, al reponer a Benavides en el cargo de fiscal de la Nación, violando la Constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Público (MP).
El diario explica que la Constitución y la Ley señalan que el máximo órgano de gobierno del Ministerio Público es la (JFS), integrada por los fiscales supremos titulares. El Fiscal de la Nación es elegido por la JFS, entre sus miembros, por tres años, prorrogables por reelección sólo por dos años más.
Ninguna norma legal y constitucional otorga a la JNJ la facultad para elegir o destituir a un fiscal de la Nación. La JNJ destituyó a Benavides del cargo de fiscal suprema titular y “lo máximo que puede hacer es reponerla en dicho cargo”, indica. Fue la JFS)la que declaró la vacancia del cargo de fiscal de la Nación y nombró a su reemplazo y desde entonces pasaron dos elecciones. Dicho cargo se designa por votación (democracia interna restringida o entre pares, sólo votan los fiscales supremos titulares) la JNJ no es juez constitucional y no puede “reponer las cosas al estado anterior”, señala el abogado Carlos Caro Coria, al igual que otros abogados.
El abogado César Azabache precisa que JNJ “se ha adjudicado competencias que no le corresponden. Está pretendiendo decidir quién ocupa la Fiscalía de la Nación y eso es algo que no puede hacer ni siquiera imaginando, como ha hecho una retrotracción mecánica que quiere hacer volver el tiempo atrás”, usando la nulidad. Pero, hace años que “la nulidad no es un artículo mágico para retornar al pasado. Por vía de nulidad no es admisible que un organismo pretenda modificar situaciones que están fuera de su alcance”.
Tomás Gálvez
El 13 de junio, la JNJ comunicó que había rehabilitado el título de fiscal supremo titular de Gálvez Villegas, y borrado de su legajo personal la sanción de destitución impuesta el 23 de abril de 2021, en cumplimiento de la sentencia de Amparo, que el Tribunal Constitucional (TC) dictó a favor de Gálvez, el 28 de abril de 2025, y que está en ejecución, a pedido del 10.° Juzgado Constitucional de Lima. Tomás Gálvez está legalmente habilitado para reincorporarse al MP.
Con Benavides es distinto. El caso de Tomás Gálvez presionó a la JNJ para resolver la situación Benavides, pues a fines de mayo solo había una vacante presupuestada de fiscal supremo titular.
Esa vacante será ocupada por Gálvez, con lo cual Benavides no tendría despacho al que regresar. La (JFS) está compuesta por seis fiscales supremos titulares. Pero en agosto de 2022, Benavides trasladó el presupuesto de una de esas seis plazas para pagar el sueldo de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público (ANC-MP).
Lo hizo por dos motivos: uno cumplir con la puesta en marcha de la ANC-MP, conforme a su ley de creación, sin crear más gasto en el presupuesto público. Dos, evitar que Delia Espinoza se reincorpore a la Junta de Fiscales Supremos y que acepte ser enviada al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), plaza que sí tiene presupuesto.
Con Gálvez repuesto, el 9 de junio, la JNJ cambió la segunda destitución de Patricia Benavides, por una sanción menor de suspensión por 60 días, a la vez que aceleró la revisión de la primera destitución, la de mayo de 2024. Esta segunda destitución es la que se ha resuelto el 13 de junio.
La JNJ pretende retroceder en el tiempo al 6 de diciembre de 2023, cuando Benavides era fiscal de la Nación y Espinoza representante del MP en el JNE, retroceso imposible. Además, el 3 de junio último, la fiscal de la Nación aprobó la conversión de la Primera y Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, en despachos permanentes, con todo su personal fiscal y administrativo, así, hoy hay ocho plazas para fiscales supremos titulares, siete con presupuesto propio y una sin presupuesto. De esas plazas, cuatro están ocupadas por Delia Espinoza Valenzuela, Pablo Sánchez Velarde, Zoraida Ávalos Rivera y Juan Carlos Villena Campana. A este grupo, a partir del lunes, se integrará Tomás Gálvez.
Patricia Benavides podría ocupar una de las nuevas plazas vacantes, pero son los despachos ac cargo de las investigaciones contra ella o de personajes de su entorno, pero para el despacho de la fiscalía de la Nación sólo tiene atribuciones la JFS.
Además, Benavides fue elegida en mayo de 2022 por tres años desde el 1 de julio de 2022 al 1 de julio de 2025, es decir, de querer imponerse la inconstitucional reposición, estaría en el cargo sólo una quincena.
En la administración pública no se instala a una autoridad y se retira a otra, debe haber un periodo de transferencia de cargo. Los 15 días que restan no alcanzan para que Benavides vuelva a ser fiscal de la Nación. Si esto, llegara a suceder, la JFS, antes del 1 de julio de 2025, tendría que elegir un nuevo fiscal de la Nación.
Si la JNJ pretende reconocer a Benavides el tiempo que estuvo fuera, ello también excede sus facultades. Esa interpretación tendría que realizarla la JFS y ya no hay tiempo, es un imposible jurídico.
Ante esta situación, según diversas fuentes, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza estaría convocando a una Junta de Fiscales Supremos extraordinaria la próxima semana. Algunas fuentes hablan del lunes, 16 de junio próximo para evaluar la situación generada por las últimas decisiones de la JNJ: la restitución de Tomás Gálvez y el regreso de Patricia Benavides.
La Junta de Fiscales Supremos no puede renunciar a sus deberes y derechos, pues eso supondría someterse a la JNJ y renunciar a la defensa de su independencia y autonomía. En una situación como esta el Ministerio Público pierde, pero también el país pues lo que está detrás son las investigaciones al actual poder, graves violaciones a los derechos humanos y la independencia frente a las elecciones generales del 2026.
