La muerte de un dictador

Una década infame 1990 al 2000

Jorge Manco Zaconetti

Para los historiadores tradicionales tendrían que pasar cincuenta años para estudiar, evaluar, analizar sin apasionamientos el régimen de Alberto Fujimori, creo que ello es un error; la muerte no libera de culpa de los latrocinios, corrupción y violación de los derechos humanos a un gobierno que tuvo que llevar a cabo el Golpe de 5 Abril de 1992 para imponer por la fuerza las reformas políticas y económicas que todavía dominan al país.

En términos históricos y políticos el fujimorismo en su origen es hijo del desastre económico del primer gobierno aprista de Alan García Pérez 1986/1990. Prueba de ello es el apoyo que recibió Fujimori como candidato de parte del gobierno saliente ante el surgimiento del escritor Mario Vargas Llosa, como el candidato de la derecha liberal-conservadora, con su movimiento  Libertad que encandiló a las clases medias empobrecidas por la hiperinflación. Se imaginan al periodista César Hildebrant con su vincha del Movimiento Libertad en los mítines del escritor

de la derecha conservadora.

El desastre económico que se expresaba en una hiperinflación galopante, crecimiento negativo donde entre 1988 al 1990 el PBI, el valor de la producción se derrumbó en más del 20%, con una recaudación fiscal que representaba el 4 % del PBI, y un terrorismo creciente que cuestionaba el poder del Estado peruano, sobre todo de parte de Sendero  Luminoso que cercaba las ciudades con cochebombas y asesinatos selectivos.

Por ello, el “Chino”, un exrector de la Universidad  Nacional Agraria, con su lema de “honestidad, disciplina y trabajo” terminó convirtiéndose en el régimen más corrupto de la historia republicana. Esta tesis que la sostiene el académico e historiador peruano Alfonso Quiroz en su libro de lectura obligatoria “Historia de la Corrupción” significó por lo menos el 5 % anual del PBI en diversas formas de corrupción, como el costo económico, desde la privatización de las empresas públicas, la compra de armamento, los pagos de deuda externa, la compra de los medios de comunicación entre otras modalidades.

En la segunda vuelta de las elecciones de 1990 entre el candidato favorito Vargas Llosa y el desconocido Fujimori, el electorado aprista, y de las diversas fracciones de la izquierda decidió su voto por el Chino que ofrecía un programa reformista, gradualista, en defensa de las empresas públicas, con programas sociales a favor de los más pobres, entre otras cuestiones que publicitaba gracias a su programa del Canal 7, donde durante tres años Fujimori entrevistaba a los expertos de los diversos sectores, sobre lo que se debía hacer en el Perú.

Como se recordará el mismo Chino decía como criollazo de Barrios Altos, “metió la yuca a sus electores”, es decir los engañó, dejando de lado su programa original de gobierno adoptando las reformas económicas y políticas que prometía hacer el frustrado Vargas Llosa, que dolido por ser derrotado por un ilustre desconocido de origen japonés, escribió un libro de lectura obligatoria como es “El Pez en el Agua”, que constituye un testimonio histórico y también de los odios del escritor, pero que pinta de cuerpo entero el oportunismo de las diversas fracciones de la derecha peruana, elitista, conservadora, limeña que se reproduce de espaldas de la mayorías del país.

A mi criterio, una de las consecuencias más importantes del régimen de Fujimori y su “alter ego”, Vladimiro Montesinos, es haber profundizado al extremo lo que los economistas norteamericanos Acemoglu y Robinson, libres de toda sospecha marxista o socialista, pues uno es profesor de Harvard y el otro del Instituto de Massachusetts, donde se forma la clase dirigente, empresarial y política del imperio norteamericano.

En su libro clásico ¿Por qué fracasan los países?, que trata sobre los orígenes de la pobreza y prosperidad, el Perú sería el típico caso de ser un país de instituciones políticas y económicas extractivistas, que en síntesis significa que una minoría privilegiada, elite, clase dominante extrae recursos de las mayorías mediante una serie de mecanismos, concentrando la riqueza a costa de la pobreza de las mayorías.

En nuestro caso, la mayoría de los peruanos estamos pagando las consecuencias de la más importante reforma económica que se impuso mediante la fuerza: la privatización de las empresas públicas a precio de remate.

Esta privatización de las empresas estatales significó una transferencia de riqueza desde el Estado hacia las empresas privadas sobre todo Grupos de Poder Económicos y transnacionales en sectores claves como la minería, los hidrocarburos, la energía, el gas, la pesca, acero por mencionar algunas.

LOS COSTOS DE LA PRIVATIZACIÓN

En tal sentido no se puede entender la actual crisis de PetroPerú sin asumir las consecuencias de la privatización, en especial la privatización de rentables lotes de hidrocarburos que permitieron la valorización, entiéndase enriquecimiento de empresas privadas como el Grupo Graña y Montero, Vera Gutiérrez, Pluspetrol, Repsol, Hunt Oil, Sk de Corea por mencionar algunas.

Sirva de ejemplo el valor de las compras de petróleo que tuvo que hacer la Refinería de Talara de PetroPerú entre 1994 al 2023, para producir derivados, recomprando el petróleo que antes le pertenecía de los diversos lotes de las Operaciones Noroeste y Zócalo Continental.

A PetroPerú se le obligó a transferir rentables lotes de hidrocarburos y recomprar el petróleo que antes le pertenecía por un valor de US $ 13,923 millones en el período mencionado. Estos egresos para PetroPerú significaban ingresos para las empresas privadas, deducidos los gastos de regalías que se transfieren al fisco. Esta suma es más del doble al costo de la Nueva Refinería de Talara (US $ 6,500 millones), y de esto la Derecha Bruta y Achorada (DBA) con sus espadachines a sueldo no dice nada.

Es más, las empresas beneficiadas con la privatización de los lotes petroleros que pertenecieron a PetroPerú no realizaron inversiones de riesgo, sino que aprovecharon las reservas probadas, probables, posibles que dejó la petrolera estatal en Talara.

Otro caso perverso de la privatización en la era del fujimorismo fue la privatización de la Refinería de La Pampilla, la unidad más moderna que tenía PetroPerú hasta 1996, y que ahora se

ha convertida en la principal competencia de la petrolera estatal pues para 2023 la Refinería La Pampilla controlada por la transnacional Repsol de España, explica más del 40 % de participación en el mercado de combustibles del país, y tiene en propiedad 589 grifos de los 4,500 existentes, es decir tiene estaciones de expendio de combustibles, gasolinas, diésel 2, GLP etc. que PetroPerú fue obligado a rematar en 1992.

Gracias a una cuestionada e irracional privatización de PetroPerú, la moderna Refinería de la Pampilla fue vendida a una precio de US$ de 180.5 millones de dólares en junio del 1996 por el 60 % de sus acciones, incluyendo en su precio US $ 38 millones de dólares en depreciados papeles de la deuda externa peruana, que fueron reconocidos por el Estado al 100 % de su valor; con el agravante que los compromisos de inversión fueron mínimos US$150 millones en tres años, una bicoca para la época.

Entre 1997 a 2023 los ingresos acumulados de la Refinería La Pampilla Repsol han sido de US $ 69,583 millones de dólares, que en última han sido financiados por los consumidores y empresas del país, en los precios de los combustibles.

En verdad, la muerte del dictador no lo libera de los crímenes políticos y económicos cometidos por un presidente que fugó del país y renunció a la Presidencia de la República vía fax, para luego reconocer su ciudadanía japonesa y pretender postular a la Dieta (Parlamento) del país nipón.

A diferencia de otro dictador como Augusto B. Leguía, que gobernó once años, en un régimen también corrupto, y terminó sus días en la cárcel, creo que fue un acierto que el Tribunal

Constitucional dispusiera por razones humanitarias la libertad de Alberto Fujimori. Por lo menos murió rodeado de su familia.

Diario Uno, 14.09.2024